La violencia feminicida es innegable que existe en la Ciudad de México, sin embargo las autoridades lo niegan. Una prueba de ello es la resistencia a reconocer la necesidad de la activación de la Alerta de Violencia de Género.
Ante el incremento del feminicidio, desaparición en modalidad de trata de personas y violencia sexual en la Ciudad de México, las organizaciones Justicia Pro Persona A.C y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria realizaron el 7 de septiembre de 2017 la solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género ante la Secretaría de Gobernación.
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Seis meses después, el 2 de marzo de 2018 la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres (CONAVIM) notificó al jefe de gobierno seis medidas de carácter urgente y el 26 de marzo se presentó el informe del grupo de trabajo de la Alerta en el que se realizó un diagnóstico y recomendaciones para prevenir atender sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
“Sin embargo las organizaciones solicitantes de la alerta de género consideramos que tanto las medidas como las recomendaciones no responden de manera efectiva a la dimensión del problema del feminicidio, la desaparición-trata y la violencia sexual, siendo estas problemáticas las que motivaron la solicitud”.
Denunciaron que en el informe no se establecer indicadores efectivos de proceso resultado impacto idóneos y mucho menos se observa su implementación de manera inmediata y efectiva.
Nahyeli Ortiz Quintero, directora general de Justicia Pro Persona aseguró que la violencia feminicida existe en la Ciudad de México y si bien la alerta de género es un mecanismo jurídico cuyo trasfondo es visibilizar esa problemática, lo que se requiere son prácticas y acciones para el gobierno capitalino, en especial a la Procuraduría General de Justicia de la CDMX y Tribunal Superior de Justicia, así como a la ciudadanía.
Explicó que en este camino de la solicitud de la Alerta, las autoridades han tenido una interpretación de las leyes y reglamentos a modo.
“Se ha interpretado el reglamento en un sentido restrictivo, violatorio al principio pro persona. Esta indebida interpretación nos ha llevado a tener un informe y unas medidas con poco alcance”.
Señaló que hasta el momento no se tiene claro que hará el gobierno capitalino saliente para cumplir de forma puntual con las medidas urgentes y las recomendaciones del informe.
A pesar de que en la Ciudad de México lleva seis años con un tipo penal de feminicidio autónomo, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) ha documentado que existen fuertes resistencias por parte de las autoridades, tanto para iniciar las investigaciones desde la hipótesis de feminicidio como para considerar acreditadas las razones de género durante el desarrollo de las investigaciones.
“Ante ello, como organizaciones defensoras de los derechos humanos, exigimos a las autoridades del gobierno federal y gobierno capitalino a dimensionar y atender de manera urgente la violencia feminicida en la CDMX, se contemplen y tomen acciones específicas para cada una de las problemáticas denunciadas en la solicitud de alerta de género”.
Además de que exista una coordinación institucional que ponderé la vida de las mujeres frente a mecanismos burocráticos que revictimizan y no las atiende de manera efectiva.
En el caso del feminicidio, expresión más violenta de odio contra las mujeres, el OCNF, organización que acompaña el proceso de solicitud de la alerta, documentó en la ciudad de 2014 a 2017, con datos oficiales, el asesinato de 677 mujeres, de los cuales 482 fueron homicidios dolosos y 195 fueron investigados como feminicidios, es decir el 29 por ciento.
fmma