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Libres. ¿Y?

General y sus oficiales cumplieron la condena dictada porque que jueces militares y civiles rechazaron una y otra vez las evidencias de descargo.

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Escrito en OPINIÓN el

Tras quince años de un encierro injusto, alevoso, por consigna, el general Ricardo Martínez Perea quedó en libertad el viernes ocho de abril.

 

Con él salieron también los oficiales Pedro Maya Díaz (Capitán Primero de Caballería) y Antonio Quevedo Guerrero (Teniente de Caballería), acusados todos de brindar apoyo a operadores del Cártel del Golfo (CDG), de no detenerlos durante las decenas de operaciones de aseguramiento que permitieron decomisar decenas de autos, joyas, armas, cartuchos, equipos de radiocomunicación, casas y dinero, dólares, muchos millones de dólares.

 

Todo eso era parte de los aseguramientos hechos por los integrantes del 21 Regimiento de Caballería Motorizada que operaba en 1999 en la Guarnición de Nuevo Laredo, Tamaulipas, bajo las órdenes del general Martínez Perea.

 

Los tres fueron juzgados en un Consejo de Guerra Ordinario en el que la justicia militar tuvo que recurrir a todo, incluso a la exhibición de presuntas conductas homosexuales por parte del entonces jefe del CDG, Osiel Cárdenas Guillén, para demostrar en menos de una semana, ante cámaras y micrófonos nacionales y extranjeros, que el presidente Vicente Fox y su secretario de la Defensa, Clemente vega, iban en serio contra la corrupción del narco en las fuerzas armadas.

 

Lo curioso es que tanto Fox como Vega sabían del caso y de todas sus implicaciones, conexiones y escenarios, antes de que se les iniciara proceso en el fuero militar al general Martínez Perea y a los oficiales Maya y Quevedo.

 

El montaje militar inició públicamente con un mensaje anónimo enviado desde el fax de una papelería cercana a la Sedena, un documento en el que se hablaba con imprecisiones acerca de los oficiales Maya Díaz y Quevedo Guerrero y en el que nunca se mencionó al general.

 

Continuó con una investigación judicial militar nutrida por testimonios de habitantes seleccionados al azar, en plena calle o más o menos cerca de donde los rumores y los datos anónimos indicaban algo.

 

Las pesquisas se basaron y fortalecieron con información sobre militares intoxicados con cocaína, trasladados a una clínica privada en la que se recuperaron de su adicción. Los investigadores judiciales militares dieron por buena la versión sin corroborar y la anexaron de inmediato al expediente para robustecer esa parte del caso en contra de los oficiales Maya y Quevedo.

 

La verdad era que ambos estaban fuera de Tamaulipas cuando ocurrió la supuesta intoxicación, la verdad era que no existía registro alguno del ingreso de militares por intoxicación con cocaína en la clínica que, además, pertenecía supuestamente a un operador local del CDG.

 

La verdad era que ninguno de los judiciales militares se tomó la molestia de corroborar uno solo de los datos fundamentales de la denuncia anónima enviada la Sedena.

 

Durante los quince años de encarcelamiento del general y de los oficiales coacusados, los abogados defensores usaron todos los mecanismos e instrumentos a su alcance para liberar a los detenidos. Poco fue lo que consiguieron ante la muralla infranqueable de la acusación y el proceso por consigna, desde arriba, con todo, para enviar a prisión a Martínez Perea y su gente.

 

Hace unos meses, un peritaje oficial hecho por un experto militar concluyó que nunca hubo sustento real en todas y cada una de las acusaciones, pruebas y testimonios (arrancados bajo tortura física y psicológica) para haber consignado ante un juzgado castrense y para haber procesado a Martínez Perea, a Maya Díaz y a Quevedo Guerrero.

 

El general y sus oficiales cumplieron la condena dictada porque que los distintos jueces militares y civiles que llevaron rechazaron una y otra vez las evidencias de descargo presentadas por los abogados defensores.

 

Lo mismo sucedió con los testigos solicitados, para que explicaran ante el juez de la causa por qué dieron por buenas las acusaciones incluso antes de que se les detuviera.

 

Entre los testigos que debieron responder durante los quince años de encarcelamiento del general y su gente estaban Vicente Fox y Clemente Vega García. Jueces militares y civiles se negaron a citarlos a rendir testimonio.

 

Ya libres, con sus respectivas familias, el general y sus oficiales esperan arrancarle a la vida algo de lo que el poder uniformado les quitó.

 

En Chihuahua, con su familia, el general Martínez Perea aguarda el 16 de mayo próximo para el desahogo de la audiencia en la que se sabrá si se le concede el Reconocimiento de Inocencia, instrumento promovido hace tres años y que le permitiría demandarle a la Sedena el salario y las prestaciones que durante quince años dejó de recibir por la condena.

 

También podría reclamarle a la Secretaría la restitución del grado alcanzado y la aceptación de que se le detuvo, se le procesó y sentenció sin razón alguna, porque era inocente.

 

Mayo 16, 14:00 horas.

 

¿Justicia militar?

 

@JorgeMedellin95

@OpinionLSR