Desde hace ya más de una década, la tercera parte de la población en México es joven[1]. Desde entonces, tanto organismos internacionales, como organizaciones de la sociedad civil en la materia han advertido de este potencial productivo con el que cuenta nuestro país, llamado “bono demográfico”, y también de su evolución en la pirámide poblacional. De ahí la importancia de impulsar una política pública transversal, encaminada al desarrollo y bienestar de los jóvenes, que atienda las necesidades actuales pero siempre mirando al futuro.
Actualmente la política pública de juventud de México se rige bajo los lineamientos del Programa Nacional de Juventud, impulsado por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE). Las políticas públicas, al igual que las instituciones tienen su origen en las leyes, y es aquí dónde quiero centrarme, porque desde la creación de la Comisión de Juventud en el Congreso en el año 2000 y del propio IMJUVE en 1999, se ha avanzado a pasos milimétricos.
Se pensaría, que teniendo una comisión ordinaria en el Congreso se ha logrado poner en la agenda legislativa el tema de juventud, pero no ha sido así. Su marco jurídico se limita a Ley del IMJUVE, la cual consta de 17 artículos, y desde su promulgación, se ha reformado 7 veces, de las cuales, 2 se refieren a la armonización de ley con otros ordenamientos, pero nada de fondo.
Este atraso no sólo se debe a la posible falta de interés de los legisladores[2], sino que además, existe una limitante Constitucional que impide al Poder Legislativo legislar en el tema, aquí la principal tarea de esta Legislatura.
La reforma al artículo 73 constitucional con el objetivo de facultar al Congreso para que legisle en materia de juventud, es una deuda histórica y una lucha, que me consta se ha dado al menos en los últimos nueve años, particularmente en la LXII Legislatura, y que a lo más que se ha llegado es en convertirse en una congelada minuta, impidiendo la creación de una ley en la que las juventudes se sienten protegidas y representadas.
Pese a limitaciones, las instituciones y órganos legislativos, han realizado esfuerzos para atender a este importante sector de la población, pero no han sido suficientes, pues más allá de las cifras oficiales (Tabla #1), es una realidad tangible los problemas que la juventud mexicana enfrenta, en materia de acceso y permanencia a la educación, falta de oportunidades para incorporación en el mercado laboral, discriminación, acceso a las tecnologías de la información, participación ciudadana, seguridad social, embarazo adolescente, suicidio, inseguridad, entre otros más, que impiden el desarrollo integral de los jóvenes.
Como ven las necesidades son muchas, que pueden convertirse en una agenda legislativa amplia, por ello, no comparto que en la Cámara de Diputados, justificándose en la austeridad, se haya fusionado la Comisión de Juventud con la diversidad sexual, siendo agendas totalmente distintas, corriendo el riesgo, dado la coyuntura, que los jóvenes nuevamente queden en el limbo[3].
Pese que se ha iniciado mal, hoy la LXIV legislatura tiene todo para sacar adelante cualquier ley que atienda la demanda juvenil en las calles, pues aunado de la mayoría ya conocida, Morena preside en ambas cámaras comisiones claves: juventud, puntos constitucionales y presupuesto, pero además tienen un gran aliado: el presidente electo. Por lo pronto hay quienes seguiremos alzando la voz, y pendiente de lo que suceda en el Congreso.
Viviana Islas Mendoza
Es colaboradora de Integridad Ciudadana A.C., Politóloga por la UAM, con estudios en Políticas Públicas, Derecho Parlamentario, Procesos Electorales, Transparencia y Violencia Política contra las Mujeres. Se ha desempeñado como Secretaria Técnica de la Comisión de Juventud en la Cámara de Diputados; Asesora Parlamentaria en la LXIII Legislatura, y como Consejera Electoral Distrital del INE 2012-2018.
Integridad Ciudadana
Es una asociación no lucrativa, independiente, sin afiliación partidista, que se creó en 2008 por un conjunto de profesionistas provenientes de diferentes disciplinas. Poco a poco, Integridad Ciudadana fue involucrándose en proyectos relacionados con el análisis y el diseño de las políticas públicas de los gobiernos locales; su planeación, evaluación y fiscalización, así como con su desarrollo urbano regional y el impacto que todo ello genera en el hábitat y por tanto en la calidad de vida.
Nuestro objetivo principal, es impulsar la participación ciudadana, la investigación, la docencia, la elaboración de propuestas de políticas públicas, así como fomentar la cultura de la legalidad, mediante la divulgación de opiniones informadas y responsables.
[1] De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano de la Juventud, en México hay 37.5 millones de jóvenes entre los 12 y 29 años.
[2] En la Cámara de Diputados, por ejemplo, en las últimas dos legislaturas en la Comisión de Juventud se han turnado un promedio de 25 iniciativas, por legislatura.
[3] Considerando las condiciones de discriminación, violencia y exclusión social que padecen las personas de las diversidades sexuales, atentando contra sus derechos humanos, y excluyéndolos de los servicios y bienes sociales básicos, desde mi punto de vista, esta agenda por sí sola, debería abordarse de manera transversal, pero impulsada desde una comisión independiente.