Hidalgo (La Silla Rota).- Para no interferir en investigaciones sobre un posible esquema de simulación de servicios y subcontratación de empresas irregulares para desviar recursos federales, tres rectores de universidades públicas de Hidalgo fueron separados de sus cargos, confirmó la Secretaría de Educación Pública del estado (SEPH).
Esta mañana presentó su renuncia a la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo (UPMH) Gerardo Marcelino Lara Orozco, para facilitar las pesquisas de la Auditoría Superior de Hidalgo por observaciones administrativas en su gestión como rector de la Universidad Tecnológica de Tulancingo en 2014.
El ente fiscalizador identificó un posible uso indebido de 93 millones 532 mil 592 pesos, a través de subcontratación de empresas.
El modo de operación, especificó el auditor local Armando Roldán Pimentel al entregar el informe de la cuenta pública 2016 a la Comisión Inspectora del Congreso local, el 28 de febrero, fue a través de un convenio multianual para el periodo 2015-2016, firmado con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste). El dinero, sin embargo, fue triangulado con particulares, quienes supuestamente realizaron trabajos que no refirió.
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Al ser recursos federales, explicó, notificaron a Secretaría de la Función Pública (SFP) para que inicie un procedimiento de investigación y, posiblemente sancionador, contra los involucrados.
Al igual que Lara Orozco, Luis Andrés Domínguez Alejandro presentó su renuncia a la Universidad Politécnica de Huejutla (UPH), de la cual estuvo al frente por 3 años
El académico era titular de la Universidad Politécnica del Golfo de México (UPGM) cuando esa institución firmó cuatro convenios, por 667 millones de pesos, con Pemex Exploración y Producción. No obstante, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) afirmó que la casa de estudios "no contaba con la capacidad técnica, material y humana para la ejecución de los objetos de los convenios”.
Por la auditoría forense 13-4-99072-12-0249 constató que dichos trabajos fueron realizados por cuatro empresas subcontratadas.
Desde el 2 de marzo, Juan de Dios Nochebuena Hernández fue separado de la rectoría de la Universidad Politécnica de Francisco I Madero, la cual recibió de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 185 millones 839 mil 480 pesos, de los cuales transfirió 98 por ciento a terceros, para que presuntamente hiciera servicios que, según la inspección financiera 1792-DE realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no fueron acreditados.
De acuerdo con los testimonios que integran la auditoría forense 196-D, quien aparece como accionista mayoritaria y administradora única en uno de los dos proveedores que subcontrató la universidad, manifestó que no era representante legal, ni administrador único, ni accionista ni ninguna otra figura jurídica de la empresa, y que por lo tanto no prestó servicio alguno.
El otro proveedor no acreditó en su totalidad los pagos a quienes presumiblemente ejecutaron los trabajos, además, el ente fiscalizador constató que personas que se incluyeron en los resúmenes ejecutivos de personal, con los que se pretendió comprobar los servicios, son funcionarios y exfuncionarios públicos de distintas dependencias y entidades de la administración pública federal.
Aunque la vocación de la UPFIM, con base en su decreto de creación del 11 de julio de 2005, es agropecuaria, la Sedatu le asignó los 185 millones –3.81 veces más que su presupuesto anual– para servicios como la elaboración de un Manual del Sistema de Gestión y Operación de los Servicios de Ciudad de las Mujeres en Tlapa de Comonfort, Guerrero, cuyo contenido, evidenció la Auditoría Superior de la Federación, es semejante al presuntamente realizado por la Universidad Autónoma Indígena de México, actualmente Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, contratada por la Secretaría a cargo de Rosario Robles de forma simultánea para la realización de los mismos trabajos.