México es un mosaico de culturas, costumbres y tradiciones que revisten un valor sin parangón y lo convierten en uno de los países más ricos y diversos del planeta. Esta diversidad es, frecuentemente, motivo de celebración y orgullo pero, también, causa de muchas discordias pues, a menudo, lleva aparejada desigualdades y diferencias que son fuente de discriminación, exclusión y negación de derechos y oportunidades.
Históricamente ha sido así, somos una sociedad de castas: de sacerdotes, guerreros, artesanos y agricultores; de indios, criollos y mestizos; de gente que se discrimina una a otra por su apariencia, su condición socioeconómica, el color de su piel, su orientación sexual, y tantas y tantas (sin) razones más.
Lo anterior era un fenómeno tan normalizado que permeaba toda nuestra cultura: estaba en la literatura, en la televisión, en el aula y en el comedor. Todo el mundo reproducía esta subcultura de la discriminación que parecía natural porque hasta hace poco no sabíamos que todas las personas son “libres e iguales en dignidad y derechos”.
Sin embargo, aunque fueron proclamados en la Declaración Universal de 1948, los derechos humanos han ido apareciendo mucho más gradualmente en nuestras vidas cotidianas y se han venido consolidando muy poco a poco como divisa de nuestras relaciones sociales. En consecuencia, en nuestro país se reconocen ciertos avances en materia de igualdad y no discriminación, que son los dos rieles fundamentales sobre los que corren los derechos humanos.
El 11 de junio de 2003 se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y se creó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), cuya misión es desarrollar acciones para prevenir y eliminar la discriminación, así como formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a favor de todas las personas sin distinción. Su fundador fue el destacado luchador social y defensor de derechos humanos Gilberto Rincón Gallardo, quien logró impulsar en las Naciones Unidas la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta fue, sin duda, una gran aportación de México para todo el mundo.
Hoy, CONAPRED puede desaparecer. El presidente López Obrador ha señalado que el organismo es desconocido por el pueblo, que sólo utiliza presupuesto, que no beneficia a la gente y que es función de la Secretaría de Gobernación atender el lastre de la discriminación.
Ricardo Bucio y Alexandra Haas, como sucesores de Rincón Gallardo, lograron posicionar los temas de igualdad y no discriminación en la agenda social. Ahora es momento de concretar este paradigma en los hechos: CONAPRED ha publicado diversos diagnósticos y encuestas sobre el estado de la discriminación en el país, que han provisto un marco suficientemente detallado para conocer este fenómeno. Estos instrumentos han sido elaborados por destacados académicos de instituciones muy prestigiosas. Desde luego, resultan herramientas muy útiles y un buen primer paso para comenzar a elaborar la política pública en la materia. Del mismo modo, se reconoce la participación del organismo en diversos foros internacionales y su liderazgo en temas de diversidad sexual, trabajo doméstico, comunidades afrodescendientes, tribus urbanas, género, etc.
No obstante, no podemos quedarnos en la teoría y el diagnóstico, en esa parte académica y de análisis del fenómeno. Tampoco podemos constituirnos solamente en una especie de policía de la corrección política y limitarnos a ser inquisidores de aquellos que, por ignorancia o por crueldad, se expresan todavía con dolo acerca de otras personas. Desde luego, la discriminación debe ser sancionada; sin embargo, es necesario usar la persuasión más que la coacción; la sensibilización y la promoción de la diversidad más que la sanción.
El presidente acierta en un punto: el pueblo no conoce al CONAPRED y tampoco es consciente del daño que la discriminación causa en toda la sociedad; por ello, considero necesario promover una Campaña Nacional contra la Discriminación que alcance masivamente a la sociedad. Una campaña que involucre a todas y todos en este país, que toque profundamente la conciencia, el entendimiento y el corazón de las personas, para que de esa manera nunca más vuelvan a ver, en la diversidad, motivos de discriminación. Se debe transformar la idea de que el origen étnico, género, sexo, edad, condición social, de salud, religión, orientación sexual o cualquier otro son motivos de discriminación; que constituyen una diferencia en el valor de las personas. Todas y todos somos igualmente dignos: no hay distinciones que cuenten.
Los medios de comunicación tienen una gran deuda con la sociedad en la lucha por la igualdad y la no discriminación. Ellos, en gran medida, han sido reproductores de estereotipos y violencias. Ahora, tendrían que involucrarse en esta gran campaña y ayudar a educar a la sociedad en la cultura del respeto, la tolerancia, la igualdad y la no discriminación. Después de tantos años de chistes y burlas hacia lo diferente, hacia lo que es considerado inferior, los medios tienen la oportunidad de saldar su deuda y reparar el daño que han causado alimentando la subcultura de la discriminación.
Del mismo modo, es necesario que la política pública antidiscriminación se desarrolle de manera transversal, de forma que todos los organismos e instituciones de los tres niveles de gobierno generen prácticas incluyentes e incorporen a su planta laboral a personas que se encuentren en una mayor situación de vulnerabilidad. En el mismo sentido, las dependencias gubernamentales deben ser las primeras en brindar un trato digno y con enfoque de igualdad y no discriminación a las personas que se encuentren en esta situación.
Lo anterior no debe restringirse al ámbito de lo público sino que debe trasladarse sobre todo al ámbito privado. Por ello, la política pública antidiscriminación debe encargarse de capacitar y certificar a las entidades privadas, centros de trabajo, escuelas, negocios abiertos al público, etc., para que éstos sepan cómo deben manejarse en materia de igualdad y no discriminación, cuáles son las mejores prácticas en esta materia y qué vicios deben desterrar. CONAPRED debería expedir un distintivo que acreditara a empresas y comercios como espacios donde se practica la igualdad y se encuentran libres de prácticas discriminatorias, así como realizar verificaciones y refrendos periódicos.
Pero la labor del organismo encargado de prevenir la discriminación debería ser también erradicarla, no sólo mediante la sanción moral o administrativa, o la educación y el establecimiento de normas y mejores prácticas, sino a través de la gestión directa de apoyos y oportunidades para grupos vulnerables en forma de créditos, bolsas de trabajo, becas educativas, etc. Porque de nada sirve llamar la atención sobre el fenómeno si no se brinda un apoyo directo y el acompañamiento necesario a las personas víctimas de discriminación: a la persona con discapacidad que no puede acceder libremente a su espacio educativo, a la mujer transexual que no puede alquilar una vivienda, a la trabajadora del hogar a quien no se le otorga la seguridad social a la que tiene derecho, al miembro de alguna tribu urbana que no es contratado en ningún empleo a causa de su aspecto, etc.
La igualdad y la no discriminación no se erradican sólo con buena onda, sino con trabajo y gestión decididos. Por ello, frente a la decisión que se tome respecto del futuro Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, hago votos porque el Estado mexicano construya una verdadera política de Estado en la materia.
#HagamosComunidad