Este fin de año la discusión del PEF, el presupuesto de egresos de la federación, apunta a ser particularmente álgida. La Secretaría de Hacienda acaba de entregar el domingo pasado a la Cámara de Diputados su propuesta para el 2020. En ella se dará la discusión central y deberá haber un presupuesto aprobado por mayoría el 15 de noviembre a más tardar.
No hay documento de política pública más importante pues en él se señala el monto a gastar y, más importante, cómo se va a distribuir el dinero del gasto público. Lo que incluye a los tres poderes de la federación, ejecutivo, legislativo y judicial, a las entidades autónomas y a los gobiernos estatales y municipales.
El presupuesto se desgaja en múltiples destinos que van del pago de los intereses de la deuda acumulada a los costos de la administración, lo destinado a proyectos de inversión, programas sociales y de impulso a la producción, pensiones y demás. En conjunto el presupuesto es la radiografía de las prioridades, y también de las limitaciones gubernamentales.
Este presupuesto es ya el centro de disputa entre grupos y entidades con intereses legítimos pero difícilmente caben todos bajo la cobija de la austeridad. El dinero no alcanza.
Las reacciones ante el presupuesto se pueden ver en dos niveles, en primer lugar el general y en segundo el de la multitud de intereses particulares.
En el plano general la reacción de los grandes capitales financieros y empresariales es predominantemente buena pero desconfiada. Representa bien esta posición el licenciado Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana cuando califica al paquete económico (ingresos y egresos) como “conservador y ortodoxo”, lo que viniendo de su parte es un elogio. Ah, pero también dijo que era “optimista y hasta soñador”. Una linda manera de expresar su escepticismo.
Desde la perspectiva financiera el presupuesto es ortodoxo porque es austero. El gobierno va a gastar menos de lo que recibirá de ingresos y el diferencial se destinará al pago de los intereses de la deuda. Con ello se contiene el incremento del endeudamiento y se genera confianza en la capacidad de pago gubernamental. Por otra parte, es optimista y soñador porque proyecta un ritmo de crecimiento y una plataforma de producción petrolera, de los que dependen buena parte de los ingresos que podrían no ser alcanzados.
Si no se alcanza un crecimiento del 2 por ciento en 2020 se verían afectados los ingresos y eso daría pie a todavía menor gasto, o endeudamiento. Y la mayoría de los analistas ubican el futuro crecimiento de ese año en alrededor del 1.4 por ciento.
Viene al caso recordar que las cifras de julio pasado señalan una baja de 10 por ciento en la captación del impuesto sobre la renta respecto al mismo mes del año anterior. También bajó la entrada de IVA en un 7.9 por ciento. Lo que daría pie a pensar que en lo que resta de este año podría ocurrir un crecimiento menor al previsto, incluso negativo. Para el Banco de México, en desacuerdo con AMLO, la perspectiva es de marcada incertidumbre.
El equilibrio fiscal y gastar menos de lo que se recibe, para no incrementar la deuda son bien vistos, todos opinan que es lo mejor siempre y cuando y la austeridad recaiga en los bueyes de mi compadre y no en los propios.
La Confederación de Cámaras Industriales se opone a la reducción de la inversión física, desde construcción y mantenimiento de carreteras, escuelas, hospitales y demás. No sólo tendría un efecto negativo en la generación de empleo, ellos dicen, sino en el número y monto de contratos públicos, yo creo.
Es tal la preocupación que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, dijo que puede haber un pequeño margen de maniobra en la búsqueda del superávit primario; es decir que para ellos el presupuesto podría ser algo menos ortodoxo.
No son los únicos preocupados.
La Conago, que abarca a prácticamente todos los gobernadores de todos los partidos, ha programado reuniones para armar un frente común y buscar que se modifique el actual proyecto. Van a pedir una reunión con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera y todo su equipo para que no les reduzcan presupuestos, el de infraestructura y los demás.
Desde más abajo en la escala socioeconómica también surgen protestas. Si no se modifica la propuesta presupuestal los pueblos indígenas sufrirán un brutal recorte en apoyos, dijo la Red Nacional Indígena.
Por su parte el Consejo Agrario Permanente, que abarca a diversas agrupaciones de productores rurales, afirma que la reducción del 29.3 por ciento en los programas productivos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, si no se corrige, provocará una “pronunciada caída de la producción agropecuaria”, un marcado desequilibrio en la balanza comercial correspondiente, deteriorará las condiciones de vida y la estabilidad social del medio rural. Este presupuesto contradice los compromisos presidenciales y del Plan Nacional de Desarrollo en favor del rescate del campo y la autosuficiencia alimentaria.
Numerosas otras entidades y sectores apuntan en la misma dirección: no nos descobijen. Y este grito colectivo sobre la insuficiencia presupuestal extiende la percepción de que la solución de fondo requiere incrementar los ingresos públicos.
Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, de Morena, acaba de señalar que “el dinero no va a alcanzar”. Considera que existe un potencial recaudatorio no explotado sin infringir la promesa de AMLO de no subir impuestos en sus primeros tres años de gobierno.
Para otros muchos, algunos inesperados, es necesaria una reforma fiscal. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial también dijo que habrá necesidad de discutir recursos adicionales para el erario y que no sean los más pobres los que paguen esos impuestos. Lo que indica cierta conciencia del empresariado acerca de la necesidad de fortalecer el gasto público, el social y el que directamente los favorece en un contexto en que el mayor endeudamiento es inviable.
Concuerda con ellos el Fondo Monetario Internacional que en noviembre pasado le propuso al gobierno de México elevar sus ingresos e impulsar la equidad socioeconómica aumentando la progresividad del impuesto sobre la renta, con impuestos a los ingresos financieros y a las grandes herencias y propiedades, entre otros.
Cada día es más evidente que seguir como paraíso fiscal para las grandes fortunas es un obstáculo que tendremos que saltar más pronto que tarde.