El ocho de marzo de 2020 se escribirá en la historia como el día en que el hartazgo colectivo por la violencia y la delincuencia hizo desfilar por las calles de distintas ciudades en México y en el mundo a millones de mujeres.
Un maremoto morado con oleadas de mujeres de todas las clases sociales, de todos los niveles académicos, de todas las edades; generaciones completas marchando con un reclamo legitimo y doloroso: el cese a la violencia contra ellas.
Y después de las voces demandantes que inundaron las conciencias de los conscientes, el silencio total. La manifestación del #8M fue injertada en el paro del día siguiente que convocó a todas las mujeres del país para que cesaran cualquier actividad relevante que realizaran cotidianamente; organismos públicos sin funcionarias, escuelas sin maestras, universidades sin alumnas; restaurantes, centros comerciales, y principalmente su casa.
La idea era poner en evidencia el aumento de feminicidios, las agresiones violentas y sexuales de las que son objeto las mujeres, además de las labores que desarrollan y la importancia de su reconocimiento. Se estima que las perdidas por el paro fueron millonarias. Fue un silencio que nos aturdió, la ausencia de ellas fue conmovedora y alarmante.
No obstante, la magnitud de su acción, el planteamiento que persigue al movimiento es, ¿y que sucederá al día siguiente, y los que siguen después de éste? Y la respuesta no se antoja fácil, porque quizás no trabajar ni comprar bienes y servicios por 24 horas puede ser costeable para cierto sector, pero la mayoría de la población que se sumó al paro se sostiene al día, y los centros de trabajo -aun los solidarios- difícilmente resistirán faltas más prolongadas.
Si a eso le agregamos una respuesta desafiante por parte del titular del Ejecutivo Federal, quien sostuvo que la estrategia de atención a la violencia contra las mujeres y concretamente del feminicidio, seguiría siendo la misma que hasta la fecha lleva más de 10 mujeres asesinadas diariamente, el escenario se torna, por decir lo menos, gris.
Con un inexplicable desdén y azuzando a sus huestes, distintos actores de la administración federal atribuyeron el movimiento del #8M y #9M a una derecha conservadora que pretende derrocar al gobierno y no acusaron recibo de las legitimas demandas que fueron planteadas por ese grupo etario.
Y es que la cosa no es tan difícil de entender ni de atender, las mujeres están exigiendo seguridad, visibilizando el riesgo que corren de no volver cada vez que salen de casa; que están asesinándolas y atacándolas en la más absoluta impunidad y que el estado no se ha hecho responsable de que haya políticas públicas dirigidas a combatir el estado de indefensión en que se encuentran.
-Presupuesto. Amor sin presupuesto no es amor. Las manifestaciones de apoyo a la causa feminista y la paridad lograda en el Congreso de la Unión, tienen que traducirse en presupuesto efectivo para políticas publicas que erradiquen la violencia contra las mujeres. Hasta ahora se han privilegiado causas inocuas y contradictorias. El presupuesto etiquetado para becas de jóvenes, de personas adultas mayores y las distintas vertientes de erogaciones económicas no productivas ni condicionadas, así como el presupuesto para defensa nacional, es enorme, comparativamente con los recursos destinados a la disminución de la violencia de género.
-Acciones dirigidas a combatir el machismo, del cual son participes y victimas mujeres y hombres, pero mayormente un proceso de reeducación en respeto y no violencia contra la mujer. El involucramiento de las Secretarías de Estado, con todos sus programas es esencial para que esto pueda implementarse.
-Policía, ministerios públicos, peritos, médicos legistas, con las capacidades necesarias para atención a victimas de violencia de género, eso implica una inyección de recursos en programas de formación y capacitación, en métodos de investigación, equipamiento, instalaciones, vehículos y procesos de monitoreo y evaluación.
-Obligatoriedad de jueces y magistrados de resolver con perspectiva de género, lo que conlleva, además del fortalecimiento en capacitación y evaluación en la justicia local y cotidiana, y en los ámbitos federales, una reforma legislativa mínima que vuelva exigible y punible en caso de incumplimiento.
-Políticas dirigidas al empoderamiento económico de la mujer: guarderías, escuelas de tiempo completo, apoyo al emprendimiento, estímulos fiscales por contratación a mujeres, convocatorias orientadas a su incorporación el ámbito laboral, entre otras.
Estas son sólo algunas ideas de lo que tendríamos que exigir, hombres y mujeres, de un gobierno interesado por el combate a la inseguridad que aqueja al género femenino. Y aunque no hay política que resarsa el feminicidio de una mujer o de una niña, después del #9M, la lucha sigue.
*Fernando Díaz Naranjo | Analista político *María Magdalena Luna Ramírez | Especialista en