Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciaba un acuerdo para terminar con “la subcontratación abusiva”, el sector patronal por su parte a través de la COPARMEX señaló en un boletín que: “se dejó sin efecto la propuesta de cancelar completamente la figura de la subcontratación”.
Dicen a su manera: ¡sigue viva la subcontratación!
El senador Ricardo Monreal por su cuenta dio a conocer que, después de más de 80 reuniones entre representantes “de la clase trabajadora, del empresariado y del gobierno”, “logramos un acuerdo histórico en favor de los derechos laborales”, se cuidó no decir: de los trabajadores.
Sobre el reparto de utilidades
En esas más de 80 reuniones se encargaron de darle otro sentido al reparto de utilidades, y de esa también hay dos versiones, la gubernamental que dice que con la reforma propuesta “se elimina la discrecionalidad y se lograría un incremento del 156% en el monto de reparto de utilidades”. ¿Este compromiso de incremento en las utilidades lo firmaría el gobierno federal ante notario público? Yo lo dudo.
La otra versión es que no hay tal incremento al reparto de utilidades como se anuncia por la parte gubernamental, ya que topar no significa aumentar las utilidades sino limitarlas, en este caso a un pago máximo de tres meses. Pero esta cantidad (la de los tres meses) no está garantizada que se otorgue a los trabajadores, como se pretende hacer creer.
El acuerdo con el sector patronal del reparto de utilidades no garantiza un pago mínimo para los trabajadores; por el contrario, se apoya en su caso, en la costumbre de lo que los trabajadores hubieran recibido en los últimos tres años. ¿Qué ocurre si no se recibieron utilidades en ese periodo? En este supuesto el trabajador no podrá apelar a recibir el monto de los tres meses ni ninguna otra cantidad.
El acuerdo tuvo que ser avalado en la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, tal como lo establece la fracción IX del artículo 123 Constitucional en su apartado “A”, y esto no ocurrió. En los intentos hechos en ese espacio tripartito por el gobierno federal para aprobar una disminución o modalidad diferente al 10%, los representantes obreros no aceptaron la disminución de dicho porcentaje. Por tanto, la fórmula acordada con los patrones se anota como inconstitucional por violentar el principio de progresividad.
Sin embargo, la propuesta para convencer al sector empresarial de las nuevas modalidades de la subcontratación fue acotar el reparto de utilidades, así lo reconoce el presidente de la Comisión Laboral de CANACINTRA, el abogado Raúl Maillard en un comunicado. Él señala que éstas tendrán una nueva fórmula de aplicación, pero en el acuerdo no se especifica cómo se calcula y señala que la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) “aplica en beneficio del patrón para efectos de la amortización del pago de impuestos, pero no es deducible”.
El acuerdo sobre la PTU señala:
“El monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o del promedio de la participación recibida en los últimos tres años; se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador”.
La subcontratación vive
Raúl Maillard en su análisis del acuerdo destaca que “continúa la regla de que el objeto de la subcontratación sea especializado y no sea una de las actividades preponderantes de la empresa”.
El gran logro en favor de las empresas dice Maillard, representante de CANACINTRA, es considerar que:
“Las empresas que presten servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial serán consideradas como servicios especializados”.
La COPARMEX también menciona que el acuerdo con el gobierno federal “permitió mantener la subcontratación especializada y la de servicios compartidos, figuras necesarias para alentar la competitividad del país, la reactivación económica y otorgar flexibilidad a las empresas y trabajadores”.
La COPARMEX destaca que al final no se prohibió todo tipo de subcontratación como lo pretendía el gobierno federal y que tampoco se quedó sin ninguna restricción como lo quería el sector patronal.
El texto final será fundamental para desentrañar cuales fueron los alcances de los acuerdos, que en lo conocido hasta la fecha evade fortalecer la contratación colectiva y la estabilidad en el empleo, que de no cuidarse causará graves efectos negativos en la reforma laboral.
De otros avatares
El pasado domingo 4 de abril se fue un gran amigo, José Lamberto González Ruiz, forjador del Frente Nacional de Abogados Democráticos, junto con su hermano Enrique, allá en el año de 1979 en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero.
El abogado Lamberto dejó la academia para convertirse en abogado defensor de tiempo completo y desde allí abrió caminos para trabajadores, campesinos y presos políticos. Era un hombre sencillo, con los bolsillos vacíos casi siempre, pero con un corazón de enorme riqueza, lleno de solidaridad y dignidad.