La cacería de brujas emprendida desde Palacio Nacional en contra de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) traerá graves costos para la vida democrática del país. La fiscalización que ejerce este organismo es uno de los principales instrumentos para la transparencia y la rendición de cuentas. Baste mencionar que la Auditoría ha sido clave para documentar escándalos de corrupción como la Estafa Maestra, la Casa Blanca y Odebrecht.
Por consiguiente, una institución como esta debe tener garantizada la autonomía técnica y de gestión como lo dispone la ley; puesto que su función es verificar el buen uso de las facultades, atribuciones y recursos públicos en manos de los funcionarios.
Por lo anterior, preocupa que los voceros del régimen hayan emprendido una campaña en contra de esta institución. Pues, tal y como lo establece la Constitución, no es facultad del Poder Ejecutivo sancionar a la Auditoría; sino que ésta es una de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados en ejercicio de sus funciones de contrapeso del poder (art. 74).
Es normal que existan diferencias entre los órganos de fiscalización y los entes evaluados, pero para resolverlas hay mecanismos y procesos establecidos en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas que deben seguirse. Y la evaluación de los informes está a cargo de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados y no del Poder Ejecutivo.
En este sentido la campaña emprendida desde Palacio Nacional, más bien pareciera buscar el desprestigio y el sometimiento de la institución fiscalizadora. No es casual que a las acusaciones se hayan sumado otras secretarías federales y gobiernos estatales de MORENA, a los cuales la Auditoría les había hecho señalamientos.
Es claro que al gobierno federal y a sus partidarios les pesan las críticas a su desempeño. A quienes las hacen los acusan de conservadores e incluso hasta de traidores a la patria. Contrariando con ello el respeto a la pluralidad, a la división de poderes y a las minorías, que debe primar en las democracias; y confundiendo el derecho a disentir con el golpismo.
Asimismo, ante evaluaciones negativas acuden a la estrategia recurrente de “yo tengo otros datos” con el fin de sembrar la duda, confundir a la opinión pública y relativizar los informes de los órganos autónomos; fomentando con ello la discrecionalidad y la impunidad.
En esta misma dirección se debe leer el anuncio de Pemex sobre la recisión del contrato a Fitch Ratings para calificarla. Es fácil suponer que lo que pretenden con ello es cancelar las evaluaciones de quien los ha calificado más bajo; siendo que ésta era la calificadora que los tenía con grado BB-. Se olvidan que las calificadoras son necesarias para garantizar las inversiones y los créditos internacionales.
El esconder la información y evadir la realidad mediante datos alternativos no es propio de un gobierno democrático sino de las autocracias. Como el gobierno autoritario descrito en la novela “1984”, de George Orwell, en la que “el partido” manipula la información a través del “doblepensar” y practica la represión política y social.
El derecho a la transparencia y a la rendición de cuentas son fundamentales para la vida democrática y están garantizados por nuestra Constitución. Si el poder emana del pueblo, tal y como lo establece nuestra Carta Magna, los gobernantes están obligados a rendirle cuentas al pueblo. Y uno de los organismos creados para esta función es la Auditoría Superior de la Federación.
Es por ello que debe defenderse la autonomía de la Auditoria. Si hay observaciones que hacerse, éstas deben seguir los canales legales establecidos. La campaña emprendida es más bien “politiquería”, que atenta en contra de los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad que deben regir en la fiscalización de la Cuenta Pública.