Bajo el slogan “Keep America Great”, el 18 de junio Donald Trump lanzó oficialmente su campaña de reelección en 2020. Comercio, inmigración y drogas, entre otros, son algunos de los temas que está utilizando para manipular, una vez más, a sus férreos simpatizantes.
La idea de Trump de mantener los temas de comercio e inmigración radica en que no ha logrado consolidar promesas de la campaña de 2016, como sustituir al “libre comercio” por “comercio justo”; tampoco ha conseguido la aprobación del ya renegociado acuerdo comercial con México y Canadá; menos aún ha finalizado la construcción del muro; ni la reforma migratoria y el cese de la ciudadanía por nacimiento.
Adicionalmente, el tema de las drogas se ha ido abriendo paso en su agenda de política exterior, después de que la Administración de Control de Drogas (DEA) señalara que los cárteles de drogas mexicanos representan la mayor amenaza de crimen para Estados Unidos y que las muertes por sobredosis de opioides han incrementado.
Teniendo presente las promesas incumplidas y los temas esenciales para la reelección de Donald Trump, nuestro país se ha vuelto a poner en la mira del inquilino de la Casa Blanca.
Hasta ahora, México, ha hecho cuanto ha podido para complacer a Trump en comercio y migración: renegoció el TLCAN durante la administración de Enrique Peña Nieto; y en lo que va de este gobierno autorizó que los migrantes centroamericanos permanezcan en territorio mexicano y el gran despliegue de elementos de la Guardia Nacional para contener el flujo migratorio a Estados Unidos.
Sin embargo, el tema de las drogas empieza a consolidarse como la gran asignatura pendiente de México. En lo que va del año, el gobierno de López Obrador ha recibido al menos tres avisos por parte de Trump directamente:
4 de abril: “Cerraré la frontera… Yo no juego. Lo haré. Les daremos un año de advertencia, y si las drogas no se detienen por completo o en su mayoría, impondremos aranceles a México y a sus productos, en particular a los autos”.
1 de junio: “¿Los señores de la droga, los cárteles y los coyotes realmente dirigen México? ¡Pronto lo sabremos!
2 de junio, “La gente ha estado diciendo que deberíamos hablar con México. El problema es que México es un "abusador" de Estados Unidos, toma sin dar. O detienen la invasión a nuestro país de vendedores de drogas, cárteles, traficantes de personas, coyotes e inmigrantes ilegales… o nuestras compañías y empleos serán traídos de vuelta. ¡Estados Unidos ha tenido suficiente!”
Para avivar el fuego en la Casa Blanca y en el Congreso estadounidense, el 15 de agosto, el Servicio de Investigación del Congreso publicó una radiografía completa sobre el crimen organizado y los cárteles de narcotráfico en México, en el que se detalla cómo a lo largo de los últimos 12 años, los grandes cárteles mexicanos se fragmentaron, dejando activos a nueve grupos principales: Sinaloa, Los Zetas, Tijuana, Juárez, Beltrán Leyva, Golfo, La Familia Michoacana, los Caballeros Templarios y Jalisco-Nueva Generación.
Según este estudio, los cárteles mexicanos producen y trafican drogas ilícitas hacia Estados Unidos, incluyendo heroína, metanfetamina, marihuana y opioides. Asimismo, indica que a medida que los grupos criminales transnacionales de México expandieron su control al mercado de opioides, las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos aumentaron a 72 mil en 2017, de las cuales 47 mil fueron por opioides. Aunque en 2018 disminuyeron las muertes por sobredosis, se cree que podría haber un aumento en el futuro. Además, el texto enfatiza que los desafíos para el presidente López Obrador incluyen el enfoque ad hoc que le está dando a la seguridad, la ausencia de inteligencia estratégica y táctica sobre un mercado criminal cada vez más fragmentado y la corrupción endémica de los sistemas judiciales y policiales de México.
Con esta información en manos no sólo de Trump, muchos funcionarios estadounidenses tienen profundas preocupaciones sobre la capacidad del gobierno de López Obrador para disminuir la violencia en México y frenar el poder de los cárteles de narcotráfico. A penas el 23 de octubre, Richard Glenn, subsecretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, dijo al Congreso que “lo más importante en este momento es que México desarrolle y comparta con Estados Unidos una estrategia para enfrentar el crimen organizado transnacional, que sin esa estrategia es imposible vincular los recursos brindados por su gobierno para conseguir progresos”.
