Con motivo de su segundo informe de gobierno, el presidente López Obrador ha presumido los altos niveles de popularidad que, según sus datos, anda en alrededor del 70% e incluso que está calificado en el segundo lugar a nivel mundial -aunque como es costumbre no ha mostrado las fuentes de esa información-, lo que no coincide con los resultados de la encuesta del periódico Reforma que le otorga 56%, la de Mitofsky que le da 54% o la de El Financiero en la que obtiene 59%.
Aunque en estas tres encuestas se observa una diferencia importante respecto a los números que dice tener López Obrador y que, en un análisis objetivo los niveles de aprobación que arrojan se encuentran en parámetros similares a los registrados en el mismo periodo por Vicente Fox (57%) y Felipe Calderón (63%), sin duda se trata de un presidente muy popular que mantiene la confianza de más de la mitad de la población, lo que no es asunto menor en plena pandemia del covid-19 cuyos efectos están siendo devastadores para la salud y la economía de la gente.
De hecho, tal parece que efectivamente esta pandemia le cayó como anillo al dedo, pues contribuyó a frenar la caída en las encuestas que se empezó a observar a principios del año ante la insatisfacción ciudadana sobre todo en seguridad y también en materia económica ya que, si recordamos, desde 2019 nuestro país había entrado en recesión. Con su gran habilidad en el manejo de la comunicación política, ha logrado que la responsabilidad se le atribuya a la pandemia, así como a los gobiernos anteriores por la situación en que dejaron el país. Ha aprovechado muy bien el rechazo a los excesos de la clase política contra la que votó una amplia mayoría que no quiere que regrese, los distractores constantes como la rifa del avión, las declaraciones de Lozoya, los vídeos, así como la irrelevancia de la oposición que no ha sido capaz de reinventarse.
Sin embargo, la popularidad del presidente y los mensajes optimistas plagados de inconsistencias que nos receta cada mañana -en realidad el informe no fue más que una reiteración de sus conferencias diarias-, no son reflejo de una buena gestión de gobierno y los mismos datos oficiales dan cuenta de ello. El secretario de Hacienda anticipa la mayor caída en la economía desde la gran depresión en 1932 que fue de 14% (en el segundo trimestre de 2020 fue de 18.7%), lo que se traduce en cierres de negocios, pérdidas de empleos y aumento en los niveles de pobreza, pero al presidente parece no preocuparle e insiste en que vamos bien.
Al mes de agosto el número de homicidios dolosos que se han cometido durante esta administración rebasan los 60 mil, y todo indica que al finalizar el gobierno de López Obrador superarán ampliamente los máximos históricos registrados en los sexenios de Calderón y Peña Nieto, por lo que difícilmente podrá cumplir con uno de sus principales compromisos de pacificar al país. Pero lo que resulta increíble y un claro ejemplo de la falta de rigor en los dichos del presidente, es que en su informe haya aseverado que se acabaron las masacres, las desapariciones y torturas, y que han disminuido los feminicidios, lo que a todas luces no se sostiene en los hechos.
En respuesta, Amnistía Internacional advierte que a partir del 1º de diciembre de 2018 han desaparecido 11 mil 653 personas, y que entre enero y julio de este año se reportaron 566 feminicidios, lo que representa un incremento de 5.4% respecto a 2019 y de 9.6% en comparación con 2018. Por su parte, Causa Común señala que también de enero a julio registró 429 hechos atroces que se pueden calificar como masacres y 404 casos de tortura.
Estos ejemplos pueden explicar por qué a pesar de la popularidad de López Obrador, la evaluación ciudadana es distinta en cuanto al desempeño del gobierno como se desprende de las distintas encuestas. Si tomamos como referencia a la de El Financiero, en la que el presidente sale con el mayor nivel de aprobación, en contraste reprueba con 34% en la capacidad para dar resultados, en tanto que la calificación sobre el manejo de la economía es igualmente negativa con 61% que la considera como mala o muy mala, en seguridad pública 59%, corrupción 50% y en salud 36% lo reprueba por 33% que considera que el manejo ha sido adecuado.