Las condiciones de seguridad en nuestro país han llegado a un límite. Las y los mexicanos tenemos garantizados y protegidos nuestros derechos humanos en la Constitución; sin embargo, en los hechos, vemos cómo se limitan todos los días. Las autoridades mexicanas siguen sin implementar las estrategias correctas para garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
Julio y el comienzo de agosto han sido desastrosos en términos de seguridad. Los medios de comunicación dan cuenta clara de cómo poblaciones enteras sufren las consecuencias de la falta de acción de gobiernos federales, locales y municipales, da igual el partido político al que pertenezcan, ninguno ha conseguido ser eficaz para conseguir que los mexicanos vivan en un país seguro.
La seguridad será el principal tema de las campañas electorales el año que entra y es precisamente por el proceso electoral, que iniciará en treinta y cinco días, que este tema pasará a ser secundario para nuestros gobernantes. Con pocas excepciones, la mayor parte de los funcionarios públicos estarán más enfocados en su futuro partidista, que en trabajar y dar resultados en aquello para lo que fueron votados o designados.
Estamos a punto de ver a personajes de diversos orígenes partidistas emerger con el objeto de promocionarse para una candidatura. Ninguno de ellos podrá presumir ante las y los electores resultados en materia de seguridad. El número de muertos sigue a la alza, los cárteles operando con toda comodidad en nuestro territorio y la ciudadanía a merced de autoridades corruptas y el crimen organizado.
El año que entra en el mes de agosto, seguramente seguiremos sin certeza jurídica sobre los resultados electorales porque se habrán presentado diversas impugnaciones que estarán por resolverse, pero desafortunadamente las condiciones de seguridad no habrán cambiado sino empeorado. El primer domingo de julio de 2018 se votarán 3,416 cargos de elección popular en todo el país, serán las elecciones más complejas de nuestra breve historia democrática.
Corrupción, impunidad e inseguridad son las terribles condiciones en las que vivimos los ciudadanos en México. La inseguridad, la principal, restringe nuestros derechos humanos porque nos limita a circular libremente, a salir de nuestros domicilios a cualquier hora, a caminar tranquilamente por las calles e incluso a expresarnos y denunciar algún delito porque nuestra vida e integridad estará en riesgo. Exigir o ejercer derechos en nuestro país es una actividad de alto riesgo.
Con este escenario cargado de complicaciones y con autoridades que no consiguen garantizar la seguridad a sus ciudadanos, enfrentaremos el proceso electoral 2017-2018. El proceso electoral y la sucesión presidencial no abonarán a mitigar las condiciones de seguridad ni a combatir la corrupción y la impunidad. Si hoy nuestras autoridades parecen pasmadas y sin tomar control de los temas claves para el país, el proceso electoral no hará más que evidenciar que ninguna decisión estructural se tomará en lo que quede del sexenio.
Los poderes legislativos estatales y el Congreso de la Unión empezarán a llenarse de suplentes ya que los irresponsables titulares de un cargo público al que se postularon, lo abandonarán para buscar un nuevo cargo del que enriquecerse. Renuncias de funcionarios no se harán esperar y la administración pública operará con personas que entren a cubrir un cargo vacante y que, en los hechos, no tienen ninguna fuerza para gobernar. Las miras están puestas en las elecciones y el país en coma hasta conocer los resultados electorales de 2018.