El derecho es lenguaje y por tanto está sujeto a interpretación; sin embargo, hay ocasiones en que la posibilidad de interpretación es prácticamente cero.
Es el caso del debate sobre la ampliación del periodo, como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del ministro Arturo Zaldívar. El artículo 97 de la constitución en su párrafo quinto establece lo siguiente: “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior”.
El texto es preciso en cuanto a que la facultad de elegir el Presidente de la Corte es únicamente de los mismos ministros y ministras, mientras que la presidencia de la Corte tiene una duración precisa de cuatro años.
Por tanto, las afirmaciones que pretenden justificar la extensión del plazo son razones abiertamente contrarias a la constitución y a la lectura llana del texto.
Cuando algunos políticos, como el Presidente de la República, dicen que la reforma del Senado es constitucional, resulta una afirmación que se no sostiene de ninguna forma. Basta con leer la constitución para entender que lo realizado por el Senado es una trampa deliberada.
Es posible que cuando se lea esta opinión el dictamen ya haya sido aprobado en la Cámara de Diputados. Frente a esa posibilidad hay que decir que una imposición de la mayoría no vuelve constitucional una decisión anómala.
El presidente López Obrador manifestó que estaría de acuerdo con la extensión de la presidencia del Ministro Zaldívar, pues considera que es el único que podría llevar adelante la reforma, recién aprobada, del Poder Judicial Federal.
Parece que un rasgo del presidente es supra valorar a las personas al considerar que una “buena persona” puede volver buena a una institución. Esta mentalidad empieza por él mismo, pues cree que al ser honesto el gobierno en automático se torna así; o dado que él no tiene un talante represivo las fuerzas de seguridad mágicamente serán respetuosas de los derechos humanos.
Transformar las instituciones requieren de políticos éticos, pero sobre todo capaces de reorganizar las instituciones para generar nuevas prácticas, nuevos métodos de trabajo y en última instancia una nueva cultura institucional. Es decir, lo que el país requiere es una nueva institucionalidad, lo que no parece emerger.
Creo que buena parte de la ciudadanía coincidimos con el presidente López Obrador en la necesidad de darle un nuevo rumbo al país, pero cada vez nos sentimos menos en sintonía con las formas como se pretende hacer.
Muchas personas están de acuerdo en la necesidad de un cambio de fondo en el Poder Judicial, que los jueces lleguen a sus puestos por méritos, que rindan cuentas de manera permanente, que sean evaluados de manera rigurosa y se destierre la corrupción, pero si la institución no está convencida de eso y la sociedad no se asume como vigilante para que dichos cambios transiten, lo que pueda suceder será tan efímero como las personas.
La sociedad quiere un cambio para nuestro país y para eso se requiere una hoja de ruta, cosa que el Presidente adeuda a la sociedad.