El Estado debe procurar la vigencia de los derechos fundamentales y la dotación de los satisfactores básicos para todos los sectores sociales. Sin embargo, es necesario focalizar políticas que permitan que esto se actualice de manera prioritaria en aquellos grupos poblacionales que enfrentan mayores riesgos o adversidades, entre los que se encuentra el colectivo conformado por las personas jóvenes.
En este sentido, se deben desplegar estrategias y acciones que fortalezcan a los jóvenes como sujetos de derechos, con la finalidad de que puedan trazar sus proyectos de vida, a partir de la potenciación de sus habilidades y capacidades. De manera particular, se requiere de la intervención urgente del Estado en favor de aquellas personas jóvenes que se encuentran en circunstancias desfavorables, quienes son los más vulnerables a ser afectados por fenómenos sociales tales como la criminalidad, el desempleo y la marginación. Para ello, se necesitan políticas públicas sólidas que den respuesta a las necesidades de ese grupo poblacional, con énfasis en los planos de lo educativo y de la inserción laboral.
Los datos estadísticos expresan la urgencia de actuar. Por ejemplo, de acuerdo con datos del INEGI, los jóvenes de 15 a 29 años presentan una tasa de desocupación de 5.8%; casi el doble del nivel nacional (3.1%) durante el primer trimestre de 2018. Asimismo, se tiene que, de los 15 millones de jóvenes ocupados de 15 a 29 años, el 59.5% labora en el sector informal, lo que significa que no tiene acceso a seguridad social ni a prestaciones. Otro dato preocupante, es el relativo a la población entre 20 y 29 años, de la cual poco menos del 28% cuenta con estudios de nivel superior, cuestión que ejemplifica la desigualdad de la cobertura en la materia.
Reflexionar sobre estos temas es pertinente ante la celebración del Día Internacional de la Juventud, el próximo 12 de agosto. Esta conmemoración fue instaurada en 1999, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en busca de promover el papel de los jóvenes como “socios esenciales en los procesos de cambio”, y de crear “un espacio para generar conciencia sobre los desafíos y problemas a los que se enfrentan”.
Ante el cambio de régimen político en México, es posible advertir señales alentadoras en el rubro. Uno de los programas más publicitados del gobierno actual, es el de “Jóvenes construyendo el futuro”, que entre sus componentes tiene el relativo a la vinculación con el sector productivo de jóvenes entre 18 y 29 años de edad que no se encuentren estudiando ni trabajando, mediante un esquema de oportunidades de capacitación en el trabajo. Se otorga una beca de $3,600.00 pesos mensuales durante un año, además de aseguramiento médico con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Vale señalar que la capacitación es recibida en empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales, lo que le da un cariz amplio en cuanto a las opciones de aprendizaje y adquisición de experiencia. Recientemente se anunció que se había alcanzado la meta de este año de vincular a 900 mil aprendices, con la participación de más de 150 mil centros de trabajo.
El reto en este contexto es encontrar las vías para dotar de sustentabilidad a este modelo de vinculación, de tal forma que se garantice su continuidad, con la intención de que las capacidades y competencias adquiridas por los beneficiarios del programa encuentren cabida por sí mismas en el modelo productivo y laboral a mediano y largo plazo. La apuesta no debe ser la perpetuación de un esquema de apoyos, sino a la instauración de una dinámica de generación de empleos enlazada a la ampliación de oportunidades educativas, que posibilite la ocupación de los egresados.
En este sentido, en el ámbito educativo, existe el programa de “Universidades para el Bienestar Benito Juárez García”, que contempla la instalación de cien planteles con una oferta educativa variada que abarca ingenierías, ciencias sociales, de la salud y artes; además de considerarse la provisión de un estipendio de $2,400 mensuales para sus estudiantes.
Restringir el acceso a la educación superior ha sido contraproducente para la sociedad, pues ha contribuido a la agudización de la inequidad. Nuestro contexto nacional es un desafortunado ejemplo de disparidades diversas y por ello es loable una iniciativa que amplía las posibilidades de que los jóvenes se matriculen en una carrera universitaria. Ahora corresponde al Estado que los servicios educativos que se brinden en estos establecimientos sean pertinentes con las necesidades del país, con contenidos y profesores de excelencia, que retribuyan a las expectativas de quienes ingresan a la universidad con el ánimo de convertirse en profesionistas adecuadamente formados, con el herramental necesario para integrarse al mercado de trabajo.
Así, será posible que nuestros jóvenes tengan acceso a bienes materiales y culturales, integrarse plenamente al colectivo social, adquirir competencias, establecer un marco de valores y prepararse para atender los retos del país y contribuir a su desarrollo. De tal forma podrán asumir el rol de agentes de cambio que demanda nuestro país, en el que todos los participantes deben incidir desde un plano de igualdad.