A la administración norteamericana de Joe Biden no le interesa la suerte de México respecto al alud migratorio, que amenaza con colapsar la economía, salud y seguridad de varias ciudades fronterizas.
Bajo el argumento de que es mejor permanecer en México, hasta que Estados Unidos decida quién califica para ingresar a su territorio, en el país azteca hay que soportar oleada tras oleada de migrantes, y con ello una serie de problemas de salud, seguridad y económicos.
Los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP por sus siglas en inglés), denominado "Quédate en México”, iniciado en enero del 2019 y suspendido dos años después, le está pasando la factura a este país que tiene que soportar rebeliones y hechos delictivos, por parte de algunos extranjeros que quieren alcanzar el sueño americano.
Este programa, que comenzó en 2019, a través del cual los solicitantes de asilo se vieron obligados a esperar en México mientras buscaban respuesta en los Estados Unidos, sirvió, en el trasfondo, para que Washington se lavara las manos de un problema mundial.
Expertos sostienen que muchas personas que fueron sometidas a los MPP sufrieron daños graves, incluyendo secuestro, asalto y separación familiar.
Los MPP terminaron por orden ejecutiva en enero de 2021. En febrero de 2021, aproximadamente 20,000 personas atrapadas en los MPP comenzaron el proceso de libertad condicional en Estados Unidos. Hasta ahora, solo las personas con casos "activos" son elegibles para la libertad condicional.
Estados Unidos ha hecho lo que le ha dado la gana en esta materia y ha dejado que México resuelva el problema de los migrantes que se encuentran en su territorio y que buscan afanosamente irse al país del norte.
México no tiene la energía para protestar diplomáticamente y permite que en su territorio se vayan quedando miles de personas que, al no ser recibidas en Estados Unidos, se han convertido en una carga para nuestro país.
A partir de marzo de 2021, solo las personas con casos de MPP "activos" están autorizadas a solicitar la libertad condicional en Estados Unidos a través del proceso de liquidación del MPP.
Aquellos a quienes se les ordenó la expulsión o cuyos casos nunca se presentaron ante los tribunales de inmigración, aún no son elegibles para ingresar a Estados Unidos a través del programa de reducción del MPP.
Aún no está claro si se crearán procedimientos para estos individuos u otras personas que estaban en MPP. Las personas con órdenes finales de deportación que posteriormente ingresaron a Estados Unidos sin inspección, podrían estar sujetas a deportación.
La semana pasada, migrantes de diversos países atacaron a golpes en las inmediaciones del municipio de Pijijiapan, Chiapas a agentes de la Guardia Nacional de México, uno de los cuales fue salvajemente golpeado por la turba. Ello revela lo que seguirá en los próximos meses en México: enfrentamientos con tal de llegar al río Bravo.
El enfrentamiento se originó cuando elementos de la Guardia Nacional intentaban detener el avance de los extranjeros que transitaban por la carretera costera chiapaneca hacia el norte del país.
A pesar de este grave incidente, que fue documentado en un video que circula en redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador en vez de defender la seguridad nacional ordenó una investigación por la represión oficial a los migrantes. O sea, las cosas, al revés cuando fueron los extranjeros los que atacaron a pedradas las unidades de la Guardia Nacional.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador cometió un grave error al abrir la frontera sur al paso incontrolado de haitianos, hondureños, cubanos y de otras nacionalidades.
La caravana migrante ha desnudado la fragilidad no sólo de la frontera sur, sino de la seguridad nacional en sí y la vulnerabilidad del gobierno. Cualquiera, con una bandera y un niño por escudo, puede cruzarla. No hay control. La frontera es porosa, insegura, inestable.
México no está preparado para hacer frente a una invasión extranjera, que literalmente ha ocurrido con la permisividad del Ejecutivo Federal, que desautoriza a las fuerzas del orden a emplear las armas para repeler las agresiones.
Debiera preocupar ese escenario porque en el momento menos esperado las ciudades fronterizas podrían ser tomadas por asalto.
Algunos podrán estar a favor de apoyar a los migrantes y otros. en todo su derecho. de rechazarlos bajo el argumento que traerán una serie de problemas sanitarios, económicos y de seguridad.
La administración Biden ha dicho que sigue trabajando en establecer políticas que tomen en cuenta la seguridad de la frontera y la protección de aquellos que buscan una salida desesperada a las amenazas que enfrentan en sus países de origen.
Estados Unidos se ha encargado de recordar constantemente que las personas no deben acercarse a la frontera, incluso en los puertos de entrada.
“Si intentan entrar a los Estados Unidos fuera de los casos autorizados, perjudicarán sus posibilidades de ser admitidos en el futuro”, señala un alerta oficial.
Y a México, que se lo lleve la fregada.