Estoy seguro que cada vez que somos víctimas o testigos de un delito nos preguntamos qué podemos esperar de las instituciones de procuración de justicia en nuestro país. Desde cualquier perspectiva resulta obvio que la respuesta a este cuestionamiento es que esperamos la sanción de los responsables de los ilícitos cometidos, atención integral de las víctimas y reparación del daño. Sin embargo, lo que vivimos día tras día en México, refiere una realidad completamente distinta pues dados los resultados de nuestras instituciones pareciera que es difícil esperar algo significativo en esta materia.
Acorde con los resultados de la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), aproximadamente en el 33% de los hogares hubo una víctima del delito durante 2014. Esto significa que por lo menos en 10 millones 801 mil 44 hogares, alguno de sus integrantes fue víctima de algún delito; por un total de 33 millones 704 mil 32. Si para analizar esta cifra retomamos las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que refieren que se iniciaron 1 millón 590 mil 331 averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas por delitos del fuero común por parte de las procuradurías y fiscalías estatales; se observa que existe una amplia cantidad de ilícitos no denunciados ante las autoridades correspondientes que equivale a 92.8% de acuerdo con la ENVIPE.
Desde el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) hemos insistido que difícilmente se puede combatir o controlar lo que no se conoce ni reconoce en materia de seguridad y justicia. En el caso de la incidencia delictiva en nuestro país, ello representa una situación bastante delicada pues no sólo significa que permanecerán impunes aproximadamente 93% de los delitos ocurridos en el país, que la atención a las víctimas directas e indirectas será prácticamente nula sino que se están generando las condiciones para que estos continúen cometiéndose sistemáticamente en nuestro país. Ante estas condiciones ¿qué procuración de justicia podemos esperar? ¿Podemos esperar un combate y control efectivo del fenómeno delictivo si sólo se conoce cerca del 7% de la incidencia total? ¿Podemos esperar una mejora en nuestras condiciones de vida si nuestras autoridades carecen de un diagnóstico integral sobre la situación? Lamentablemente, las respuestas de los tres cuestionamientos son obvias y apuntan hacia la misma dirección: no podemos esperar efectividad ni eficiencia frente a la violencia ni a la delincuencia por parte de nuestras instituciones de seguridad y justicia.
Este escenario se torna un tanto más preocupante si consideramos los argumentos que suelen utilizar nuestras autoridades en cuanto a las víctimas de los delitos perpetrados, ya que las niegan, las criminalizan, las minimizan o las culpan de lo sucedido. Hay distintos ejemplos que evidencian esta actitud y narrativa oficial, sin embargo, quiero hacer alusión a un caso reciente, el homicidio del alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte. Respecto a este hecho, el pasado fin de semana, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo justificó el homicidio del edil y lo responsabilizó de su propia muerte, pues comentó que se expuso a viajar de noche por las carreteras de las entidades. Con este tipo de declaraciones, pareciera que al gobernador Astudillo no le importa el sentir de las víctimas directas e indirectas, a quienes sin dudarlo revictimiza y culpa por la comisión del delito al tiempo que acaba por reconocer que la entidad es un Estado fallido en manos de grupos delincuenciales.
Si bien este es un caso indignante, no es el único ni el más grave sino que se suma a un listado de miles de hechos de distinta naturaleza, en los cuales nuestras autoridades optan por desconocer que estos son resultado de políticas fallidas de desarrollo económico, social, educativo; optan por desconocer su falta de capacidad para prevenir, disuadir, combatir y controlar el delito; optan por desconocer las grandes deudas que tienen con las víctimas en materia de procuración de justicia y reparación del daño. En otras palabras, pareciera que nuestras autoridades se niegan a ver que la culpa no es de quien viaja de noche, de quien consume bienes de mayor valor respecto al promedio, de quien es mujer o de quien simplemente transitaba en el momento y lugar equivocado. Nuestros funcionarios no quieren ver que la actual crisis de seguridad se debe a que no contamos con políticas públicas adecuadas que desincentiven la comisión sistemática de ilícitos y la reincidencia de los respectivos sujetos activos.
