Fiel a su estilo, el presidente López prometió el pasado lunes que, en seis meses, es decir, en octubre del presente año, los efectos de sus políticas sociales nos llevarán a sentir un aumento en la seguridad del país.

Para quienes nos dedicamos al análisis de las políticas relacionadas con la seguridad y la justicia, una declaración de esta naturaleza preocupa más de lo que alegra.

Por un lado, el presidente sigue confundiendo términos como seguridad, incidencia delictiva y violencia, y los utiliza como si fuesen sinónimos, lo que no abona a entender qué es lo que realmente busca atacar.

Por otro lado, sobran los ejemplos de gobiernos que han prometido mejoras que no se han cumplido. El pasado mes de marzo, en el Observatorio Nacional Ciudadano presentamos el documento Del Dicho al Hecho, la Seguridad en Voz de Peña Nieto, donde pusimos en evidencia cómo el expresidente negó o relativizó la crisis de incidencia delictiva y violencia del país.

Recordemos que hace tan sólo 19 meses el expresidente afirmaba que la situación del país estaba mejorando, que los delitos se encontraban en descenso y la situación contenida. Sobra decir que ese mismo año -2017- terminó como el año más violento en materia de homicidios dolosos, mismo que fue superado por los resultados negativos de 2018.

La declaración de que el horizonte de la seguridad para el país es visible, proviene de la conferencia que todas las mañanas ofrece López. El mandatario promete una vez más que la seguridad llegará al país al tiempo de que sus políticas sociales maduren.

Lo hace tras un fin de semana que concluyó con una serie de multihomicidios que nos recuerdan que los delincuentes no discriminan bebés, niños o adultos mayores, cuando se trata de ejercer la violencia. En Veracruz, en San Luis Potosí, en Tabasco, la muerte de infantes inocentes se sumó a la de otras muchas víctimas que durante los mismos días perdieron la vida en otras entidades.

Tras el arranque de su gobierno, a tan sólo días de haber iniciado, López afirmó que ya había signos de contención del homicidio y otros delitos, lo mismo que sucedió en enero, en febrero, en marzo y en abril.

Los datos hablan

Los datos oficiales disponibles hasta el mes de marzo lo han contradicho una y otra vez. Tan sólo si se analiza el periodo enero-marzo de 2019 contra el mismo periodo de 2018, las víctimas de homicidio doloso y feminicidio crecieron 8.75%; las de secuestro 35.29%; las de extorsión 43.15%; las de trata de personas 33.01%, y los casos de narcomenudeo 12.53%; las violaciones 23.29%; los robo con violencia 3.53%; los robo a negocio 9.93% y los robo a transeúnte 13.52%.

Si ampliamos el análisis e incluimos el mes de diciembre, podemos observar que el arranque de este gobierno, comparado con los anteriores tres inicios de gobierno federal, concentra las mayores tasas de homicidio doloso, feminicidio, extorsión, robo con violencia y robo a negocio.

Sabemos que el país está en crisis, para poder aportar soluciones efectivas debemos partir por recordar que esta crisis no inició con el gobierno del presidente López, que es una crisis efecto de la suma de malas decisiones e irresponsabilidades compartidas, y la solución reside en que todos nos asumamos corresponsables.

Debemos impulsar la construcción de políticas locales de seguridad, crecer el aparato de procuración de justicia, mejorar las condiciones laborales de policías, peritos y ministerios públicos, invertir en la construcción de instituciones locales, rescatar Policía Federal, construir inteligencia y sobre ella, desarrollar planes de prevención situacional del delito y la violencia[1].

En contraste, el gobierno federal sigue confundiendo prevención del delito, prevención de la violencia y desarrollo sociales como si fuesen sinónimos. Sigue criminalizando la pobreza a pesar de las evidencias de que muchos delitos no son cometidos por las personas con menores recursos económicos y sociales. Impulsa una nueva institución de seguridad -gendarmería Nacional- sin que exista un claro proyecto. Desacredita a Policía Federal con información falsa acerca de las capacidades de esta institución y del número de efectivos con el que cuenta. Presume un combate a la corrupción mientras que debilita procesos institucionales, órganos autónomos de supervisión e investigaciones en materia.

¿Son suficientes los programas sociales del presidente López para combatir la incidencia delictiva y la violencia? Si bien reconozco su importancia, incluso su necesidad, debo insistir que no.

¿Es la Guardia Nacional la pieza clave que resolverá los problemas del país? Las fuerzas armadas y la Policía Federal son grandes instituciones al servicio de los mexicanos, no obstante, por sí mismas son insuficientes para resolver la crisis que vivimos.

Por lo tanto ¿es posible que con las actuales decisiones del gobierno federal se reduzca el delito y la violencia? Lo dudo. Me gustaría darle al gobierno de López el beneficio de la duda, me lo impide que las consecuencias por la falta de resultados nos siguen costando decenas de miles de vidas.

Espero que el presidente decida reflexionar sobre las políticas públicas que ha puesto en marcha, porque si bien no es responsable de la crisis de violencia que encontró en nuestro país, si será responsable de la que mantenga y herede.