Podríamos afirmar, basadas en muy diversas estadísticas, que los avances en la situación de las mujeres en la sociedad son innegables. Sin embargo, esto a veces no hace ningún sentido cuando vemos las múltiples formas de discriminación sistémica a las que siguen siendo sometidas. La frustración e impotencia muchas veces rebasan el optimismo. Por eso, sin desconocer lo mucho que las diversas luchas han logrado, tenemos que seguir apuntando a todo lo que afecta la vida, la dignidad, la integridad y el desarrollo de las niñas y mujeres; particularmente, cómo estas situaciones afectan más a las mujeres más vulnerables, en quienes se multiplica la discriminación. Si al hecho de ser de sexo femenino añadimos que sean niñas, su vulnerabilidad es aterradora.
Hace algunos días circuló en medios una nota que refleja la tragedia silenciosa de miles de niñas y adolescentes en México: una niña oaxaqueña que, el día mismo que cumplió 11 años, se convirtió en madre producto de una violación. Wendy cursaba el quinto año de primaria. ¿Podemos imaginar nuestra vida como madres o padres cuando estábamos en ese nivel escolar? ¿Qué habríamos hecho con un bebé en lugar de un muñeco, de jugar en las calles o de ver caricaturas? Se dice, por ejemplo, que en quinto de primaria niñas y niños desarrollan algunas de las siguientes habilidades:
· Identificar la idea principal de lo que ha sido leído.
· Entender la información presentada en dibujos, cronogramas, tablas y otros gráficos.
· Tomar apuntes y organizar datos; hacer informes escritos y orales.
· Participar en las discusiones en el salón de clases y aportar ideas.
· Mostrar la vida interna de un personaje utilizando el diálogo y el lenguaje descriptivo.
¿Cómo podrían compararse las habilidades y el grado de desarrollo antes mencionado, con la de ser madre? Si no podemos imaginarlo, es porque estamos en una posición privilegiada que nos aleja de una realidad abrumadora en nuestro país: la maternidad forzada.
Lo ya de por sí terrible y doloroso de esta situación parece no ser suficiente para personas que, al leer la nota, se atreven a comentar: “las consecuencias de la putería”. Otro reflejo del lugar en el que estamos como sociedad. Una niña de 10 años violada, obligada a ser madre por un sistema de salud que actúa al margen de la ley, en un sistema de justicia que muy probablemente no castigará al agresor, es, además, llamada puta.
A nivel nacional, 66% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia.
Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones 2016, el 41% de esta violencia es sexual. Por otra parte, aproximadamente el 11% de los embarazos en México se dan en niñas entre 10 y 17 años; es decir, menores de edad y, cada vez con más recurrencia en niñas.
Según datos de GIRE, entre 2010 y 2016 se registraron más de 28 mil denuncias por violación sexual a niñas menores de 15 años y sólo a 8.5% de ellas se les ofreció anticoncepción de emergencia. Esto, a pesar de las leyes y normas que protegen a las mujeres víctimas de violación, tanto con anticoncepción de emergencia como con la posibilidad de aborto. Son múltiples los casos conocidos a través de medios en los que los propios servicios de salud retrasan la atención a estás niñas y adolescentes para obligarlas a dar a luz.
Al parir, una niña menor de 16 años tiene 40% más posibilidades de fallecer que una mujer entre 20 y 30 años. Los impactos en su vida, por diferentes razones, son permanentes. Primero, por lo más evidente: la responsabilidad de un hijo o hija. Segundo, por un desarrollo físico y emocional inacabado, con lo que ello significa para la salud en el resto de la vida. Tercero, la estigmatización social. Por supuesto, el impacto psicológico y emocional de una violación. Este impacto, además, se extiende a la familia en múltiples dimensiones.
Mucho se ha dicho en distintos estudios y encuestas, que la familia es uno de los valores más profundos de las personas en México. Sin embargo, poco se habla de lo que sucede dentro de ellas: la intensa y frecuentemente inescapable violencia y vulnerabilidad que viven las y los menores, al grado de ser ahí en donde se dan la mayor cantidad de abusos sexuales (entre 60 y 85% de los casos, según algunas fuentes, se da en el círculo cercano y entre 80 y 95% lo cometen hombres).
Bajo el pretexto de la vida privada, no sólo mujeres, sino de manera muy grave también niñas y niños (también víctimas muy frecuentes de abuso sexual) viven en un ambiente que les enseña a sobrevivir la violencia en el silencio, sin protección. El Estado, ausente, permitiendo, a partir de la impunidad y la negligencia- como es el caso de las niñas obligadas a ser madres-, que sea ahí donde se gesta, reproduce y refleja una sociedad profundamente violenta y cruel.
Debemos tener claro que los servicios de salud sexual y reproductiva son una obligación del Estado. Negarlos, es condenar a miles de niñas y adolescentes a vivir una vida esclava del poder que otros ejercen sobre ellas. Seguir pensando en una visión romántica de la maternidad desde el privilegio de decidir cuándo se es madre o no, sólo reproduce historias como la de Wendy que, en lugar de estar jugando y estudiando, están sufriendo todas las formas de violencia posibles.