No se requiere ser un experto en seguridad pública para afirmar que la estrategia de este gobierno basada en la creación de una guardia nacional supuestamente civil, pero en los hechos conformada en su mayoría por elementos de las fuerzas armadas y con mando militar -que cuando mucho se ha dedicado a perseguir migrantes- ha sido un desastre.
Así lo acreditan las cifras de homicidios dolosos, la recurrencia de otros delitos de alto impacto como el secuestro o la violencia contra las mujeres, la inseguridad que padecemos los ciudadanos todos los días en nuestras casas, la vía pública o el transporte, así como la gran libertad con la que se mueven los cárteles de la delincuencia organizada quienes incluso regalan despensas a la población con sus siglas, en espacios abiertos y a plena luz del día -sin olvidar los operativos armados para liberar al hijo del Chapo Guzmán en Culiacán tras su fallida captura, en franca confrontación con las fuerzas de seguridad-.
Es claro que el presidente López Obrador ha incumplido con su compromiso de pacificar el país en el plazo de 6 meses que él mismo estableció -y que se venció el pasado mes de octubre por lo que tuvo que pedir una prórroga- a pesar de contar con todos los instrumentos para ello, pues no se le ha escatimado apoyo por ejemplo para la aprobación de las iniciativas que ha enviado al Congreso -algunas muy cuestionadas-, de la estrategia nacional de seguridad pública -que más bien se trata de un documento ideológico- o en materia presupuestal, e incluso para el nombramiento del Fiscal General de la República.
Pero, también faltó a la promesa de regresar a los soldados a los cuarteles, acción que durante años se convirtió en uno de sus principales reclamos, llegando a afirmar que la militarización del país era la causante del incremento en el número de muertos y acusando al Ejército de participar en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por lo que encabezó movilizaciones y protestas en contra de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en diciembre de 2017.
Al llegar al poder López Obrador cambió radicalmente de postura y, más allá del discurso, la realidad es que ha seguido la misma ruta que sus antecesores al encomendar a las fuerzas armadas cada vez mayores responsabilidades en materia seguridad pública contraviniendo con ello a la Constitución y representando un enorme acto de incongruencia que se agudizó con la emisión del Acuerdo por el que les ordena participar con la Guardia Nacional en estas tareas hasta marzo de 2024; es decir, prácticamente lo que resta del sexenio normalizando la militarización del país. Como lo señala el doctor Pedro Salazar, hoy vivimos en un Estado de excepción de facto decretado por voluntad presidencial sin atender las reglas contempladas en el artículo 29 constitucional.
Por su parte, diversas organizaciones, especialista y colectivos como “Seguridad sin Guerra” se han pronunciado en contra de las decisiones gubernamentales ya que evidencia que la Guardia Nacional es una etiqueta para disfrazar a las fuerzas armadas de cuerpos civiles, y el Acuerdo publicado el 11 de mayo no establece el carácter extraordinario, tampoco incluye controles externos ni mecanismos de rendición de cuentas, y no subordina a las fuerzas armadas al poder civil como lo exige la Constitución y lo resolvió en su momento la Suprema Corte de Justicia, por lo que señala que el único cambio es que “el militarismo salió del closet”.
Incluso la CNDH, que desde el cuestionado nombramiento de Rosario Piedra se ha distinguido más bien por sus omisiones y silencios, ha manifestado su preocupación al no establecerse con claridad los supuestos en los cuales cabría la actuación de la fuerza armada, ya que ante la indefinición podría establecerse un esquema permanente de participación en funciones de seguridad pública, lo que es contrario a nuestra constitución y a las obligaciones internacionales que tiene el Estado mexicano. Aunque lo deseable es que esta Comisión presentara una acción de inconstitucionalidad, al parecer se va a limitar tan sólo a dar seguimiento.
A pesar de algunos frágiles intentos para tratar de justificar las decisiones del presidente, queda clara su apuesta por continuar con la militarización del país, y también del fracaso en la estrategia de seguridad de su gobierno.