Estamos a días de que se vote en la Cámara de Diputados la iniciativa presidencial que busca prohibir el outsourcing y criminalizar a las empresas que utilizan esta figura. De concretarse la propuesta tal como fue presentada por el Ejecutivo, resultará sumamente grave para la economía nacional; siendo que además enfrentamos la crisis causada por la pandemia y una contracción económica del 9%.
Todos estamos de acuerdo en que se deben atacar los esquemas de subcontratación que evaden obligaciones fiscales y laborales. Pero sobre todo en que se deben garantizar los derechos y las prestaciones de los trabajadores que hoy en día se encuentran bajo modelos de subcontratación. Sin embargo, lo planteado desde Palacio Nacional es excesivo y por la ceguera ideológica de ver a las empresas como enemigos, no se tomó en cuenta las fatales consecuencias que traería consigo la reforma.
Es claro que hay empresas que han utilizado la figura del outsourcing para evadir sus obligaciones, pero no toda la subcontratación es mala y busca evadir responsabilidades. Esta visión es sesgada y atenta en contra de la buena fe del sector empresarial. Más que eliminar la subcontratación se debió regularla para prevenir su mal uso.
No obstante, la propuesta presidencial criminaliza todo tipo de outourcing y clasifica en Código Fiscal a la subcontratación de personal como defraudación fiscal. Esto se sumará a otra reforma promovida por Morena que clasificó la defraudación fiscal como “crimen organizado” equiparándola con el homicidio, la violación o el secuestro. Con lo que los empresarios podrían ser encarcelados de forma automática sin juicio previo. Medidas que claramente colocan a los empresarios ante un “terrorismo fiscal”.
¿A dónde va un país cuando su gobierno promueve una Ley de Amnistía para sacar de la cárcel más de 6 mil delincuentes acusados de robo y narco-menudeo -tal como lo hizo MORENA- y por otro lado impone prisión preventiva oficiosa a los empresarios que utilizan diferentes figuras de contratación en busca de ser competitivos?
Un rubro que se salva de la criminalización en la propuesta presidencial fue el de la prestación de servicios especializados que no formen parte del objeto social de la empresa; lo cual es positivo pues de lo contrario se hubiera afectado al 70% de las empresas de todo el país.
Pero desafortunadamente la propuesta modifica la Ley Federal del Trabajo para exigir que, para prestar sus servicios, estas empresas deban solicitar autorizaciones a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social con el pretexto de acreditar el carácter especializado de sus servicios.
Estos nuevos requisitos lo que harán será aumentar la burocracia, la corrupción y la carga administrativa. A lo que habría que sumar que en el presupuesto de egresos no se contempló esta reforma, por lo que se tendrá que implementar con la burocracia actual de la Secretaría del Trabajo; lo que sin duda ralentizará aún más la economía nacional.
De no aceptar modificaciones a su propuesta del gobierno federal, las empresas no podrán absorber de manera inmediata a todo el personal que se encuentre subcontratado; lo que podría causar la pérdida de al menos medio millón de empleos. Y lejos de mejorar en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales, se fomentará la informalidad.
El outsourcing en sí mismo no es malo. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo afirma que la deslocalización y la subcontratación son consecuencia de la globalización de los mercados y de los avances en las tecnologías de la información. Y sostiene que la subcontratación de servicios empresariales de países desarrollados a países en desarrollo está creando buenos puestos de trabajo según estándares locales[1]. Prohibir el outsourcing sería un grave error que afectaría la competitividad nacional.
Afortunadamente se ha abierto una mesa de revisión entre el gobierno federal y los empresarios. Esperemos que haya apertura para que no se criminalicen todos los tipos de outsourcing; para que se establezcan plazos razonables para que las reformas entren en vigor; y para que se ayude a las empresas a fin de que puedan recontratar a la mayor cantidad de personal posible. El objetivo de la reforma debería de ser no sólo recaudar más sino proteger e impulsar el empleo digno y apoyar a las empresas para lograr el crecimiento que el país necesita.
[1] Offshoring and Working Conditions in Remote Work, Edited by Jon C. Messenger and Naj Ghosheh, International Labour Organization.