La reglamentación de la reforma del artículo 123 Constitucional del 24 de febrero de 2017 y que debió estar lista un año después, aún no se materializa. El fracaso de no lograr su cometido se debió a la intentona cínica del gobierno peñista de forzar la aprobación de una contrarreforma que retomaba, sin rubor alguno, todas las demandas empresariales; los restos del carácter social del derecho laboral se pretendía extinguír, lo que generó una gran inconformidad de las organizaciones sindicales.
El cambio de gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador fue una pésima noticia para los grupos empresariales empecinados en tener controlados a los sindicatos y hacer nula la justicia laboral. Ahora se retoma la posibilidad que se avance en un escenario distinto que permita la participación de los trabajadores en sus decisiones fundamentales.
En estos últimos días han empezado a aparecer iniciativas de diputados y de grupos parlamentarios que tienen la intención de iniciar una discusión sobre el tipo de reformas laborales que se requieren en esta etapa de un nuevo gobierno.
La propuesta del Partido Encuentro Social
El 4 de diciembre de 2018 la diputada Soraya Pérez Munguía del Partido Encuentro Social (PES) presentó una propuesta de reforma al artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), de claro oscuros:
La elección de la representación sindical será universal, libre, directa y secreta. Para determinar el número de integrantes de la mesa directiva.
Pretende de manera absurda que la votación sindical sea “universal” (¿?), ello implicaría la participación de trabajadores de confianza y hasta empleados de otros centros de trabajo sólo por el hecho de ser sindicalizados, lo cual es inadmisible, porque lo universal no tiene límite, pero lo sindical sí. Esta diputada confunde la votación popular con la sindical.
Sin embargo, otra parte de su propuesta es que la votación para la elección de dirigentes sea directa, que daría el derecho a todos los trabajadores a decidir sobre quienes serían sus dirigentes, lo que la reciente reforma constitucional se constriñe al voto personal, libre y secreto, que permite el voto a través de representantes, la que representa una limitante a la libertad sindical.
Un retroceso, desde la visión de la Organización Internacional del Trabajo, es la pretensión de limitar la duración de las directivas a seis años por una decisión legal y no de los trabajadores; sin embargo, mete a debate esa llamada “libertad” que ha permitido a los líderes sindicales eternizarse en el cargo. Otra propuesta más del PES
El 18 de diciembre de 2018 el diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto hizo la propuesta de crear el artículo 388 bis de la LFT en la que pretende establecer requisitos en el caso de la celebración de un contrato colectivo de trabajo, para que se requiera a la empresa emplazada proporcione un listado de los trabajadores a su servicio, puesto de trabajo y lugar de la fuente laboral, todo al momento de contestar el pliego de peticiones, para la realización de un recuento para consultar a los trabajadores con el emplazamiento a huelga para la celebración de un contrato colectivo de trabajo. El voto deberá ser libre, directo y secreto, y en este podrán participar uno o varios sindicatos.
La votación para aceptar un contrato colectivo deberá ser con la mayoría de los trabajadores y para rechazarlo se requerirá la votación en contra de las dos terceras partes de ellos.
Si es aprobatoria la votación por el contrato colectivo, se dará a las partes diez días para negociar y si no alcanzan acuerdo será hasta ese momento en que el sindicato que haya obtenido una mayoría de votos podrá emplazar a huelga exigiendo la celebración de un contrato colectivo de trabajo. La propuesta señala que este procedimiento será obligatorio para la celebración y depósito de un contrato colectivo de trabajo, que de no ocurrir la consulta obrera no se les dará validez.
Hay otras propuestas de legisladores que analizaremos posteriormente. Del grupo Parlamentario de Morena
El 22 de diciembre de 2018, apareció una propuesta del grupo parlamentario de Morena sin que legislador alguno la suscribiera; posteriormente el 3 de enero de 2019 apareció la misma iniciativa en la Gaceta Parlamentaria (a la que se agregaron comas, se convirtieron algunas palabras de mayúsculas a minúsculas y un “deberá de…” por un “deberá…” sin cambiar la integralidad del texto), ahora suscrita por el diputado morenista Miguel Ángel Chico Herrera, “…e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena…” (sin precisar cuántos y quienes la avalan). Ésta retoma propuestas formuladas por abogados laboralistas independientes, autoridades laborales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, integrantes del poder judicial, algunos representantes sindicales y abogados patronales que participaron a título personal.
A pesar de lo disímbolo de la integración de ese grupo, se logró el consenso en la mayor parte de los puntos, su avance progresista es notable, sin embargo hay vacíos, y otros aspectos que son un retroceso para el derecho laboral social y que merecen ser mejor analizados para lograr una legislación verdaderamente tutelar de los derechos de los trabajadores sin perder un equilibrio razonable con el sector patronal. Su análisis, por ser muy extensa y amplia la propuesta, será realizado en este espacio posteriormente. La necesidad de convocar a Foros
La complejidad de la reforma que se propone pretende llevar a cabo nuevas relaciones individuales y colectivas, nuevos procedimientos laborales e instituciones de justicia distintas, por lo que exige que las Comisiones de Trabajo de la Cámara de Diputados y de Senadores convoquen a foros abiertos en los que participen expertos en el tema, los sectores de trabajadores y patrones para escuchar sus puntos de vista.
El cambio será radical porque se pretenden quitar enormes vicios que ahogan las relaciones laborales individuales y colectivas en nuestro país, las cuales permiten bajos salarios, inestabilidad laboral, una justicia lenta e inequitativa y debilitamiento de la seguridad social.
Existen muchos intereses para que todo cambie y al mismo tiempo todo siga igual; hay la intención de los grupos de poder económicos para que las reformas laborales que se pretenden constituyan más obstáculos para el ejercicio de los derechos colectivos para anularlos y que estas “innovaciones” favorezcan más al sector patronal que a los trabajadores. No lo permitamos.
Por ello se requiere que las propuestas de reforma se den a conocer ampliamente y los trabajadores y sus organizaciones participen, opinen y logren con estas reformas, una verdadera democratización de las relaciones laborales y una verdadera mejora en su nivel de vida y poder adquisitivo.
Son tiempos de no bajar la guardia.