La teoría y la práctica política dicen que no es posible enfrentar a un poder dominante solo con retórica. Para lograr un cambio en cualquier tipo de relación, donde una persona o grupo está en posición de debilidad o vulnerabilidad, se tiene que utilizar la fuerza.
Las palabras no bastan. Menos cuando quienes tienen el poder no están dispuestos a modificar una situación de desventaja. La historia lo demuestra. Nuestra realidad cotidiana así lo confirma. Por ésta y otras razones, la protesta ciudadana es, en esencia, un acto violento.
Si al abuso de poder o a los actos criminales no se les combatiera con violencia, la impunidad sería invencible. Las autoridades que tienen derecho al uso legítimo de la violencia saben que la persuasión, la amabilidad o el diálogo no sirven para enfrentar a los grupos criminales y delincuentes.
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En los procesos de manejo de conflictos que se dan entre gobierno y sociedad, el diálogo sí es viable y factible. Pero cuando no se logran los resultados esperados por alguna de las partes, la democracia no impide que los grupos sociales recurran a acciones legítimas de presión como las manifestaciones, marchas, bloqueos o plantones.
Si en estos actos no surgieran algunas expresiones violentas (gritos, consignas, pintas e incluso destrozos) las demandas simplemente serían ignoradas. Para que la protesta logre la visibilidad y la atención de todos los medios de comunicación que se requiere, existen diversos mecanismos de presión, los cuales pueden escalar dependiendo del cumplimiento de objetivos en torno al cumplimiento de las exigencias que dieron origen a la movilización.
La violencia en las protestas se justifica y hasta es necesaria. Sin embargo, el uso de la violencia no puede ser indiscriminado, ni siquiera en las guerras. Los límites los establecen las leyes. Por esta razón, debe haber reglamentos y protocolos de actuación para que los procedimientos se apeguen a la justicia y sean claros. Así, por ejemplo, los militares y policías pueden usar armamento sofisticado cuando son atacados, pero no pueden recurrir a la tortura para obtener la declaración de un presunto culpable.
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En el caso de la sociedad, cualquier persona tiene derecho a la legítima defensa, incluso a la posesión de un arma si la autoriza la autoridad correspondiente, pero no la puede utilizar en el marco de una protesta social porque entonces estaría cometiendo un delito.
En nuestra legislación persisten demasiadas confusiones y omisiones sobre los límites que deberían tener las protestas sociales. Los problemas políticos y de comunicación que han surgido en los operativos para garantizar los derechos humanos en el marco de las protestas se explican por esta situación.
Una de dos. O no se ha querido, o se ha considerado políticamente inconveniente actualizar nuestro marco jurídico en la materia. Cualesquiera que sea la razón, la aplicación de la ley y la narrativa de las autoridades ha marcado diferencias importantes en el trato que se da a los diversos grupos que tienen que recurrir a la protesta como su último recurso.
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Otro ejemplo. Recordemos el trato, tolerancia y paciencia que por momentos parecieron mostrar las autoridades federales y estatales a los bloqueos que hizo en enero pasado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a pesar de la violencia ejercida por los maestros, sobre todo la que provocó daños económicos muy importantes a la economía del país.
Para algunos, las autoridades fueron condescendientes o débiles. Para otros, su respuesta estuvo acorde con el respeto a las libertades y derechos que tienen las organizaciones sociales para manifestar sus inconformidades o desacuerdos.
En contraste, lo que sucedió con el manejo político y comunicacional de la marcha y manifestación del viernes pasado tiene que ser revisado y corregido, pero a fondo. ¿Cómo es posible que con la experiencia que hemos tenido en las últimas décadas se siga pensando que la protesta de las mujeres tenga que ajustarse a límites y parámetros diferentes de otros grupos sociales?
¿Por qué no se ha logrado ver a plenitud la diferencia entre las acciones legítimas de protesta (con sus acciones violentas también legítimas), de la violencia provocada por grupos infiltrados que, con otras intenciones, buscan desprestigiar a un movimiento o desviar la atención de la opinión pública para restar fuerza a quienes se organizaron en forma legítima para exigir la protección de sus derechos?
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¿Hasta cuándo se acabará con el discurso machista de que las mujeres que luchan por el poder y por la defensa de sus derechos deben hacerlo en forma recatada, amable, dulce o sutil? ¿Cómo se les puede pedir que expresen, sin violencia, el enojo, la ira, el dolor, la indignación, el miedo o el odio que sienten ante la dramática e injusta situación que están viviendo en todo momento y en cualquier lugar?
El poder no tiene género… No debería tenerlo en una sociedad que aspira a la igualdad y a la equidad. Por eso, las características y acciones que se llevan a cabo en la lucha por el poder deben ser iguales y equitativas cuando intervienen las mujeres.
Tengo la seguridad de que la violencia “vende”. Y que la promoción o incitación que se hace desde los medios de comunicación tienen que ser corregidas. También estoy convencido que los códigos de Ética no son suficientes para acabar o reducir el problema. Sin embargo, la solución que hace falta no llegará en tanto las instituciones del Estado no asuman el liderazgo que les corresponde para impulsar el profundo cambio cultural y jurídico que el país requiere.
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