Antes de iniciar el año 2020 realicé un análisis sobre ciertos factores positivos y negativos que determinarían con el paso del tiempo ciertos resultados. Muy pocos asesores y funcionarios de cada dependencia están consolidando una buena planeación, organización, dirección y control para obtener resultados; tanta ha sido su omisión que hasta han criticado al personal militar por cumplir las encomiendas, -pero nadie le quiere entrar de lleno al trabajo-. ¿Cuántos funcionarios realmente están sumando para realizar una transformación? Muchos solo están ocupando el puesto para disfrutar el poder, los sueldos, las prestaciones, colocar a sus esposas y amigos, pero el trabajo... ahí como salga.
Estos resultados hoy se están palpando y están causando un impacto en la economía, política, seguridad interior y pública en todo el territorio nacional. Se observa mucha falta de supervisión y auditoría constante, así como una mayor comunicación y cooperación para el trabajo en equipo -que no han podido unificar-, pero los costos políticos no se han hecho esperar.
México no puede esperar y está viviendo una metamorfosis. Los que no están escuchando y comprendiendo son los legisladores y funcionarios de alto nivel, que la clase mexicana más desprotegida tiene sed de justicia, quieren ver a los corruptos en la cárcel, quieren ver que realmente paguen su responsabilidad, -lo cual se ve muy distante-.
El próximo 2021, es posible que las elecciones den un giro de no atender la voz del ciudadano para proteger el interés público y social. Los efectos negativos de esta transición los está padeciendo principalmente el ciudadano de a pie, quienes no pueden dejar de trabajar. El pensamiento sistémico de los asesores eruditos y bufones no logran entender -o se hacen- que el sector privado y la economía informal son los más golpeados en estos momentos, ya que son asediados por los impuestos, la delincuencia en todas sus modalidades y para rematar con el covid-19.
Se prevé que en próximas fechas, habrá un incremento del índice delictivo de delincuencia local (robo a negocio; robo a casa habitación; robo a pasajero a bordo de transporte colectivo y el secuestro) para satisfacer necesidades básicas. Ésta es una realidad que está siendo maquillada con comunicados que no dejan satisfechos a los ciudadanos que lo padecen día a día, quedando la estrategia del proyecto de nación en solo buenas intenciones.
Caso covid-19 de un oficial retirado
El derecho a la salud debe garantizar el acceso a una atención integral y un trato digno. Este derecho es inalienable para todos los seres humanos sin importar su condición social, económica, cultural o racial. Deben existir políticas y procedimientos para implementar las medidas que permita garantizar a todas las personas la disponibilidad de servicios de salud establecido en el art. 4/o. de nuestra Carta Magna e instrumentos internacionales de donde México es parte.
El art. 142 de la Ley del ISSFAM establece: …“ La Atención Médica Quirúrgica es el sistema por el cual se trata de conservar y preservar la salud de las personas, entendiéndose por este concepto no sólo el bienestar físico y mental, sino también la ausencia de enfermedad. La atención médico-quirúrgica a los militares con haber de retiro, y a los familiares de los militares que perciban haberes y haber de retiro, se prestará por el Instituto en sus propias instalaciones o como servicio subrogado, con base en la aportación del Gobierno Federal especificada en el artículo 221 de esta Ley. También tendrán derecho al servicio médico integral en los términos señalados en el párrafo que antecede, los derechohabientes del militar sentenciado a cumplir una pena privativa de libertad, que no haya sido destituido de su empleo”.
Todo esto es en relación al caso de un oficial retirado del Ejército, que acudió el día 17 de marzo del actual al hospital de zona ubicado en el campo militar de Temamatla, en ese momento presentó síntomas propios de covid-19, quien, al ser revisado y valorado, los directivos de este nosocomio tomaron la decisión de que fuera trasladado en una ambulancia militar hacia el Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca, Estado de México.
No se sabe con certeza qué fue lo que motivó la orden, política o el procedimiento que amparó esta medida, puesto que era más sencillo trasladarlo al Hospital Central Militar, lo cierto es que fue reubicado el paciente sin un consentimiento informado. Una vez que arribó al citado nosocomio, fue inmediatamente aislado e inclusive no se le proporcionó agua o alimentos suficientes, cuando tuvo oportunidad de hablar con un médico civil, éste solo se limitó a decirle que él no sabía nada, y que aparte necesitarían ver cómo le harían -ya que se iban a contaminar sus utensilios- resaltándose la discriminación y omisión al no revisar el expediente clínico. Ya de manera tardía se enteraron que el paciente padece de diabetes, y le estaba provocando más problemas en su estado de salud. Aunado a todo esto, el día 25 de marzo del actual le dieron a firmar un documento, donde se le responsabiliza de pagar una deuda de aproximadamente $29,267.72 pesos (cuenta por cobrar) sin que nadie le informara al citado oficial retirado sobre el porqué de esta situación, ya que tiene el derecho de gozar de dicho.
