Por varios años, he dedicado este espacio a dos casos particulares de feminicidios ocurridos el 12 y 14 de febrero respectivamente. Ambos lamentablemente sucedieron a principio de este siglo, y más lamentable es que, a más de 15 años de que ocurrieron, no se han resuelto, no se han capturado culpables, las investigaciones están incompletas y las familias de las víctimas han tenido que invertir su tiempo, su dinero y su esfuerzo para poder saber qué fue lo que ocurrió, pues sus preguntas no fueron respondidas por las autoridades correspondientes.
El 12 de febrero de 2004, al interior de un domicilio, ubicado en Cuautitlán Izcalli, donde cohabitaba Nadia Alejandra, su concubino, Bernardo López Gutiérrez, y sus tres hijos. Bernardo y su hermano Isidro López Gutiérrez “El Matute” golpearon y agredieron a Nadia hasta dejarla muerta con un lazo en el cuello e hincada con todo el cuerpo golpeado, pretendiendo simular que se había colgado de una viga en el baño.
Horas después, los tres hijos de Nadia dieron aviso a los vecinos de los hechos, se habían quedado junto al cadáver de su madre. La investigación pericial aseguraba que los sucesos en realidad habían sido derivados del suicidio de Nadia.
Desde el principio, las familiares de Nadia observaron irregularidades en la investigación como que los peritos olvidaron llevarse la soga con la que fue cometido el crimen, la camisa sangrada del cónyuge de Nadia en la que quedó plasmada la mano de la víctima fue desaparecida. No se realizó la prueba del raspado de uñas al cadáver de Nadia, en la averiguación previa se determinó que su hija tenía sólo tres horas de muerta cuando en realidad tenía más de 10 de haber dejado de existir. Tampoco recabaron pruebas ni existe constancia de que se hubiera llevado a cabo el aseguramiento del lugar ni de los objetos. No tomaron fotografías del lugar, salvo del cuerpo de Nadia, sólo describieron la escena y levantaron el cadáver.
Tres años después de los hechos, se logró la detención de Isidro López “El Matute”, a quien la Primera Sala Colegiada de Tlalnepantla ratificó un auto de formal prisión sustentándose en las declaraciones de los hijos e hija de Nadia. Sin embargo, en febrero de 2010, Isidro fue dejado en libertad después de que la misma sala colegiada y los mismos magistrados descalificaran los testimonios de los menores, argumentando que eran fantasiosos y que los infantes eran incapaces de distinguir una verdad de una fantasía.
Un año antes, se interpuso una denuncia contra los servidores públicos involucrados en el caso por negligencia y corrupción, poniendo a la familia en riesgo, pero hasta el día de hoy, no ha prosperado.
El 14 junio de 2012 fue detenido Bernardo López Gutiérrez, concubino de Nadia, a quien, casi cinco años después, la última semana de octubre de 2017, el Juzgado Primero de Cuautitlán dictó una sentencia de 42 años de prisión por haber cometido el asesinato de Nadia.
Para la familia de Nadia, aún no se puede considerar que haya una justicia completa, pues uno de los autores materiales del crimen sigue libre, no se ha reconocido a algunos de los familiares de la víctima como parte de las personas afectadas por los sucesos y tampoco se ha sancionado a los servidores públicos que cometieron omisiones durante las investigaciones, entre ellos, el perito Michel Aceff Sánchez, responsable de la desaparición de los objetos de prueba, quien dictaminó que la muerte de Nadia fue producto de un suicidio.
La noche del 14 de febrero de 2001, Lilia Alejandra regresaba a su casa tras un extenuante turno en una de las tantas maquilas de Ciudad Juárez, Chihuahua. De 17 años, madre de una niña de escasos meses y un niño de casi dos años, no volvió a su hogar. Su madre, Norma Andrade, la buscó por varios días en la colonia donde vivían, pegó cárteles, e incluso, fue a las instalaciones de la fábrica para ver si veía a su hija.
Las autoridades del Ministerio Público le comentaron que seguramente aparecería el día de paga y no hicieron más por buscarla.
Una semana después, llamaron a su casa para informarle que habían encontrado los restos de su hija en un paraje ubicado frente a un centro comercial, muy cerca de la planta industrial donde laboraba, envuelta en una cobija. Los peritajes arrojaron que había sido víctima de violaciones multitudinarias múltiples y de tortura. La causa de su muerte fue la asfixia y ocurrió, aproximadamente, 24 horas antes de haber sido hallada.
Tras la interposición de múltiples recursos legales, nueve años después, de la mano de abogados, hoy integrantes del Grupo Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, Norma logró que se hicieran exámenes periciales a la cobija en la que fue encontrado el cuerpo de Lilia. Los resultados arrojaron seis perfiles genéticos diferentes.
Estos perfiles, al ser cotejados, revelaron que ese grupo de personas estuvo involucrada en al menos otros tres casos más de desaparición y de asesinato de mujeres. Uno de los perfiles, coincidía con el de un familiar de un fiscal de la entonces Procuraduría de Justicia de Chihuahua, hoy Fiscalía. Ninguna de las personas identificadas ha sido capturada y procesa judicialmente.
Ambos casos fueron punta de lanza en la visibilización de la problemática de los feminicidios en México, y en entidades que hoy en día se consideran puntos rojos para las mujeres, Chihuahua y Estado de México, pues antes de que salieran a la luz, gracias al amplio seguimiento y búsqueda de justicia por parte de las familias.
Recordar a Lilia y a Nadia significa recordar que el Estado ha dado pasos para dar respuesta a la problemática, pero estos se han quedado muy cortos, pues aún, siete de cada 10 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia en su vida, motivado por su género, pero, sobre todo, con esta pandemia por covid-19 se han disparado dichas cifras, registrándose casi 100 mil denuncias en los últimos doce meses.
En memoria de Lilia y Alejandra es válido decir que urge solucionar la problemática, que sus familias accedan a la justicia, pero más aún que se presenten medidas realmente eficaces para disminuir los índices de violencias de género, propuestas que se podrían exigir a las y los suspirantes a cargos públicos para las elecciones del próximo julio como un claro ejercicio de ciudadanía.
“Soy Nadia, podría ser tu hija, tu hermana, tu madre, tu esposa, tu novia, tu amiga. Yo tenía derecho de anhelar una vida sin violencia, y de buscar el bienestar para mis hijos y para mí. Nos permitas que nos sigan matando”, concluye el video subido por la familia y amistades de Nadia Muciño a redes sociales para no olvidar los lamentables sucesos ocurridos hace 17 años.