La familia es el espacio idóneo para que las niñas y niños reciban la protección y asistencia necesaria para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad; entendiendo por “familiares” todas aquellas personas vinculadas con un parentesco cercano, o bien, por personas unidas por otro tipo de vínculos y afectos; rechanzando así, una percepción limitada y estereotipada, ya que se puede decir que no existe un modelo específico de familia (la “familia tradicional”).
A pesar de que las familias debieran ser el primer espacio para garantizar un desarrollo pleno y armonioso en niñas, niños y adolescentes (NNA), recientemente, el Comité de los Derechos del Niño expresó a México, su preocupación por la violencia que se manifiesta en altas incidencias castigo corporal, que vive la niñez en sus hogares. Ante ello, el Estado mexicano ha promovido la canalización de niños y niñas a casas hogar -públicas o privadas- para protegerlos de la violencia a la cual están expuestos. A pesar de que estas instituciones tienen la obligación legal de garantizar su bienestar, en muchas ocasiones los modelos de atención tradicional de las casas hogar, aunado a la pérdida de los cuidados familiares, promueve consecuencias físicas, cognitivas y emocionales que pueden ser irreversible en el desarrollo de los NNA. Además trae altos costos para la sociedad, ya que la institucionalización resulta ocho veces más costosa que cualquier modalidad de cuidado alternativo.
En 2019, en la Ciudad de México, “La violencia familiar” fue el motivo principal por el que niños y niñas fueron “anexados” al Centro de Estancia Transitoria para Niños y Niñas (CETNN), quienes puestos a disposición del Estado han permanecido en una situación de alta vulnerabilidad, debido a la falta de cuidados familiares, el inadecuado acceso a la justicia y derecho de prioridad; por ello, en días pasados, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ de CdMx) rediseñó la operación de la Agencia 59 y el Centro de Estancia Transitoria para Niños y Niñas (CETNN), con el fin de evitar la permanencia prolongada en dichas instalaciones. Así según la información de la Fiscalía, en las últimas semanas a partir de las estrategias implementadas para combatir la pandemia covid-19, se logró la reintegración familiar de la mayoría de los niños y niñas, así como el acogimiento preadoptivo y el acogimiento temporal sin fines de adopción de otros; también se logró la canalización a Centros de Asistencia Social a algunos de ellos.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, se puede observar entre todos los problemas de fondo, que el Estado mexicano no cuenta con un sistema de información que permita identificar cuántos niñas, niños y adolescentes se encuentran privados de su medio familiar, ni saber las características y particularidades que promovieron la pérdida de los cuidados familiares, lo que contribuye a invisibilizar el fenómeno, y a que el Estado no asuma su papel de garante y protector de sus derechos, colocándolos en una situación de alta vulnerabilidad, a la vez que permitiendo que existan actuaciones arbitrarias en la ejecución de las medidas de protección.
La ausencia de información sobre los espacios donde se acogen a NNA o la falta seguimiento de las familias biológicas o preadoptivas, contraviene a las atribuciones y responsabilidades mínimas de las procuradurías, las cuales tienen por obligación la detección de restricciones y vulneraciones a los derechos de NNA, así como a la supervisión del debido funcionamiento de los Centros de Asistencia social, para conformar un registro nacional de éstos.
Muchos de estos espacios a cargo de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), carecen de infraestructura y recursos materiales, que logren cubrir las condiciones mínimas para el desarrollo óptimo de NNA usuarias. También, se hizo visible que el reglamento de operaciones de muchos de estos centros o casas hogar, no están armonizados a la Ley General de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes (LGDNNA), los cuales operan en ausencia de modelos de atención que logren garantizar los derechos humanos de esta población; permitiendo la revictimización, violencia, abuso, e incluso trata de personas menores de edad, al interior de los Centros de Asistencia Social.
Ante este escenario, es urgente la implementación de una estrategia nacional que garantice el ejercicio pleno del derecho a la vida familiar de la niñez y adolescencia privada de cuidados familiares o en riesgo de perderlos, a través de una serie de reformas en materia legislativa, presupuestal y programática, que permitan una caracterización de los problemas de fondo, para realizar una propuesta que logre configurar una suerte de sistema y articulación de soluciones diversas, transitando de la actual visión punitiva, al ejercicio pleno de los derechos humanos.
Para ello, el Estado debe garantizar la prevención de la pérdida de cuidados familiares, para que la familia se convierta en un auténtico espacio de protección para niños y niñas; y en caso de que por el interés superior de la infancia, deban ser separados de sus familias, asegurarse que las medidas de protección temporal, entre las cuales podemos encontrar los Centros de Asistencia Social, estén debidamente registrados y certificados conforme a los más altos estándares de derechos humanos, e implementados idealmente bajo un modelo de tipo familiar, y teniendo siempre presente las medidas permanentes de protección, para fortalecer la reintegración a través de un proceso paulatino y profesional con las familias biológicas o extensas, y en los casos de que vulnere el interés superior de NNA , lograr una adopción eficiente de acuerdo a las necesidades particulares de cada niño, niña o adolescente.