José Guadalupe Luna Altamirano refleja la podredumbre en el Poder Judicial. La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó su inhabilitación como magistrado federal. Le acusaron de enriquecimiento inexplicable por un monto de un millón 134 mil 905 pesos.
Al final de cuentas era un juez experimentado. Le imputaban anomalías en sus ingresos por cuatro millones 676 mil 293 pesos. Según el Consejo de la Judicatura Federal, Luna Altamirano pudo justificar un millón 233 mil 442 pesos. El resto, dos millones 307 mil 945 pesos ya no pudieron ser observados porque transcurrió el tiempo para poder sancionar. Es decir, prescribió el delito.
¿Es mucho dinero? A lo que hemos visto como corrupción en México no parece ser mucho. La danza de millones de la corrupción es obscena.
Luna Altamirano llegó al extremo de justificar sus ingresos como parte de la venta de pasteles de una de sus hijas.
Por sus manos pasaron casos que cimbraron al país. Exoneró al ex presidente Luis Echeverría del delito de genocidio por la matanza del 2 de octubre. Liberó a Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Resolvió la extradición de Ricardo Miguel Cavallo, acusado de crímenes de lesa humanidad en la dictadura de Argentina en 1976. Y la lista es interminable. No era un juzgador cualquiera.
Lo extraño del caso es que las acusaciones contra Luna Altamirano por llenarse los bolsillos de dinero de dudosa procedencia, no tocaron sus resoluciones como juzgador. ¿De dónde salieron esos billetes sucios? ¿Por qué el tortuguismo permitió que prescribiera la acusación por 2.3 millones de pesos?
Desde Felipe Calderón hasta Andrés Manuel López Obrador la queja es por los jueces que liberan a delincuentes. El escarceo entre el Poder Ejecutivo y el Judicial no pasa de la escaramuza. No hay antecedentes de castigos a jueces corruptos.
En los pasillos del actual Poder Judicial no cesan las voces que apuntan al ministro Luis María Aguilar de, por lo menos, hacerse de la vista gorda frente a la corrupción. También en esos pasillos salen voces a defenderlo y apuntan que sí persiguió la corrupción al interior del Poder Judicial, concretamente en Jalisco.
¿Cuándo saldrán de su Castillo de la Pureza los señores del Poder Judicial?
Punto y aparte. La violencia imparable. Esta semana tocó a Morelos. Primero, un sicario asesina a un empresario y a un dirigente por cinco mil pesos en plena plaza central de Cuernavaca. Luego, un grupo armado asesina a cinco personas, tres de ellas mujeres, que iban en un camión de custodias al Centro Federal de Reinserción Social. Los números no mienten en los tres primeros meses del año los homicidios dolosos aumentaron 28% y los secuestros en 79%, comparado con el mismo periodo del 2018. Y otros delitos están igual. A ver qué estado sigue y para que desde el nivel federal escuchemos lo mismo: es que es la herencia que nos dejaron.
Punto final. Francisco Arias Cárdenas fue designado nuevo embajador de Venezuela en México. No tendría nada de extraordinario si no fuera por la terrible crisis que vive ese país. Y de nuevo las críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador. Férreos defensores del morenismo, como el diputado Gerardo Fernández Noroña dicen que Nicolás Maduro no es un dictador y que si ha ganado elecciones ha sido por las torpezas de la derecha. El tiempo pondrá a cada quien en su sitio.