En materia de política exterior, el gobierno mexicano se ha mostrado muy afanoso durante varios días de esta semana que termina. El miércoles pasado John Kelly, secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América visitó México y se reunió por separado con el Presidente de la República y con varios secretarios de Estado a efecto de tratar temas migratorios, de seguridad y crimen transfronterizo.
En paralelo, el Canciller y el Presidente mexicanos condenaron las agresiones ocurridas en la asamblea venezolana, refiriendo lo inadmisible de los hechos ocurridos en aquél país. Lamentablemente, este activismo internacional es una muestra más de que la doctrina Estrada está viviendo, en definitiva, sus últimos días, sino es que ya fue abandonada del todo por una parte de la diplomacia mexicana. Esta doctrina exportada por México al mundo, simbolizó la no intervención en los asuntos internos de los Estados y el respeto absoluto a la autodeterminación de los pueblos, publicada el 27 de septiembre de 1930 por el insigne Genaro Estrada Félix, quien en un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, manifestó que “México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos, porque considera que ésta es una práctica denigrante que, sobre herir la soberanía de otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por otros Gobiernos, quienes, de hecho, asumen una actitud de crítica al decidir, favorable o desfavorablemente, sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros”.
Si bien es cierto que la doctrina Estrada es empleada, principalmente en el contexto internacional sobre el reconocimiento de nuevos Estados o gobiernos, en un sentido lato se refiere a la prudencia que debe existir en el tratamiento de cuestiones de carácter interno de otros países, sobre todo cuando no existe autoridad moral del emitente para calificar ciertos actos de antidemocráticos o violatorios de derechos humanos, precisamente cuando estos temas en México están siendo tan cuestionados en el ámbito internacional desde hace varios años. Peor aún, es desafortunado el contexto de las declaraciones de condena del Estado mexicano cuando otros líderes mundiales no nos favorecen con sus comentarios, sean ciertos o falsos, especialmente cuando vienen del vecino del norte, quien no pierde oportunidad de señalarnos, calificarnos y denostarnos abiertamente. También es verdad que no es tolerable lo que ocurre en Venezuela, y sin ser comparables, tampoco lo es la situación de violencia desmedida que se vive en México.
Los yerros en la gestión gubernamental son cada vez mayores, especialmente, en materia de seguridad pública, procuración de justicia, corrupción e impunidad, que sin duda, han desembocado en una profunda crisis en derechos humanos, desapariciones forzadas, tortura, detenciones arbitrarias, agresiones, espionaje y homicidios contra periodistas son muestra constante y latente de que en México las cosas no están marchando bien y que es urgente un cambio en la forma de hacer política y de cómo gestionar los poderes del Estado.
Toda esta exposición mediática internacional, que no inicia ni termina con Venezuela, sino que se extendió con la visita de Peña a Macron en Francia y la participación de México en la cumbre del G20 en Hamburgo, Alemania no puede ni debe pasar desapercibida, considerando que, paralelamente, el gobierno de México se encuentra bajo el escrutinio internacional en materia de violación flagrante y sistemática de los derechos fundamentales.
Lo anterior resulta de suma importancia debido a que los días comprendidos entre el 3 al 7 de julio, se celebró el 163 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Lima, Perú. Durante estas sesiones de audiencia pública, se presentaron a solicitud de diversos peticionarios, tres audiencias: 1) La situación de derechos humanos de las personas LGBTI en México, 2) Justicia e impunidad en México y 3) El caso de desaparición forzada Amafer Guzmán Cruz y otros. Además de la aplicación de un mecanismo especial de seguimiento del Caso Ayotzinapa, mismo que se abrió de oficio por parte de la Comisión.
Aún más, se encuentran actualmente en etapa de resolución de sentencia ante la Corte Interamericana dos casos que no fueron resueltos ante la Comisión, ello derivado de la negativa del gobierno mexicano de reconocer los hechos, reparar el daño y emprender las medidas necesarias de no repetición ante circunstancias similares. El primero es el caso Selvas Gómez y otras contra México, se refiere a una serie de flagrantes violaciones cometidas en desacato a diversos instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Dicho caso implica la trasgresión de derechos fundamentales por parte de agentes estatales en contra de varias mujeres que fueron detenidas en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco en mayo de 2006, cuando el actual presidente era gobernador del Estado de México, todo ello en relación con la oposición a la construcción de un aeropuerto en esa entidad federativa. Sobre el particular la Comisión sostiene que once mujeres fueron detenidas arbitrariamente y sometidas a graves actos de violencia física, psicológica y sexual.
El segundo caso es el de Alvarado Espinoza contra México, en el que se denuncia la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocio Irene Alvarado Reyes, por parte de agentes estatales en Chihuahua, desde diciembre de 2009. Delito que se actualiza día con día, debido fundamentalmente a que se trata de un delito continuado en razón de que se desconoce el paradero de las víctimas desaparecidas.
Ante este escenario es necesario preguntarnos ¿hasta cuándo las autoridades mexicanas se decidirán a trabajar eficazmente por el respeto irrestricto de los derechos de sus ciudadanos y darán cumplimiento a esos compromisos internacionales de los que se jactan garantes?