Para entender el problema de la violencia política en el estado de Guerrero, resulta imperativo tener presente que, desde los anales de la historia, la violencia ha sido uno de los principales componentes en el sistema de dominación. De allí que los grupos en el poder la hayan ejercido como medio de control social; minimizando los riesgos de un cuestionamiento a su hegemonía. Ha sido el esquema caciquil y clientelar que ha ocasionado pobreza y subdesarrollo.
Al autoritarismo institucional y del crimen organizado, se suma el elevado aumento de la impunidad y la indolencia, que no hacen otra cosa más que aumentar las ejecuciones extrajudiciales, de las que, lastimosamente, sobran ejemplos.
Homicidios
En los últimos dos años se han presentado decenas de homicidios de líderes sociales, dirigentes políticos y candidatos, son los casos de Víctor Manuel Camacho Uriostegui, Francisco Pacheco Beltrán, Ambrosio Soto Duarte, Demetrio Saldívar Gómez, Cecilio Pineda Brito, Roger Arellano Sotelo, Octavio Arellano Eloísa, Modesto Carranza Catalán, Eli Camacho Goicochea, Victorino Iglesias Alarcón, Eduardo Catarino Dircio, Eleazar Vargas Lara, Crisóforo Otero Heredia, Manuel Rebolledo Pérez, Francisco Torres Rendón, Francisco Tecuchillo Neri, Ranferi Hernández Acevedo, Ángel Vergara Chamú, Armando Arturo López Solano, Dagoberto Domínguez Acevedo, Arturo Gómez Pérez, Adolfo Serna Noguera, Gabriel Hernández Alfaro, Victoria Jaimes Moctezuma, Dulce Nayeli Rebaja Pedro, Homero Bravo Espino, María Luisa Ortiz Arenas, Ricardo Bravo Lázaro, Abel Montufar Mendoza, así como las desapariciones forzadas de Catalino Duarte Ortuño y Adolfo Vergara de la Paz.
Estado claudicante y contubernio criminal
La violencia engendrada por los polos que hoy en día se disputan el uso legítimo de la fuerza ha dejado a su paso un número significativo de crímenes políticos que han llamado la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ha reconocido en México una situación especial de riesgo en la que se desempeñan los actores políticos.
Las instituciones del Estado deben cumplir con su fin primordial de garantizar seguridad para la población, así como en el proceso electoral, sobre todo en aquellas demarcaciones territoriales en donde la oposición a los entes generadores de violencia se perfila a ocupar el vacío de Estado en el que se han enquistado los grupos criminales.