Aunque parezca increíble, a más de cuatro años del evento que golpeó fuertemente la legitimidad del actual gobierno federal –la desaparición forzada de 43 jóvenes normalistas en Guerrero por parte de policías locales–, la historia se repite en Jalisco. Tres ciudadanos italianos fueron privados ilegalmente de la libertad por policías locales y entregados a delincuentes que hasta el momento los mantienen desaparecidos.
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Este lamentable delito sucede al tiempo que en Veracruz, el primer juicio por desaparición forzada pone en evidencia cómo, de manera sistemática, la policía estatal desapareció personas que podían ser consideradas sospechosas según el criterio de la autoridad local.
La sabiduría popular advierte:
Si las barbas de tu vecino ves cortar, pon las tuyas a remojar
Refrán que evidentemente nadie quiere aprender.
Si un caso –donde las principales responsabilidades son atribuibles a un alcalde, dos instituciones policiales municipales y un grupo de delincuencia organizada–, logró paralizar la aparente racha ganadora del gobierno federal que “estaba salvando a México”, fue la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la que nos obligó a preguntarnos ¿cómo es posible que en México puedan desaparecer miles de personas impunemente? Y aún más ¿cómo es posible que la autoridad sea partícipe de la desaparición de personas y no exista un cambio de ruta evidente?
Confianza en las instituciones
Tras más de una década de un supuesto trabajo de fortalecimiento institucional, se siguen acumulando casos que demuestran que nuestras instituciones no funcionan al servicio de la sociedad.
Ante la escalada de violencia que inicia a partir de 2006-2008, parte de las medidas que el Estado mexicano emprendió, fue el reformar la ley para homologar las capacidades y operación de las policías del país a través de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Dicho ordenamiento incluye el establecimiento de un sistema de desarrollo policial, un régimen disciplinario y los procesos que llevarían a depurar a los cuerpos policiales.
Sin embargo, la ley parece ser una referencia que poco ha impactado en la calidad de los cuerpos de seguridad y justicia. Sobran las evidencias que muestran que la capacitación, el desarrollo profesional, las condiciones laborales, las cargas laborales congruentes, el proceso de depuración, el régimen disciplinario y el mismo tamaño de las instituciones para enfrentar el problema, están lejos de generar los incentivos necesarios para mejorar las capacidades individuales e institucionales.
Aunado a esto, la falta de independencia de las instituciones de procuración de justicia, no garantizan que se investiguen los casos de sospecha de violaciones de las normas por parte de las autoridades del país.
Víctimas del Estado
En México, todos los días hay falta de acceso a la justicia, detenciones arbitrarias, fabricación de culpables, uso de la tortura como un mecanismo para obligar a las personas a declararse culpables, y desapariciones forzadas. No contamos con una estadística que permita entender la gravedad y el tamaño que representan las víctimas del Estado.
Más allá de las críticas, diagnósticos y declaraciones políticas, necesitamos depuración de los cuerpos policiales, necesitamos investigaciones apegadas a derecho, que disuadan, prevengan y sancionen cualquier tipo de violación grave a los derechos humanos.
Sabemos que este es un proceso complejo y como tal requiere de tiempo, sin embargo, ya no disponemos de él si pensamos en términos del número de vidas que se siguen perdiendo, de las víctimas que se siguen sumando día a día, de los recursos económicos institucionales que estamos desperdiciando y de cómo seguimos debilitando la confianza en nuestras instituciones.
En los últimos años el gobierno mexicano se ha confrontado con los organismos supranacionales y el activismo social por las declaraciones en torno a la violación sistemática de derechos humanos que existe nuestro país. En la desaparición de los ciudadanos italianos, las declaraciones de los policías de la Cruz nuevamente son una evidencia de que México hay quien, dentro de las instituciones, se dedica a cometer delitos de lesa humanidad.
Necesitamos instituciones sólidas y confiables; necesitamos depurar policías, procuradurías, fiscalías generales de los estados; necesitamos servidores públicos que cuenten con un servicio profesional de carrera que premie a los mejores; necesitamos acceso la justicia para las víctimas; necesitamos políticas de seguridad que den una respuesta no violenta a la crisis de inseguridad que vivimos; necesitamos políticas públicas y reformas normativas que estén al servicio de los ciudadanos y se cumplan cabalmente; necesitamos que el Estado mexicano responda por las miles de víctimas de las que es responsable y ¡necesitamos que esto suceda ya!
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