Se impuso el realismo y las difíciles circunstancias de seguridad que enfrenta el país y, en consecuencia, el Presidente Electo López Obrador anunció que las Fuerzas Armadas seguirán en las calles haciendo labores de seguridad, no obstante las críticas y reclamos de diferentes colectivos que han demandado regresar a los militares a los cuarteles.
Lo cierto es que se trata de una sana rectificación a lo señalado en campaña por López Obrador, quien había venido sosteniendo que regresaría a la milicia a sus instalaciones.
Reforma policial
Es evidente que ante la grave situación de inseguridad y violencia que vivimos no es una buena opción que los militares se abstengan de intervenir en acciones de protección a la ciudadanía, toda vez que no se cuenta con una estructura policial suficiente, además de que gran parte de las corporaciones están sometidas o infiltradas por los grupos delictivos.
Sin embargo, lo anterior no significa que se deba mantener la situación actual de manera permanente, se requiere el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de tareas que originalmente no les corresponden, pero para ello se tiene que emprender una verdadera reforma policial que permita de una vez por todas mejorar y limpiar a los cuerpos policíacos federales, estatales y municipales. Es una reforma clave e impostergable.
Hasta ahora los esfuerzos para depurar, certificar y limpiar las policías han sido un fracaso, sobre todo en el ámbito municipal. Salvo notorias excepciones, las autoridades locales no han emprendido acciones contundentes para mejorar sus áreas de seguridad, en especial la mayoría de los Alcaldes eluden su responsabilidad por comodidad, complicidad con la delincuencia o corrupción, manteniendo cuerpos policiacos sin certificar, mal preparados, mal pagados y que sirven a la delincuencia. Pelean los recursos federales en materia de seguridad pero no los aplican correctamente, o de plano los desvían.
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la propia Constitución de la República en su artículo 21 establecen la obligación de los elementos de las instituciones de seguridad pública de certificarse en control y confianza para acceder y mantenerse en dichas instituciones, sin embargo, en los hechos, se mantienen en funciones a los elementos reprobados eludiendo esta obligación. Señala el artículo constitucional citado: “Ninguna persona podra´ ingresar a las instituciones de seguridad pu´blica si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema”. Este dispositivo constitucional lo incumplen de manera reiterada la mayoría de los Alcaldes del país, que luego demandan el auxilio del Ejército, sin que hagan nada en el ámbito de responsabilidad que les corresponde.
Seguridad
Incluso si un superior jerárquico concede el nombramiento a quien está reprobado en control y confianza o lo mantiene en funciones incurre en un delito penal. El gran problema es que ni el ministerio público ni los jueces proceden contra quienes mantienen a esos elementos que no cumplen con los requisitos de ley, y cuando alguien presenta una denuncia por esa actividad delictiva con pretextos eluden actuar.
Esto ha ocasionado que las policías municipales sean en su gran mayoría inoperantes o cómplices de los delincuentes. Una verdadera reforma policial implica enfrentar este problema con decisión y limpiar de una vez por todas las corporaciones. En ello no debe haber medias tintas.
Una auténtica reforma policial es un camino sólido para recuperar el control territorial hoy en manos de la delincuencia en varias regiones del país, y empezar a proyectar el retiro de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles, hacerlo antes sin mejorar el andamiaje policíaco sería un desastre aún mayor al que hemos vivido en materia de seguridad durante estos años.