Por décadas las mujeres han emprendido una intensa lucha -a la que afortunadamente se han ido sumando cada vez más hombres- para visibilizar y combatir la discriminación y la violencia (física, sexual, psicológica, política) de la que cotidianamente son víctimas y, aunque no sin enormes resistencias en una sociedad machista como la nuestra, poco a poco se han ido registrando avances importantes en el reconocimiento y respeto a sus derechos, así como en la generación de mejores condiciones de igualdad.
Es así que en los últimos años se ha avanzado en la creación de fiscalías especializadas, protocolos de investigación, alertas de género, transversalidad en políticas públicas o en cuanto a la participación política de las mujeres a través de acciones afirmativas para acceder a cargos públicos, logrando por ejemplo la integración paritaria del Congreso Federal y una disminución significativa de la brecha en los Congresos locales.
Sin embargo, todavía son muchos los temas pendientes como en materia salarial, informalidad en el empleo, distribución del trabajo no remunerado, acoso sexual y laboral, pero sin duda el de mayor preocupación y que demanda atención prioritaria es el creciente número de feminicidios que, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan sólo en 2018 fue de 760. Es decir, cada día son asesinadas dos mujeres por el hecho de serlo, ocupando el Estado de México y Veracruz los primeros lugares.
Un fenómeno tan complejo debe abordarse de manera integral, partiendo de un diagnóstico preciso como condición para poder definir acciones que permitan prevenir y combatir con eficacia los feminicidios desde el ámbito social, legislativo, político, presupuestal, de seguridad pública, así como de procuración e impartición de justicia. Difícilmente se podrán enfrentar las consecuencias si no se conocen primero las causas, y mucho menos cuando de manera irresponsable se hacen propuestas con gran ligereza.
En momentos en que se discute la implementación de las alertas de género en los estados o se debate la pertinencia de imponer prisión preventiva oficiosa a dicho delito -en este mismo espacio he manifestado mi objeción a que regresemos a un esquema en que primero se detiene y luego se investiga ya que contraviene el principio de presunción de inocencia y genera muchas injusticias-, la diputada local de Morena en Veracruz, Ana Miriam Ferráez Centeno, propuso el establecimiento del toque de queda en ese estado a partir de las 10 de la noche como una medida para prevenir el feminicidio.
Además de que el regresivo planteamiento de la diputada -quien es secretaria de la comisión de igualdad de género del congreso de Veracruz-, atenta contra el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, coarta su libertad y las estigmatiza al asignarles alguna responsabilidad por “andarse exponiendo”, tal parece que ignora que el delito de feminicidio no sólo se comete por las noches o que en un alto porcentaje los perpetradores son personas cercanas a la víctima.
Las críticas y el rechazo a la propuesta han sido prácticamente unánimes, lo que obligó a la aprendiz de legisladora a disculparse al día siguiente. Qué bueno que lo hizo pero debemos entender que desempeñar un cargo público conlleva responsabilidades serias, que las palabras de un funcionario o representante tienen consecuencias, y que los problemas del país no se pueden atender con improvisación u ocurrencias.