La desafección del presidente López Obrador por la sociedad civil organizada no es algo nuevo. En reiteradas ocasiones a lo largo de estos casi tres años de gobierno ha descalificado la labor que realizan, las ha acusado de servir al conservadurismo para atacarlo, y ha buscado limitar su margen de actuación, desconociendo la diversidad existente entre las mismas organizaciones y los aportes de la gran mayoría. Parece que todo aquello que no se encuentre bajo su control total o que pueda representar una posición crítica a su gestión lo considera un riesgo que hay que combatir.
A unas cuantas semanas de su toma de posesión, el presidente instruyó a su gabinete para eliminar cualquier transferencia de recursos presupuestales a estas organizaciones, supuestamente para acabar con la intermediación que debido a la discrecionalidad y corrupción provocaba que los apoyos no llegaran a las personas que realmente lo necesitaban -paradójicamente se trata de señalamientos muy similares a los que militantes de Morena han formulado respecto a los delegados de los programas sociales durante sus procesos internos-, con lo que prácticamente desapareció el financiamiento público para las alrededor de 40 mil organizaciones de la sociedad civil registradas. También resultaron afectadas miles de mujeres que son atendidas por una de las instituciones más reconocidas en la prevención y atención al cáncer de mama (Fucam), ya que ante la cancelación del seguro popular han tenido que cobrar por sus servicios y, aún cuando los brindan a costos muy bajos, impacta particularmente a las familias en condición de pobreza.
En agosto de 2020, el presidente arremetió contra diversas organizaciones que han denunciado presuntas violaciones a los derechos de comunidades y pueblos indígenas, así como el impacto ambiental, supuestamente por recibir dinero para oponerse al proyecto del Tren Maya, lo que provocó una fuerte reacción exigiendo disculpas por los comentarios dolosos y mal intencionados que estigmatizan el trabajo de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.
En el extremo, hace unos meses envió una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos pidiendo una explicación por el financiamiento que otorga a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y que considere suspender dicho apoyo al tratarse de una organización crítica a su administración, e incluso sugirió que estaban promoviendo el golpismo y, en consonancia, una senadora del partido mayoritario presentó iniciativa para que se registre y evalúe a las organizaciones que reciban recursos del extranjero supuestamente para impedir que sean utilizados con fines injerencistas ignorando que ya son objeto de una rigurosa fiscalización por parte del SAT.
Ahora, en el marco de la miscelánea fiscal, la mayoría gobernante aprobó en la Cámara de Diputados una reforma al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para limitar el monto de deducciones que pueden hacer las personas físicas hasta por un 15% que incluye seguros y gastos médicos, funerarios, educativos, así como aportaciones para el retiro, hipotecas y también los donativos, lo que reducirá la posibilidad de que las organizaciones de la sociedad civil reciban aportaciones que son necesarias para su funcionamiento. De acuerdo a especialistas, esto puede afectar a cerca de 5 mil organizaciones sin fines de lucro que dependen de las donaciones de particulares, y que realizan actividades que no alcanza a cubrir el gobierno en beneficio de la población más vulnerable como albergues, atención médica, apoyo a víctimas de violencia, asesoría legal entre muchas otras.
Sin embargo, en defensa de esta reforma el presidente López Obrador afirmó que no se le deben devolver impuestos a las grandes empresas bajo el supuesto de que van a invertir en beneficio de la gente pues esa no es su función y lo inventaron para no pagar impuestos y saludar con sombrero ajeno, siendo que la medida aplica únicamente para personas físicas y no morales por lo que el argumento no se sostiene. Debilitar a la sociedad civil organizada y acosar a quienes presentan posturas críticas es propio de los regímenes autoritarios, resultaría muy preocupante que esa fuera la intención.