¿Qué se puede comenzar a llevar a cabo para abandonar este estadio en el que nos encontramos sumidos? Considero que una de las cuestiones prioritarias que debe ser atendida es la carencia de diagnósticos oportunos y objetivos en la materia, desde esta perspectiva hay tres acciones fundamentales: incentivar la denuncia, dialogar y colaborar constructivamente con la sociedad civil, así como publicar estadísticas derivadas del Informe Policial Homologado (IPH) como una fuente complementaria de información sobre incidencia delictiva.
- Para incentivar la denuncia no sólo se requiere una campaña de sensibilización dirigida al ciudadano, sino que también implica un trabajo interno de las instituciones de procuración de justicia para mejorar la atención a las víctimas y garantizarles un trato digno y humano. Si como ciudadanos no comenzamos a experimentar este cambio en la cultura organizacional de las procuradurías y fiscalías generales de los estados difícilmente aumentará nuestra confianza en las autoridades correspondientes en la materia.
- Debe existir apertura al diálogo y la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil que han analizado la problemática de seguridad o que han atendido a víctimas de conductas delincuenciales, pese a que los hallazgos o casos presentados por estas no coincidan con la narrativa oficial y que efectivamente evidencien focos rojos en la materia. Únicamente se puede resolver eficientemente un problema si se reconoce a tiempo y la realidad es que me sobran ejemplos de autoridades que en lo personal, ante los señalamientos que hemos hecho, me han descalificado o incluso amedrentado; autoridades que no han atendido las advertencias y que han llevado a máximos históricos en materia de secuestro, extorsión, homicidio; aumentos o repuntes de la incidencia delictiva y la violencia en entidades como Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero o Baja California.
- A pesar que el sistema de justicia acusatorio le permite a los policías recibir denuncias e investigar, la verdad es que continúa permaneciendo en manos de los agentes del ministerio público la investigación y esclarecimiento de los hechos delictivos. Aunado a ello, la información captada por los policías a partir de sus actuaciones o de los hechos que le son reportados, no necesariamente es compartida con otras autoridades de seguridad y justicia, lo cual evidencia que contamos con un sistema de información un tanto incompleto en estas materias. La prueba esencial de esta situación radica en que no son públicas las estadísticas referentes al IPH, el cual es un esfuerzo iniciado por la pasada administración federal para registrar de manera homologada la actuación de los policías frente a un hecho delictivo o falta administrativa.
Si no comenzamos a tratar de comenzar a remediar la crisis en la que se encuentra el país, siquiera a partir de las acciones enlistadas continuaremos sumidos en aquella retórica oficial que sin reparo afirma que “vamos mejorando” y que lo que ocurre son hechos aislados.
Actualmente, ya estamos atestiguando un frentazo significativo del gobierno federal, el incremento del homicidio doloso luego de que por varios años se negaron a ver que el problema de seguridad no estaba resuelto. Esta situación es sumamente preocupante pues pareciera que no les queda claro que no se trata de un simple reajuste de líneas discursivas, sino que se trata de miles de vidas que continúan perdiéndose y siendo dañadas a causa de la delincuencia y violencia desatendida por las autoridades de los tres niveles de gobierno. Definitivamente no es algo menor, pues si se mantiene la actual tendencia, 2016 terminará con un total de 17 mil 761 carpetas de investigación equivalentes a una tasa de 14.53 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes y con alrededor de 19 560 víctimas directas de este ilícito.
¿Qué podemos esperar de las instituciones de procuración de justicia si no se incentiva la denuncia, colabora con sociedad civil y se usan sistemas alternos de información para entender el fenómeno delictivo? Poco, muy poco. Necesitamos cambiar la cultura organizacional de las procuradurías y fiscalías bajo la cual se amparan frases como las siguientes: “¿de verdad quiere denunciar?”, “nos vamos a tardar unas tres horas en atenderlo” o “la culpa es suya por andar con un celular en la calle… así claro que lo asaltan”. Para alcanzar esto es necesario que como ciudadanos percibamos que quien encabeza las instituciones tiene un verdadero interés en resolver eficientemente el problema y la principal señal es que reconozca la crisis de seguridad humana en la cual nos encontramos para empezar a atenderla y solucionarla. Mientras que eso no suceda no podremos esperar una efectiva procuración de justicia en nuestro país.
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