Aunque el proceso electoral 2020-2021 no comienza sino hasta septiembre, todo el discurso y las acciones del gobierno y los partidos políticos ya están enmarcadas en la competencia electoral.
Lo que está en disputa es mucho en términos de poder, del futuro del país y de la viabilidad del proyecto político del presidente López Obrador. En 15 estados se renovarán gubernaturas, en 29 estados se renuevan congresos y alcaldías y en 30 cambian ayuntamientos. Además, se renovarán los 500 escaños de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Esto representa la elección más grande en la historia de México.
Si bien un proceso electoral suele ser representado por las autoridades como una “fiesta de la democracia”, cifras de seguridad pública, del coneval, del inegi y encuestas de opinión muestran un panorama social, político y económico significativamente deteriorado por la pandemia del covid-19. Esto, aunado a la experiencia reciente de las elecciones de 2018 en donde, de acuerdo con Strategia Electoral, al menos 145 personas vinculadas al proceso fueron asesinadas, debería ser motivo de preocupación y ocupar tanto a las autoridades electorales como a todas las autoridades políticas del país, incluyendo las fiscalías, las y los gobernadores y por supuesto al presidente.
Este año, México se encamina a un 2020 con nuevo récord histórico de homicidios dolosos y las cifras de feminicidio y violencia contra las mujeres ha seguido creciendo, de acuerdo con múltiples datos de organizaciones de sociedad civil, encuestas, el 911 y el propio secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública.
Si bien en abril de este año se publicaron reformas a diversas disposiciones en materia de violencia política de género, no es de ninguna forma evidente que en un país con tasas de impunidad como el nuestro, en el que la gente que pasa años en la cárcel sin sentencia va en aumento, y en donde las capacidades de investigación de los estados son incluso menores a las que tiene la federación, estos cambios realmente aporten una solución o un cambio en las conductas de quienes cometen estos delitos por muy distintos motivos y porque pueden.
A la luz de lo sucedido en 2018, en donde ni siquiera las autoridades en la materia podían aportar datos claros, oportunos y certeros sobre la violencia política, resulta complicado creer que el próximo año, con los recortes presupuestales y la priorización de recursos a otras materias, habrá capacidad institucional para enfrentar este fenómeno.
A todo lo anterior, hay que agregar el elemento de que por primera vez habrá reelección legislativa para diputados federales. De acuerdo con estudios de ONU Mujeres, del INE y de Strategia Electoral, la etapa de definición de candidaturas es una de las más violentas del proceso electoral, indicando que ese puede ser uno de los orígenes de la violencia política en general y la violencia política de género en particular. Si bien se cuenta con protocolos interinstitucionales y se ha avanzado en la creación de protocolos dentro de los partidos para prevenir y atender la violencia política contra las mujeres, la experiencia muestra que la coordinación institucional tiene muchos vacíos que impiden actuar a tiempo y las mujeres en realidad no saben a donde acudir cuando enfrentan este tipo de violencias, o no levantan la voz porque hay un entendimiento de que la violencia es el costo que hay que pagar por buscar un cargo en el espacio público. De ahí que la campaña #NoEsElCosto sigue siendo pertinente frente a la enorme cantidad de cargos por los que se presentarán a competir las mujeres.
Pareciera obvio, pero no está demás decir que el ambiente de polarización -que no es sinónimo de un ambiente de competencia político-electoral por más intenso que éste sea- no abona a mitigar el riesgo que enfrentamos de presenciar una supuesta fiesta que, lejos de ser democrática, puede estar llena de más luto. Una democracia no es sostenible si no hay garantías de competencia electoral libre de violencia para mujeres y hombres.