En la mañanera del 20 de diciembre de 2018, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el Ejército Mexicano construirá el aeropuerto de Santa Lucía, en la base militar del mismo nombre, a pesar de que a principios de noviembre, durante una reunión con empresarios en un restaurante de Polanco, anunció que se realizarían “nuevas licitaciones” en las que éstos podrían participar, luego de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
Dijo en diciembre: “estamos confiando al Ejército la construcción en Santa Lucía. Ya hay un proyecto”.
Cincuenta y dos días después, el domingo 10 de febrero, durante la conmemoración del 104 aniversario de la Fuerza Aérea, López Obrador reiteró en Santa Lucía, que dicha terminal será administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Lo dijo en estos términos: “Este nuevo aeropuerto va a estar administrado por la Secretaría de la Defensa; desde luego con la normatividad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Pero la renta, los beneficios del nuevo aeropuerto civil de Santa Lucía van a ser transferidos a la Secretaría de la Defensa para fortalecer las finanzas de esta institución tan importante para el desarrollo de nuestro país”.
La normatividad a la que hizo referencia López Obrador son las fracciones IV, V y VI del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que se refieren a las atribuciones de la SCT en lo relativo al otorgamiento de concesiones y permisos “para establecer y operar servicios aéreos en el territorio nacional”, además de “regular la administración de los aeropuertos nacionales” y “administrar la operación de los servicios de control de tránsito, así como de información y seguridad de la navegación aérea”.
La afirmación del presidente de la república, en el sentido de que “ya hay un proyecto” hace suponer que la Sedena cuenta con la concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para construir y operar el aeropuerto de Santa Lucía, además de que —dada su importancia en la agenda del presidente López Obrador— dicha autorización debe estar ubicada en alguno de los archivos de trámite del instituto armado, a efecto de que el general secretario, los ingenieros militares que intervendrán en la construcción y la Unidad de Asuntos Jurídicos tengan rápido acceso a él.
Por esa razón, el 14 de febrero, es decir 56 días después de que el presidente López Obrador anunciara que la Sedena construiría el aeropuerto de Santa Lucía, realicé una solicitud de información dirigida al instituto armado, mediante la cual pedí copia de la concesión otorgada por la SCT “para construir y operar el aeropuerto civil internacional de Santa Lucía, Estado de México”.
Mediante oficio número CT/RAP/059119/173-2019, el general brigadier DEM, Jorge Ramírez Zúñiga, titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, informó la ampliación de plazo para atender la solicitud número 0000700059119, en razón de los siguientes argumentos:
· “Están realizando las gestiones necesarias para localizar la información que atienda lo requerido, a fin de dar certeza jurídica de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo como lo previenen las leyes de la materia.
“Tan pronto localicen la información, procederán a analizar si se actualiza algunos de los supuestos de reserva o confidencialidad y en su caso el daño que causaría su difusión a los bienes jurídicos tutelados por la norma.
· “En razón de lo anterior, el órgano colegiado [se refiere al Comité de Transparencia de la Sedena] procedió a analizar los fundamentos y argumentos reseñados, con el objeto de contar con los medios de convicción necesarios para emitir su resolución, con base en los siguientes considerandos”:
El “Pleno del Comité de Transparencia” analizó los argumentos expuestos por las “áreas competentes” y concluyó que “es necesario que las Dependencias recopilen adecuadamente la información para poder otorgar una respuesta que atienda debidamente la solicitud de acceso”.
No se entiende el porqué un título de concesión tan importante —en razón de estar vinculado a uno de los proyectos insignia del presidente López Obrador— deba ser “recopilado” entre las “áreas competentes” o que se requiera un tiempo mayor a los 20 días hábiles que estipula el artículo 135 de la Ley Federal de Transparencia, para hallar el documento sin el cual la Sedena estaría impedida para construir el precitado aeropuerto. La Sedena sin capacidad operativa en el NAICM
En la segunda quincena de febrero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló en su Informe de la Cuenta Pública 2017 que la Sedena “no tuvo la capacidad operativa ni técnica para construir la barda perimetral de lo que habría sido el NAICM”.
Por si fuera poco, durante la inauguración del Aviation Summit México, el director general de la International Air Transport Association (IATA) Alexandre de Juniac, manifestó sus dudas en torno de la seguridad aérea y respecto a que Santa Lucía sea operada por militares. No tardó López Obrador en descalificar a ambas instituciones.
Sin pruebas de corrupción contra constructoras del NAICM
Y si los cuestionamientos de la IATA y del Mitre no fueran suficientes, el reconocimiento de López Obrador de que “no hay elementos, no hay pruebas” para denunciar por corrupción a los involucrados en la construcción del NAICM, confirma lo que algunos analistas ya habían señalado con anterioridad respecto de que la cancelación del aeropuerto en Texcoco fue un capricho del jefe del Ejecutivo. AMLO confunde atribuciones
De paso, vale la pena precisar que el presidente López Obrador confundió las atribuciones de una corporación policiaca inexistente, pues no le corresponde a la Policía Federal «Preventiva» el denunciar los supuestos actos de corrupción en la construcción del NAICM.
En todo caso, es obligación de la SCT el denunciar la probable comisión de delitos, por ser la instancia que firmó los contratos, o a la Secretaría de la Función Pública, pues el Órgano Interno de Control en la SCT intervino en los procesos de licitación, o a la Consejería Jurídica de Presidencia de la República o al propio presidente, en su calidad de jefe del Estado mexicano, siempre y cuando contaran con indicios de la supuesta corrupción.
A la Policía Federal Ministerial y al Ministerio Público Federal les habría correspondido, en todo caso, la investigación de los delitos, si alguna de las instancias señaladas anteriormente hubiera realizado la denuncia correspondiente.
Mal hará la Sedena en declarar la reserva de la concesión otorgada por la SCT. Y peor será que se elabore una concesión a modo, que otorgue falsas certezas respecto a la construcción de un aeropuerto cuya operación es ampliamente cuestionada por dos organismos expertos en seguridad aeronáutica.