A propósito de la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora -al parecer nunca sabremos cuáles fueron las causas graves que la motivaron y que de acuerdo al texto constitucional son condición necesaria para su procedencia-, se ha generado una muy pertinente discusión sobre sus posibles implicaciones en los equilibrios internos de la Suprema Corte, el papel que debe jugar en el entramado institucional, así como el perfil de sus integrantes.
Ante las críticas recurrentes al Poder Judicial y la preocupación en el sentido de que su independencia se vea comprometida con la designación de un nuevo ministro que, en caso de ser incondicional al gobierno del presidente López Obrador, prácticamente definiría la suerte de las acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales que se presenten al requerir de una mayoría calificada de 8 votos, el ministro Arturo Zaldívar ha salido a la defensa principalmente a través de redes sociales, lo que le ha valido nuevos cuestionamientos de quienes lo perciben muy cercano a la denominada 4T.
Sin embargo, no le falta razón cuando afirma que la Corte no es un partido de oposición y su función no es como contrapeso político de los poderes ejecutivo y legislativo. Tampoco cuando reitera la necesidad de emprender una profunda reforma al poder judicial sobre todo en lo que se refiere al combate a la corrupción, al nepotismo y a los que han ido alejando a los jueces de la sociedad y por tanto es momento de atender el mandato expresado en las urnas -aunque ciertamente ha generado suspicacias al recurrir a argumentos e incluso frases similares a las empleadas por López Obrador-. Creo que nadie puede ser ajeno al reclamo social para que los jueces realmente impartan justicia en vez de estar al servicio del poder o dinero, pero ello incluye también al gobierno sin distingo de su signo ideológico, color u origen.
Justo ese debe ser el centro del debate, garantizar la independencia de la SCJN, pues la gente está cansada de la simulación o gatopardismo y de lo que se trata es que no se sigan repitiendo los errores del pasado. Por cierto, llama la atención que muchos de los que ayer se repartían los cargos públicos a partir de cuotas y cuates hoy se indignen, pero es igual de reprochable que quienes, con razón, hace no mucho tiempo cuestionaban con gran rigor dichas prácticas, ahora las justifiquen u opten por un ominoso silencio.
Efectivamente la actuación de la Suprema Corte no debe sujetarse a consideraciones políticas, pero si funge como contrapeso institucional o “poder equilibrador” citando al mismo ministro presidente, al ejercer el control de constitucionalidad, frenar abusos de poder y velar por el respeto a los derechos humanos. Todo ello demanda perfiles sólidos que cuenten con preparación, experiencia y una trayectoria profesional y personal honorable y que por tanto tengan un prestigio que cuidar.
Lo natural es que el presidente envíe al Senado una terna integrada por personas con las que simpatice y encuentre coincidencias, pero sería una grave equivocación incurrir en las mismas prácticas -aunque aduzcan que no es lo mismo porque ellos son diferentes-, al privilegiar la militancia política o la lealtad personal para contar con un ministro o ministra de la Corte que tan sólo responda a los intereses del gobierno convirtiéndose en una mera correa de trasmisión. Un cambio real, demanda altura de miras.