Hasta hace poco, la Iniciativa Mérida había sido el marco de cooperación entre Estados Unidos y México. Mientras el vecino del norte, entre 2007 y 2018, ha invertido cerca de 3 mil millones de dólares para actividades de fortalecimiento del estado de derecho e intercambio de inteligencia, así como recursos militares y policiales para combatir al crimen organizado en nuestro país; México ha invertido casi 147 mil millones de dólares y ha utilizado a la Policía Federal y al ejército para luchar contra el mismo problema. Aún así los homicidios en México y las muertes relacionadas con opioides en Estados Unidos aumentaron.
No obstante, la llegada de López Obrador ha sembrado la incertidumbre en la Incitativa Mérida, muy a pesar del apoyo bipartidista en el Congreso estadounidense que, en el año fiscal 2019 aprobó 139 millones de dólares (61 millones más que el presupuesto solicitado por Donald Trump) y para el año fiscal 2020 la solicitud es de 76.3 millones de dólares, aunque es probable que el Congreso autorice 126.8 millones de dólares.
Los comentarios de Trump, la comparecencia de Glenn y los documentos de la DEA y el Congreso, exponen el fracaso en México, es decir, millones de dólares no son suficientes para erradicar al tráfico de drogas y evitar la muerte de miles de personas. Al igual que con la migración, se supone que las advertencias de Trump en el tema de drogas debían empujar a López Obrador a la batalla contra los cárteles mexicanos, pero al parecer, ninguno de los dos admite, o no quieren admitir, que la solución al problema de las drogas requiere de estrategias nacionales y binacionales.
La realidad es que gran parte del problema recae en Estados Unidos, pero Trump no ha presentado el presupuesto necesario para combatir la epidemia de opioides en su país para reducir su demanda, a pesar de que “proporcionar más fondos para el tratamiento de adicción de drogas” fue otra de sus promesas de campaña en 2016. Por su parte, las maniobras de López Obrador de disminuir el alcance de las actividades del crimen organizado y trasladarlas de una amenaza de seguridad nacional a un problema de orden público ya evidenciaron la fragilidad del Estado con hechos recientes como los de Culiacán, Michoacán y Guerrero, por mencionar algunos.
En la agenda bilateral, la voluntad de muchos para evitar conflictos está clara. Por ahora, el Canciller Marcelo Ebrard decidió abordar sólo el tema del tráfico de armas durante una reunión entre los funcionarios de ambos países. No obstante, por grande que sea esa voluntad en Estados Unidos y México, las actitudes de los presidentes no contribuyen a facilitar las cosas a nivel operativo y las buenas voluntades pueden caer en un impasse. Mientras Donald Trump ante la Asociación de Armas afirma que “En mi gobierno, no vamos a entregar la soberanía de Estados Unidos a nadie. No vamos a permitir que burócratas extranjeros pasen por encima de la libertad que permite la segunda enmienda de la Constitución”; AMLO insiste que “No deben funcionarios de otros países opinar sobre asuntos internos que sólo corresponden a nuestro Gobierno”.
En ambos casos, esta narrativa nacionalista está dirigida a su respectivo electorado, con consecuencias, prácticas, tangibles… ¿qué hacer? Los presidentes deben dejar de preocuparse por sus discursos inflamatorios sobre soberanía y ocuparse más de las causas que la vulneran, causas que vinculan a los dos países.
Trump quiere reelegirse, y es muy posible que su discurso esté infestado de excesos contra México. En este contexto, la falta de resultados en la lucha contra el crimen organizado es un pretexto ideal. Pero independientemente de la permanencia de Trump o de quien llegue a la Casa Blanca, es una realidad que los cárteles mexicanos trabajan a nivel mundial; están involucrados en tráfico de armas, lavado de dinero, sobornos y corrupción, y en consecuencia, López Obrador tiene una responsabilidad nacional e internacional para reducir el poder y capacidad de las organizaciones criminales, así como para detener y enviar a prisión a todo aquel que ejerza violencia y realice actividades ilegales en nuestro país; no hacerlo, da pie para que México sea considerado un país generador de violencia y un mal socio.
Cierro esta columna con unas líneas de Mark Bowden que, aunque dedicadas a la administración Trump, bien pueden extenderse al gobierno de López Obrador: “Lo que los partidarios de Trump llaman ‘el Estado profundo’ es, en el mundo de la seguridad nacional, un vasto depósito de conocimiento y experiencia global que los presidentes ignoran bajo su propio riesgo”.