Esperemos que este caso de Negligencia Médica sea atendido y revisado por la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea; ya que en este caso, no se logró materializar y garantizar al 100% el pleno ejercicio al derecho a la salud.
Pongo de ejemplo este caso que atendí de primera mano, porque no veo las medidas necesarias para controlar ni contener la propagación del virus entre los elementos militares. Las medidas que utilizan en la mayoría de las unidades militares, y que he visto personalmente que usan un par de soldados de sanidad en las entradas, es solo para dar gel antibacterial y tomar la temperatura con un termómetro para verificar la salud del elemento militar. Si se llega a tener duda de algún síntoma, lo envían a la enfermería de la unidad, y ésta determina como medida mandar al elemento posiblemente infectado a su casa por dos semanas, cosa que pone en riesgo a la mayoría del personal, ya que no se tiene la certeza de que su compañero esté infectado o no de covid-19. Caso contrario al protocolo que se lleva a cabo en la Secretaría de Marina, que el 28 de marzo detectó que un familiar de 7 marinos era positivo de covid-19, mismos que fueron aislados como medida de seguridad y se ordenó el cierre de la DIGOCOPER y UNIJUR, hasta que pase el riesgo de contagio, mandándolos a hacer trabajo en casa.
Recordemos que quienes están luchando hombro con hombro con los doctores/as, enfermeras/os, especialistas de la salud, son las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, en todos los frentes, saben de los riesgos que puedan surgir, solo piden dos cosas: la primera, que se les den las herramientas para cuidar su integridad física y poder apoyar a la población civil; la segunda, que en caso de ser portadores del virus, se les atienda en las instalaciones militares, y en caso de un posible fallecimiento, no se vaya a dejar desamparada a su familia, con el pretexto de que se contagió de la enfermedad en actos fuera del servicio, cosa que dejaría a sus derechohabientes y familia desamparados y en el abandono.
Es muy común que la Secretaría de la Defensa Nacional utilice como justificación este concepto legal para no responder a los deudos de los soldados. Este pedido es muy especial y se le hace directamente a mi Gral. Secretario Luis Cresencio Sandoval González, ya que muchos de sus allegados toman decisiones de manera administrativa sin consultarlo con el alto mando, cosa que ha sucedido en muchas, muchas ocasiones.
El saludo
Por último, el video que circuló en todas las redes sociales y medios de comunicación a nivel nacional e internacional, donde se aprecia al presidente de México Andrés Manuel López Obrador, ir a saludar a la madre de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo”, me deja un sabor de boca muy amargo, les explico porqué.
Para quienes no conocen el estado de Sinaloa, les parecería una cuestión anecdótica el hecho de que en Badiraguato se encontrara el presidente a la señora María Consuelo Loera Pérez, madre de “El Chapo”, quien no es una delincuente como tal, ni está siendo investigada por los actos criminales de su hijo y de sus nietos, pero que manda un mensaje de cercanía para con su familia, que es de todos conocido. Son parte fundamental del Cártel del Pacífico o de Sinaloa, como prefieran llamarlo, aunado al hecho de que en política no existen coincidencias, y mucho menos en que para poder acceder al triángulo dorado donde se encuentra Badiraguato, es una zona controlada por este cártel; y que el dispositivo de seguridad que cuida al presidente, aunque algunos sigan pensando que no existe, pero que es mucho más grande de lo que pueden observar. Forzosamente se tuvo que dar aviso a la gente del cártel, por lo que el mensaje es todavía peor.
Para quienes se sienten ofendidos, como lo son los militares y marinos que han visto a sus compañeros morir en enfrentamientos con miembros de ese cártel. Cómo olvidar el Culiacanazo, cómo olvidar que el 30 de septiembre de 2016 donde asesinaron a cinco elementos militares que estaban trasladando a un delincuente herido, que dejó también a madres con hijos muertos, por cumplir con su deber.
El señor presidente no entiende que el mensaje es que vale más la madre del narcotraficante más poderoso del mundo, que la madre de cualquier marino o soldado que pierde a un hijo. Debe entender que él es el comandante supremo de la Fuerzas Armadas y que sus actos afectan de forma positiva o negativa la moral de sus tropas que son, como él mismo reconoce, quienes más han estado hombro con hombro luchando por la cuarta transformación.
Ojalá nuestro presidente entienda la magnitud del mensaje que ha mandando, ya que parecería que vale más tener una buena relación con la gente de Sinaloa que con sus tropas.