Mientras llega un gobierno, que en tiempos de campaña prometió derogar la reforma educativa, el régimen agonizante de Peña Nieto sigue adelante con su (mal) reforma educativa, que fue, según él, la estrella (estrellada) de las reformas estructurales.

Por todo el país se avisa a miles de maestros que han sido elegidos para participar en los procesos de evaluación que se llevarán a cabo durante los meses de noviembre y diciembre de este año.

Los métodos que siguen en toda la república son los que impusieron los secretarios de Educación: Emilio Chuayffet, Aurelio Nuño y ahora Otto Granados. Son aquellos que trazan el camino de la amenaza, del despido, del chantaje de no darles más contratos o negarles su jubilación y del engaño de mejoras salariales (¿?). Evaluaciones sin dirección ni sentido para lograr una mejora educativa.

A pesar de ser una práctica ilegal, los maestros siguen siendo notificados por correo electrónico. Las notificaciones deben ser personales y por escrito, fundadas y debidamente motivadas, como lo ordena el artículo 16 constitucional, sobre todo porque ésta puede traer pérdida de derechos. Deben estar firmadas por una autoridad competente y deben justificar las razones de la elección del maestro sometido a prueba y el objetivo de la evaluación. Nada de este ocurre. Se concibe a los maestros como responsables de la hecatombe educativa; pero esas acciones arbitrarias deben acabar de una vez por todas.

Los maestros no están obligados a acatar estas medidas por ser violatorias a sus derechos humanos. Nunca más debe existir una reforma punitiva que tenga como propósito conculcar los derechos elementales de los docentes.

Abrogar no Reformar

Así, lo que se espera este 1º de septiembre cuando se instale el nuevo Congreso de la Unión, es la abrogación de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD). No debe quedar ni polvo de ella, porque es resultado del autoritarismo y el desmantelamiento de la educación pública en México.

Abrogar significa la supresión total de la vigencia de una ley y, por tanto, dejarla sin obligatoriedad de manera absoluta. En cambio, derogar es la privación parcial de los efectos de una ley y esto no es lo que se demanda.

Derogar una ley, es como poner parches a una estructura torcida que se va a caer o refacciones de automóvil a una bicicleta. Debe desecharse el anterior modelo y construir otro donde participen los maestros, padres de familia, alumnos, especialistas para rescatar una educación científica, solidaria, nacionalista, para el cambio social.

La abrogación de la LGSPD deberá estar acompañada de una disposición que declare nulas y sin vigencia todas las legislaciones que se hubieren sustentado en esa ley. Ello en virtud de las reformas legislativas que se llevaron a cabo en todos los estados de la república durante el año de 2014 y que se votaron por consigna. Hubo Congresos estatales que aprobaron sus reformas ¡en tan solo diez minutos! sin lectura de estas y poniéndolas a votación sin discusión alguna.

Desde luego habrá que desmontar en los artículos 3º y 73 constitucionales todas las implicaciones laborales y en la que el Estado se deslinda de responsabilidades en materia educativa y de sustento financiero.

Deben derogarse también las modificaciones llevadas a cabo en la Ley General de Educación y abrogar la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, al estar sustentadas en la afectación de la educación pública en todos sus ámbitos.

Reconstruyendo la educación desde abajo

No cabe duda de que es urgente reconstruir la educación pública en México desde abajo y no de manera autoritaria como lo hizo el gobierno de Peña Nieto.

Se requiere de una gran consulta nacional que vaya desde las regiones más apartadas y comunidades rurales donde carecen de recursos, infraestructura, energía eléctrica, internet y aulas para todos los niveles escolares hasta las grandes ciudades donde también existen centros escolares que presentan grandes carencias de material didáctico, personal docente e infraestructura.

Se requiere consultar a aquellos maestros que tienen que viajar varias horas para llegar a los centros escolares, a los que enfrentan los riesgos del narcotráfico y la delincuencia organizada y a los que conviven con grupos indígenas de todas la regiones del país. También se es necesario consultar a los padres de familia, a quienes esta (mal) reforma educativa les ha obligado a sostener las escuelas con recursos propios.

Es imperativo reconstruir íntegramente el sistema educativo nacional que ha quedado en escombros por culpa de este moribundo gobierno.

No hay tiempo que perder.

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