¿Hasta dónde una sociedad puede aguantar la inseguridad? ¿Qué es aceptable y qué no en esta materia para las personas? ¿Dónde está la línea entre lo que la sociedad puede soportar, es decir, qué porcentaje de la población es el máximo aceptable para ser víctima del delito? ¿El 5, el 10 o el 20%? En nuestro país la línea está mucho más allá, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Inseguridad (ENVIPE) en el Estado de México casi una de cada dos personas ha sido víctima del delito, el 45% de la población precisamente y por increíble que parezca esto no ha generado caos social.
Uno de los por qué es que las personas nos hemos reunido a vivir en sociedades establecidas, cerradas, hemos aceptado someternos a normas, renunciando a ciertas libertades, pagar impuestos, respetar una autoridad externa, es la de obtener de esa autoridad protección ante las amenazas a nuestra seguridad. En un escenario donde para casi la mitad de una entera entidad no se cumple ¿qué deberías esperar como respuesta de los ciudadanos?
El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) a través de la ENVIPE, nos acaba de presentar datos que deberían llevar a las autoridades del Estado de México a una profunda reflexión acerca de cómo están enfrentado la problemática de seguridad y a un cambio radical de estrategia, ya que hay 45,139 víctimas del delito por cada 100 mil habitantes. Esto pone al Estado de México como la entidad con la tasa más alta de víctimas de todo el país, muy lejos del segundo lugar, Baja California que tiene 37,583 víctimas por cada 100,000 habitantes y de la tasa nacional de 28,200 por cada 100 mil habitantes.
Probablemente habrá quien destaque que, comparando 2014 con 2013, hay una disminución del 10% de los delitos cometidos, aunque es importante recordar que falta mucho para que la tendencia creciente se revierta ya que en realidad en 2014 hubo un 47% más víctimas que en 2012.
Si esto no fuera suficiente, no sólo impacta la cantidad de víctimas, en el Estado de México, se reportaron ¡83,566 delitos por cada 100 mil habitantes!, evidentemente también ocupa el primer lugar en ranking nacional muy por encima del segundo lugar que es el DF con una tasa de 59,545 por cada 100 mil habitantes y de la tasa nacional que es de 41,655 por cada 100 mil habitantes. Es decir, no sólo hay muchas víctimas, si no que éstas tienen altas probabilidades de serlo varias veces. De hecho, el Estado de México también es el primer lugar nacional por promedio de delitos por víctima con 1.9.
Obviamente esto se refleja en la sensación de inseguridad y calificación de las autoridades, en el Estado de México el 90.6% de la población considera que su entidad es insegura—otro deshonroso primer lugar nacional— y en general califica peor a todas las instituciones que el resto del país. La diferencia se hace más evidente al calificar a las autoridades estatales como se puede leer en la siguiente página:
Porcentaje de personas que confían en las siguientes autoridades, ENVIPE 2015
Las autoridades locales y la autoridad federal deben urgentemente repensar la estrategia de seguridad para la entidad ¿cómo puede una pequeño empresario, un pequeño inversionista en iniciar una actividad comercial en un entorno tan inseguro? ¿Cómo puede una persona pensar en vivir en paz en una entidad donde, si toma como base la información de INEGI, tiene el 50% de probabilidad de ser víctima?
En esto se vuelve urgente fortalecer los instrumentos clave para generar diagnósticos y evaluar acciones: las bases estadísticas de la Procuraduría General de Justicia (PGJE) relativas al número de denuncias recibidas, la calidad de la atención de los agentes del ministerio público, la capacidad de investigación de la policía ministerial, la corrupción que existe en todo el estado. Las denuncias en la entidad llegan a ser tan sólo 6 de cada 100 delitos que se cometen.
Esto nos permite entender por qué la cifra oficial refiere disminuciones sostenidas de la comisión de varios delitos y pone a la entidad en niveles alto, sin estar en primer lugar.
Ha llegado el momento para que los ciudadanos exijamos rendición de cuentas a las autoridades para que expliquen por qué no han logrado mejorar las condiciones en la entidad. Para la autoridad es obligación ser transparente, íntegra y la urgencia de que hagan cumplir la ley a los ciudadanos. Para sociedad civil y autoridades juntos la urgencia de trabajar juntos en el combate a los delitos, rechazar la ilegalidad, promover el respeto de la ley.