A poco más de dos semanas del arranque formal de las campañas, hemos escuchado ya un cúmulo de pronunciamientos de la y los candidatos que, en la mayoría de los casos, parecen tan solo promesas destinadas a conseguir la simpatía del electorado, pero que probablemente, una vez que concluya la elección, caerán en el olvido como ha sucedido en innumerables ocasiones. Incluso, cuando algunas de ellas se han llegado a poner a consideración del Congreso, no han encontrado el impulso necesario para que prosperen y hasta se les ha obstaculizado.
#LeyChayote
Ejemplos sobran, pero podemos citar uno de gran actualidad que se refiere a la regulación de la propaganda gubernamental, pues fue uno de los “compromisos” de campaña del entonces candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.
A 5 años y medio de que inició su administración, ni siquiera había enviado una iniciativa como Titular del Ejecutivo Federal. No fue sino hasta que la Suprema Corte ordenó que se emitiera la legislación correspondiente derivada de la reforma constitucional de 2014, que el partido gobernante –junto con sus aliados del PVEM y Nueva Alianza– presentó una propuesta que en realidad se trata de una mera simulación, y que ha sido bautizada como la “LeyChayote.
#LeyChayote y Telecomunicaciones indígenas
Parece que los candidatos –y sus equipos– no se dan cuenta que carecen de toda credibilidad, e insisten en las mismas fórmulas que cada vez generan mayor escepticismo o incluso rechazo de la ciudadanía. En términos generales, lo que nos han presentado en estos días son lugares comunes, buenos deseos y una que otra ocurrencia –además de las descalificaciones constantes–, que poco impacto tienen en el ánimo colectivo máxime cuando se trata del candidato del gobierno.
Una que otra ocurrencia
Cómo esperar que la ciudadanía tome en serio la propuesta de José Antonio Meade para mejorar las condiciones laborales de las aproximadamente 2.3 millones de trabajadoras domésticas, cuando el gobierno de Peña Nieto –del que formó parte ni mas ni menos que como Secretario de Relaciones Exteriores y de Hacienda– se ha negado a ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que fue firmado durante la pasada administración.
También resulta difícil convencernos sobre su compromiso con un ministerio público autónomo, cuando el partido que lo postuló –y al que le pidió que lo hiciera suyo–, pretendió que se designará como Fiscal General por nueve años al entonces Procurador Raúl Cervantes, quien fuera Senador y ex Director Jurídico del PRI en la campaña de Peña Nieto. A la fecha, siguen pendientes en el Senado los nombramientos del Titular de la Fiscalía General de la República así como del Fiscal Anticorrupción, precisamente por las resistencias del gobierno para fortalecer sus facultades y consensar el nombramiento de un perfil independiente.
Tampoco es fácil entender que si supuestamente todos los contendientes coinciden en la misma propuesta, la condicionen a la obtención del triunfo electoral, siendo que en este momento se pueden reunir los votos necesarios en ambas cámaras para su aprobación, como es el caso de la eliminación del fuero –que al parecer ya va avanzando después de que estuvo congelada por varias legislaturas–. Lo mismo sucede con el planteamiento para reducir el IVA en la frontera que formularon tanto Ricardo Anaya como López Obrador, es lamentable que en vez de sumar fuerzas para impulsarlo, se disputen su paternidad.
Esperemos que en el próximo debate cambie la tónica y podamos pasar de las promesas sin sustento y las descalificaciones, a propuestas serias y compromisos reales.