Si hay algo en lo que todos coincidimos, es que necesitamos telecomunicaciones con cada vez mayor y mejor cobertura. Por un lado, requerimos conectar a los desconectados; lograr cerrar la brecha digital para que todas las personas, independientemente de dónde vivan, a qué se dediquen, cuál sea su edad, sexo y nivel educativo, tengan acceso a telecomunicaciones de calidad que los inserten en la sociedad de la información y del conocimiento.
Por otro lado, también precisamos ofrecer servicios con mayor capacidad y calidad para quienes ya están conectados y para habilitar los nuevos servicios y aplicaciones como el internet de las cosas, que están detonando grandes oportunidades económicas.
Brecha digital
Para posibilitar dicho crecimiento, se han puesto en acción numerosas estrategias a partir de la reforma constitucional de 2013: otorgar un mayor número de concesiones y hacerlas convergentes, licitar espectro y permitir su intercambio a través del mercado secundario, incrementar los límites a la inversión extranjera, disminuir las tarifas de interconexión, imponer regulación asimétrica al agente económico preponderante, facilitar el acceso a la infraestructura pasiva de propiedad federal, entre otras.
Este nuevo entorno ha creado condiciones más favorables para invertir en esta actividad económica que se han reflejado, por ejemplo, en un incremento notorio de la penetración del internet, que creció, del 29% en 2013, al 66% en 2017, en el caso del móvil.
Es necesaria la conjunción de una diversidad de circunstancias para justificar la inversión en infraestructura, donde quizá la más importante es contar con una expectativa de ingresos suficientes en el mediano y largo plazo para recuperar las inversiones en activos fijos, que son cuantiosas. Sólo así se produce el caso de negocios para llevar servicios a donde antes no existían o para incrementar la capacidad de la red.
Es por esa razón que, una vez que se ha desplegado infraestructura en las zonas más atractivas donde se ubica la mayor parte de los usuarios potenciales y donde existe la demanda más intensiva en cantidad y calidad de servicios, encontrar un caso de negocios para extender la cobertura se va haciendo más difícil. Los operadores deben buscar modelos innovadores donde puedan minimizar costos, implementar soluciones tecnológicas adecuadas a la demanda de una localidad y/o compartir costos y riesgos con otros operadores.
Infraestructura
A pesar de esas dificultades, se van generando proyectos rentables cuando se reúnen todas las condiciones necesarias para que una empresa decida ampliar su infraestructura: instalar nuevas radiobases, desplegar fibra óptica, cubrir un área donde no estaba presente. Pero es en ese momento donde, paradójicamente, muchos operadores se encuentran ante los obstáculos que imponen las autoridades locales, que dificultan, retrasan y, en el peor de los casos, llegan a causar la cancelación de los proyectos.
Y es que, aunque la ley señala que la instalación, operación y mantenimiento de infraestructura destinada al servicio de las redes públicas de telecomunicaciones y las estaciones de radiodifusión es de interés y utilidad públicos, sujetándose exclusivamente a los poderes federales, también ordena que se deberán respetar las disposiciones locales aplicables en materia de desarrollo urbano.
Allí es donde entran en la ecuación las autoridades locales para autorizar la diversidad de obras requeridas para el despliegue de infraestructura. La experiencia que vemos en nuestro país es que, por numerosas razones, las reglas y procedimientos locales no facilitan la implementación de los proyectos de despliegue de las redes.
En el año 2016 coordiné la elaboración de un estudio diagnóstico sobre las barreras causadas por reglamentaciones y trámites de entidades públicas locales para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión[1].
Como resultado, se identificó una fuerte presencia de dificultades que van, desde la inexistencia de un trámite identificado para el despliegue de infraestructura; no contar con un encargado, teléfono u otro medio de contacto; una gran disparidad en los requisitos exigidos entre municipios; tiempos de atención demasiado largos; requisitos excesivos y costosos; hasta la oposición activa de los vecinos e incluso casos de corrupción abierta o disimulada.
Esta situación implica un reto formidable que es preciso abordar. Nos enfrentamos a una problemática compleja relacionada con el tamaño y capacidad de gestión de las autoridades locales, el nivel de profesionalización del servicio público y el desarrollo económico de la localidad.
Impulsar las telecomunicaciones
Sin descartar la posibilidad de explorar modificaciones al marco legal que permitan una acción más directa, es importante generar una estrategia que contemple acciones complementarias, orientadas a resolver las diversas problemáticas de los municipios.
En algunos casos, las acciones más efectivas pueden ser el otorgar apoyo técnico a los municipios para diseñar sus procesos, proveerles información, transferirles tecnología o, inclusive, generar una herramienta tecnológica que les facilite comunicarse con el público y realizar los trámites.
Para otros casos, habrá que hacer una labor de abogacía más sofisticada que incentive a los municipios para competir por atraer proyectos de infraestructura, persuadiendo sobre sus beneficios de corto, mediano y largo plazos, entre los cuales está el impulso a la competitividad local y el efecto multiplicador en la actividad económica.
A fin de alinear incentivos, puede resultar útil transparentar y medir la eficacia municipal buscando destacar mejores prácticas, así como creando herramientas que permitan identificar a los municipios que provean las condiciones más favorables al despliegue de infraestructura.
La alineación de incentivos y una mayor transparencia, también podrán contribuir a combatir los casos de corrupción.
Además, será muy importante propiciar cierta coordinación entre autoridades locales para disminuir en lo posible la disparidad entre los requisitos y plazos que deben seguir los operadores en distintas localidades.
Finalmente, otro componente relevante es acercarse a las asociaciones vecinales para convencer sobre los beneficios que trae la infraestructura a las comunidades locales y para buscar arreglos particulares que permitan el despliegue protegiendo el entorno urbano.
Abogar, persuadir, coordinar, medir, informar, apoyar, para impulsar el crecimiento de las redes de telecomunicaciones en México.
A María Elena Meneses… a una y a todas
Comisionada del IFT. Las opiniones expresadas son a título personal y no deben entenderse como una posición institucional.
[1] El estudio puede consultarse en: http://www.ift.org.mx/conocenos/pleno/otros-documentos/maria-elena-estavillo-flores/estudio-sobre-las-barreras-la-competencia-y-la-neutralidad-competitiva-causadas-por