El Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU emitió su informe sobre la visita que hizo a México en diciembre de 2016, en el cual reconoce algunos avances legislativos para la prevención de la tortura, pero reiteró que esta violación a los derechos humanos es una práctica generalizada, tal como lo han señalado otros mecanismos internacionales.
Las siete claves del informe de ONU sobre la tortura en México
Y afirma que la impunidad ante estas violaciones “es casi absoluta”.
Al respecto, Lucía Chávez, directora de investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, explicó que tuvieron que solicitar el informe a la Cancillería mexicana a través del Sistema Nacional de Transparencia, debido a que la dependencia no lo había hecho público a pesar de que le fue entregado desde diciembre del año pasado.
El gobierno de México lo mantuvo en reserva durante cuatro meses.
La sociedad civil forzó a que dicha institución hiciera público el documento mediante una solicitud de acceso a la información”.
De acuerdo con el Subcomité, se confirmó que la impunidad, casi absoluta, que prevalece en los casos de tortura, fomenta su repetición. El organismo resaltó que la falta de independencia de los servicios forenses de las procuradurías se traduce en el encubrimiento de actos de tortura.
Los integrantes del organismo documentaron que muchas personas privadas de la libertad no denuncian la tortura y malos tratos por temor a represalias.
El Subcomité señaló su preocupación por “distintas formas de corrupción y connivencia entre grupos de criminalidad compleja y las autoridades y personal de los penales”.
El organismo de la ONU identificó que la tortura es comúnmente aplicada durante el arresto, traslado, ingreso a lugares de detención e interrogatorios, con el fin de que las víctimas hagan declaraciones auto-incriminatorias o incluso para obligarlas a firmar hojas en blanco.
A decir de Lucía Chávez, las condiciones prevalecientes en los penales y en los centros de detención migratoria vienen a agravar los hallazgos que el subcomité ya había reportado en su anterior informe en 2010.
En ocho años no sólo no ha habido avances sino que tenemos retrocesos importantes. Además de la situación de los presos, a las mujeres que se encuentran en las instalaciones migratorias se les amenaza con quitarles a sus hijos si no logran que dejen de llorar”.
El Subcomité verificó también condiciones de hacinamiento en estaciones migratorias y que no se suministra información a las personas migrantes sobre la detención. Señaló que los funcionarios de migración no asisten a las personas migrantes, por ejemplo para contactar a sus familias o para que puedan regresar a su país de origen.
El subcomité constató “preocupantes actos de amenazas que afectan particularmente a las mujeres madres e hijos que permanecen en esos lugares de detención”.
En el informe se señala como responsables de la tortura a funcionarios públicos de diferentes dependencias: agentes de la policía (federal, estatal y municipal), de migración e integrantes de las Fuerzas Armadas.
El subcomité se dijo particularmente preocupado por la situación de niños, niñas y adolescentes privados de libertad, ya que documentó actos de tortura física, hacinamiento, falta de actividades y acceso al aire libre y otros.
Por otra parte, el Subcomité expresó especial preocupación por la situación de "personas con condiciones de salud mental", mencionando casos de personas en centros de reclusión que llevan años en aislamiento en condiciones infrahumanas y sin recibir atención especializada.
En cuanto a personas internadas en instituciones psiquiátricas, el Subcomité expresó preocupación por la aplicación de tratamientos con el consentimiento de la familia, en vez del consentimiento de la persona.
Entre las recomendaciones del SPT al Estado mexicano se encuentra la eliminación de la figura del arraigo, el fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), por ejemplo, para establecer mecanismos para iniciar quejas o denuncias que deriven de los casos individuales que documenta.
El Subcomité también observó la necesidad de que el MNPT interactúe con diversas autoridades, entre otras, las instituciones judiciales para que éstas desarrollen acciones de prevención y sanción de la tortura.
jamp