A raíz de la crítica sobre los programas sociales impulsados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha retomado una discusión que en la academia lleva años dándose, y es el papel que juega la política social en la disminución de la desigualdad.
Retomo las ideas de Manuel Castells para entender a la desigualdad social como la apropiación dispar, en términos relativos, de la riqueza por parte de individuos y grupos sociales. Diferencia no es lo mismo que desigualdad, la diferencia se convierte en problema cuando se transforma precisamente en desigualdad. Las diferencias son constatables en la especie humana pero las sociedades se han encargado en convertirlas en desigualdades.
Un proceso particular de desigualdad es el de polarización, cuando el vértice y la base, crecen más de prisa que el centro, de manera que este último decrece y los polos se separan, se agudiza la distancia entre los dos segmentos extremos de la sociedad.
Y básicamente hay dos posturas básicas sobre la desigualdad: empujar a los de abajo para alcancen a los de arriba –sin tocar los privilegios de estos, que es la tesis neoliberal aplicada por los gobiernos desde 1982 al 2018- o ver a la desigualdad como un asunto de apropiación desigual, lo que produce estrategias para corregir la distancia eliminando los privilegios inmorales de pocos al mismo tiempo de aplicar medidas compensatorias o de discriminación positiva para otros muchos.
Cuando existe la desigualdad estructural en una sociedad (seguimos con Castells) y más en ambientes de polarización, devienen en general procesos de exclusión/expulsión impidiendo de manera sistemática el acceso a posiciones que les permitirían a las personas, familias o comunidades, una subsistencia digna.
Según el Coneval (2018, la trayectoria de la pobreza en materia de ingresos se ha comportado así: 46.1 millones en 1992 y 21 millones en 2018. Y en pobreza alimentaria, también medida por ingresos había en 1992, 18.6 millones y en el 2018 pasó a 21 millones. Hoy hay más pobres en materia de ingresos que hace 26 años. La explicación es multifactorial como cualquier problema complejo, pero no puede pasar desapercibida la particular repartición de la riqueza producida todos estos años. Según Norma Samaniego, connotada economista, la remuneración de los asalariados como proporción del producto interno bruto en México, pasó de 1976 del 40.2 a 26.2 en el 2017. Esto quiere decir que los salarios no sólo han perdido poder de compra con respecto a la inflación de los productos básicos, sino que la apropiación de la riqueza producida se ha quedado en pocas manos.
Ante la pauperización creciente producida por el neoliberalismo –aunque les cueste trabajo reconocer a los partidarios de esta ideología - al Estado le corresponde disponer de todos sus recursos para detener esta disparidad y uno de ellos tiene que ver con una fuerte política de desmercantilización en alimentos y en los servicios de salud y educación, acompañada de estrategias universales para destinar subsidios y trasferencias a los sectores que han quedado rezagados por los riegos propios de su clase social (pobres), de sus capacidades físicas especiales y a los de trayectoria vital (niñez, juventud y tercera edad).
Una visión conservadora muy recurrente en Guanajuato, señala que aquí estamos a acostumbrados a trabajar y no a estirar la mano, en una connotación negativa de los programas de bienestar impulsados por la 4T. Además de ignorar las ventajas de las trasferencias y becas universales y sin descalificar la importancia del factor trabajo en el desarrollo humano, la frase está acompañada de la visión comodina de quienes desde la opulencia se han beneficiado de la desigualdad.