Una etapa difícil vive el proceso de la reforma laboral aprobada el pasado 1° de mayo por los ataques de grupos empresariales y sindicatos tradicionales que hacen todo lo posible para evitar que los trabajadores sean un factor determinante en las revisiones salariales, contractuales, en los contratos colectivos de nueva creación y en la elección de sus dirigentes.
El otro factor de alerta es que el gobierno federal tenga la sensibilidad para proponer un presupuesto suficiente para el año 2020, proceso que inicia en el mes de septiembre próximo, que haga posible la reforma laboral, en el entendido que tendrá que constituirse un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (que concentrará los registros de los sindicatos y contratos colectivos además de encargarse de las conciliaciones de carácter federal).
Dotar de presupuesto para la creación de juzgados federales dependientes del poder judicial de la federación (que deberán instalarse en todo el país), además de asignar recursos económicos a los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México para constituir Centros de Conciliación para la atención de conciliaciones de carácter local (32 en total) y juzgados laborales en cada una de las entidades del país (también en 32 regiones).
Dependiendo del presupuesto que se proponga, se podrá dimensionar el interés gubernamental por la reforma, porque se tiene que considerar la construcción de inmuebles, contratación de personal (jueces, conciliadores, inspectores, personal jurídico y administrativo) y su capacitación.
En este proceso también existen sectores que reclaman la necesidad de una reforma laboral que tome en cuenta sus objetivos originales de: mejora en las condiciones de vida, salariales y de trabajo de millones de asalariados. La reforma aún se considera incompleta para lograr sus objetivos.
La propuesta del Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) dada a conocer a la opinión publica recientemente y que fuera entregada al senador Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Senadores y en propia mano el pasado dos de agosto a Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, en la que destacan de manera principal las siguientes preocupaciones:
1. Desaparecer la figura de la subcontratación, porque mantenerla significaría anular la reforma laboral, ya que este modelo mercantil está ideado para el fraude y tiene como propósito extinguir una contratación y negociación colectiva real, de sindicalización, estabilidad en el empleo y seguridad social.
2. Instaurar la representación proporcional en la integración de las directivas sindicales, para lograr la inclusión de todas las corrientes minoritarias en la toma de decisiones de la negociación colectiva. Esto frenaría el ramillete de sindicatos que se han creado recientemente y que sólo propician la división de los trabajadores.
3. Que en todos los contratos colectivos de trabajo se establezcan Comisiones Mixtas de Conciliación, para que el trabajador tenga opciones de primera mano que faciliten la solución de sus problemas antes de acudir a los Centros de Conciliación gubernamentales.
4. Regresar el derecho al trabajador a recibir por escrito un aviso de despido porque la actual reforma laboral permite a los patrones despedir sin estar obligados a informar las causas del despido, lo que propicia arbitrariedades.
5. Se propone retirar la facultad del patrón de suspender indefinidamente el pago de la cuota sindical a petición de un trabajador sindicalizado por ser una acción regresiva que busca anular la fortaleza de las organizaciones sindicales y justificar la intromisión patronal.
6. Se propone retirar la facultad discrecional del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de intervenir cuando haya una “duda razonable” en los procesos de consulta a los trabajadores, y pueda ocurrir únicamente a petición del 30% de los afiliados o de la directiva sindical, y que su actuación se constriña a la de un observador, sin que pueda pronunciarse ni tener injerencia en el desarrollo de las elecciones.
7. Reducir los tiempos del proceso de consulta a los trabajadores, para evitar que la negociación se prolongue de manera innecesaria en perjuicio de las partes, ya que, en el modelo previsto en la reforma laboral, tienen que transcurrir al menos 3 semanas, (dos semanas para el aviso a la autoridad y una semana más para su implementación) más el tiempo que se requiera para procesar la documentación a la autoridad.
8. Retirar la obligación al trabajador de ofrecer pruebas desde el escrito inicial de demanda, porque la reforma laboral aprobada el pasado 1º de mayo permite al patrón contar con el tiempo suficiente para diseñar una estrategia de litigio que le dé ventaja. Esta carga procesal desigual se agudiza cuando el trabajador es contratado de palabra al carecer de pruebas documentales o en los casos de riesgos de trabajo, en los que se desconoce, además, la relación de trabajo.
La propuesta que hizo el Stunam a través de su secretario general Agustín Rodríguez Fuentes en el ámbito de las discusiones del Parlamento Laboral en el Senado de la República debe ser motivo de atención por parte de los legisladores. Son tiempos de urgencia de respuestas y congruencia.