Imagínese usted que le pidan que perdone al criminal que lo secuestró o le mató a su hija con saña. ¿Le parece razonable, éticamente valido, perdonar a quien violó, descuartizó, desapareció o torturó con la más fría crueldad a un ser querido? Seguramente su respuesta es negativa, en efecto no puede ni debe haber perdón al que infringió un daño descomunal a una víctima, a un familiar, a un ser humano.
Quizá desde el punto de vista de la moral personal o religiosa alguien puede por salud espiritual olvidar o perdonar a los verdugos, pero el Estado no puede simplemente eludir su primigenia responsabilidad de proteger a la población y castigar a los criminales.
Perdonar, indultar o amnistiar (cualquiera que sea la denominación) al asesino, al violador, al secuestrador, al capo de la delincuencia organizada, a quien perpetró una desaparición forzada, es el camino a la impunidad, a la ruptura del Estado de Derecho y a la burla del delincuente que puede actuar con el cinismo criminal más sanguinario, al fin y al cabo no habrá castigo a sus reprobables conductas. El mal ejemplo se multiplicaría generando un estímulo perverso y corrosivo.
La pacificación en todo caso tiene que ver con construir políticas que apoyen la edificación de valores comunitarios y familiares, la inclusión social y las oportunidad para jóvenes en situación vulnerable, la recuperación de espacios públicos, el fomento al deporte, la cultura, la educación, el castigo a la corrupción, el estímulo al buen ciudadano y al talento joven, la prevención del delito de manera focalizada y puntual, cultura de la legalidad, entre otros aspectos. Incluye también una nueva política de drogas con un enfoque de salud y derechos humanos, para evitar los daños que ha ocasionado el prohibicionismo extremo en la materia.
Estrategia integral de seguridad ciudadana
Se debe efectivamente trabajar para generar mejores condiciones sociales, para que los jóvenes tengan oportunidades de desarrollo para no ser reclutados como halcones o sicarios de los grupos crimínales, pero al mismo tiempo se debe actuar con firmeza e inteligencia táctica contra los criminales.
En este espacio hemos insistido en que se requiere una estrategia integral de seguridad ciudadana que incluya políticas de pacificación, depuración y limpieza de las policías, mejores métodos de investigación criminal y servicios periciales, reformas penales (que sean delitos graves la extorsión y la portación de armas de uso prohibido, de lo que nada ha dicho el Presidente electo), frenar el flujo incesante de armamento, nueva política de drogas, desmantelamiento de organizaciones criminales, combate al lavado de dinero, entre otros puntos.
En mi opinión no se construye la paz a partir de la impunidad, ni el hecho de que se hayan llevado a cabo en los dos últimos sexenios, el de Calderón y el de Peña Nieto, estrategias fallidas en materia de seguridad, puede justificar el que no se persiga con decisión a los delincuentes para no generar violencia. El que se haya fallado y se hayan cometido excesos y violaciones a los derechos humanos en los anteriores sexenios evidentemente hay que reprobarlo, sancionarlo y corregirlo, pero el Estado tiene el monopolio legítimo de la fuerza para hacer valer la ley y perseguir a quienes cometen delitos. Ni perdón ni olvido, aplicación de la ley y castigo ejemplar a los criminales.