No es bueno esto que está pasando en la agresión a integrantes del Ejército mexicano. Por supuesto que a nadie nos gusta y mucho menos debemos asumirlo como parte de “así son las cosas” en esta lucha en contra de la delincuencia organizada y en favor de la paz social. No. El Ejército es una institución que por muchos años en México es respetada y respetable... y querida: como lo es también la Marina.
Durante años han sido instituciones nacionales que habrán de resguardar nuestra seguridad nacional, nuestra integridad patrimonial, la dignidad y el respeto que merecemos los mexicanos. Por lo mismo ha sido un orgullo contar con ellos, y es digno de una Nación tener a instituciones que se ocupen de mantenernos bajo resguardo de peligros extremos y externos...
Pero fue en 2006 cuando el presidente Felipe Calderón decidió involucrar al Ejército Mexicano en asuntos de seguridad pública: fue en Michoacán. Y de ahí en adelante su participación ha estado a la vista de los grandes peligros de seguridad pública, sobre todo en zonas de alto riesgo y que hoy mismo son casi todo el país.
Por supuesto han ocurrido fenómenos de exceso que habrán de ser castigados una vez que hayan sido probados y sometidos a la justicia civil o militar. También han ocurrido abusos de comportamiento de algunos militares con la población civil: asimismo deben investigarse y evitarlos. Pero no son la generalidad y sí la excepción.
Por este tipo de excepciones muchos mexicanos expresaron su deseo de que los militares deberían regresar a sus espacios naturales: los cuarteles. Y el entonces candidato a la presidencia del país, Andrés Manuel López Obrador dijo que si ganaba las elecciones una de las primeras cosas que haría sería el “mandar a los militares a los cuarteles y quitarlos de la calle”.
La gente lo aplaudió y muy seguramente los mandos militares y sus bases aplaudieron también esta propuesta: cada uno a lo suyo porque el gobierno es responsable de la seguridad pública mediante los instrumentos legales establecidos: distintos cuerpos de policía civil así como de investigación e inteligencia, entendida esta ‘inteligencia’ como instrumento de seguridad nacional y no de preservación de régimen de gobierno o para espiar adversarios políticos...
Una vez aceptada, legalizada y puesta a disposición, la Guardia Nacional se integró básicamente de militares toda vez que los policías-civil no mostraron interés en ser parte de este cuerpo de seguridad y mucho menos estar bajo mando militar.
Fueron fallidas las convocatorias que se hizo para que jóvenes –hombres y mujeres– se incorporaran a este cuerpo nacional. Por tanto predominan los militares, bajo coordinación operativa de militares y un mando supremo civil que, en realidad, poco hace en esto.
Pero, por estos días, cada vez es más frecuente ver cómo elementos de la Defensa Nacional son agredidos por pobladores de distintas comunidades del país.
Con tanta frecuencia que en una semana tres eventos de esta naturaleza ocurrieron con saldo de militares heridos. Esto es una muy peligrosa señal de parte de grupos interesados en expulsar de sus territorios a los integrantes del Ejército, algunos involucrados con delitos como el huachicol o el crimen organizado; algunas veces tan sólo por ‘quítame estas pajas’ expresan su indignación agrediendo físicamente a los soldados.
Ya ha ocurrido en Hidalgo en enero pasado cuando unos 200 habitantes de Santa Ana Ahuehuepan, en Tula Hidalgo, retuvieron a elementos de la SEDENA que estaban ahí para perseguir a huachicoleros.
Todavía no nos reponemos de las escenas dramáticas vistas cuando habitantes de La Huacana, en Michoacán agredieron a militares a los que exigían la ‘entrega de armas’ que se les habían decomisado. O el 1 de septiembre cuando habitantes de Apango, en Acajete, Puebla agredieron a soldados luego de que ubicaron una bodega en donde se almacenaban presuntamente vehículos robados, huachicol y mercancía producto de asaltos en las inmediaciones.
O cuando el 9 de septiembre, habitantes de La Llave, en San Juan del Río, Querétaro, sometieron a militares que intentaban detener el asalto a un tren... Y así, más: se sabe que este tipo de hechos suman 20, por lo menos los conocidos.
Indignan estos actos que en su mayoría tienen que ver con grupos interesados y con personajes que ven en los militares un riesgo para sus intereses
¿Son los militares los que deberían estar haciendo esta tarea de policía? ¿Son los militares con altísima disciplina los que tienen que enfrentar otro tipo de agresión no supuesta en sus códigos de acción? ¿Son los militares capacitados para tareas de lo que ya se ha dicho: seguridad nacional, integridad patrimonial, soberanía, los que deben seguir en esa acción que debe ser puramente civil?
En todo caso es una mala señal de gobernabilidad la actitud de algunos en contra de quienes acuden para apoyar en la seguridad pública y para el resguardo de la integridad física y patrimonial de todos.
Se dijo que los militares estarán sólo cinco años integrados a la Guardia Nacional, mientras tanto el gobierno federal y los estatales se desatienden de la responsabilidad de integrar elementos civiles a esa Guardia Nacional sí necesaria pero con su propia especialidad, códigos, método, objetivos, protocolos y metas. Y esto es otra cosa.
El Ejército Nacional y la Marina Nacional merecen todo respeto.