Malas noticias han recibido los trabajadores que laboran en instancias de la justicia laboral en nuestro país. Los presupuestos siguen bajando a niveles que afectan gravemente su operatividad y eficacia a pesar de ser los encargados de atender los miles de despidos que se han generado en tiempos recientes.
En el año de 2019 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) contaba con un presupuesto de 43 mil 269 millones 51 mil 26 pesos, pero para 2020 se redujo dramáticamente en un 33.54% alcanzando 28 mil 756 millones 371 mil 575 pesos. Para 2021 se prevé la reducción de un 17.23% para llegar a 23 mil 799 millones 853 mil 830 pesos.
En términos absolutos de 2019 a 2021 el presupuesto de la STPS tendrá una reducción del 45%, siendo una de las dependencias más castigadas en reducciones presupuestales.
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), quien tiene cerca de medio millón de expedientes, a pesar de que se incrementan día con día sus cargas de trabajo por los miles de despidos que se generan, su presupuesto inexplicablemente se le ha reducido.
En este régimen todo parece indicar que entre mayor carga de trabajo se tenga, menor presupuesto se le va a asignar a las dependencias encargadas de la atención a grupos vulnerables, y ello es inadmisible.
En 2018 la JFCA tenía 915 millones, 362 mil, 138 pesos; en 2019 se le asignaron 805 millones, 442 mil, 987 pesos; en 2020 se le otorgó 746 millones, 375 mil, 860 pesos y para el año de 2021 se prevé otorgarle 720 millones, 712 mil, 583 pesos, lo que representaría una reducción en tan sólo tres años de un 21.26% en sus percepciones, ¡194 millones 649 mil 555 pesos menos en su cuenta corriente!
La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo con enormes rezagos financieros y crecientes cargas de trabajo, se ha dispuesto para ella un presupuesto en el año de 2021 de 197 millones, 175 mil, 211 pesos, con un aumento aparente de 1.3 millones de pesos en relación con los 195 millones, 843 mil, 028 de pesos asignados este año. Sin embargo, en términos reales por efectos inflacionarios, tiene su presupuesto una reducción de 2.5%.
Cada abogado de esa importante institución tiene que estar al pendiente de más de 300 expedientes, lo que resta eficacia en sus acciones en defensa de los trabajadores.
El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA). Esta institución, encargada de atender todos los conflictos entre los trabajadores del Gobierno Federal, sus órganos legislativos, del Gobierno de la Ciudad de México, del Congreso de la Ciudad de México y sus alcaldías, es otra de las instituciones más rezagadas presupuestalmente.
En 2018 el presupuesto del TFCA era de 356 millones, 651 mil, 790 pesos; en 2019 se redujo a 296 millones, 564 mil, 890 pesos, representando un 18.89% menos; pero en 2020 aumentó a 340 millones, 368 mil, 501 pesos, un 14.77% más, y en 2021 el presupuesto asignado sería de 348 millones, 486 mil, 502 pesos, aunque significa un aumento en su presupuesto en relación al presente año, de un 2.38% en términos brutos, el presupuesto de esta importante institución se reducirá de 2018 a 2021 en 2.28%.
En el TFCA tienen los salarios más castigados del sector público federal. Las personas encargadas de elaborar los laudos que requieren una alta capacitación tienen salarios mensuales que no rebasan los 12 mil pesos, mientras que sus pares en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, casi ganan 3 veces más.
Este ingreso también lo perciben los Secretarios de Audiencias, responsables de atender y resolver las audiencias diarias y los Secretarios de Acuerdos, en ese Tribunal.
Los Actuarios y las mecanógrafas, reciben un ingreso mensual, antes de impuestos de 5 mil pesos. Son salarios miserables que no corresponden a su responsabilidad ni a sus cargas de trabajo. Varios empleados, para compensar sus ingresos se contratan de taxistas o se convierten en comerciantes para poder sobrevivir. Es una vergüenza el trato discriminatorio al personal que ha requerido una capacitación profesional especializada que no se reconoce.
El TFCA depende administrativamente de la Secretaría de Gobernación, quién hasta para comprar papel higiénico debe pedir la autorización de esa dependencia. Su autonomía administrativa es indispensable para operar con mayor eficacia y prontitud para abatir los enormes rezagos que tiene esa institución, no se diga el incremento en su presupuesto.
Los nuevos tecnócratas financieros actúan en sentido inverso a las necesidades sociales, ya que mientras los problemas de los trabajadores se acrecientan, los aparatos de justicia se hacen pequeños e inoperantes. No son tiempos de retroceso, se requiere congruencia.