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¿Ley del garrote o camino a la ingobernabilidad?

¿De quién es responsabilidad la Reforma Educativa? ¿Del gobierno, la sociedad, los maestros o somos todos corresponsables?

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Escrito en OPINIÓN el

Sin un debate serio, incluyente, amplio y participativo, con los principales actores de la educación y la sociedad civil, sobre las modificaciones y agregados que arbitraria y unilateralmente hiciera el Congreso a los artículos 3° y 73°, la reforma educativa se “hace agua” y seguirá en el hoyo del fracaso.

 

No habrá posibilidad de diálogo y las protestas seguirán en México. ¿A quién responsabilizamos del polarizado clima que se vive? ¿Al gobierno, a una apática sociedad, a los maestros? ¿Somos todos corresponsables?

 

Hay quienes desde el facilismo acusan al magisterio del desorden, protestas, quema de llantas, destrucción de edificios e incendio de vehículos. Otros acusan al gobierno. Los legisladores -que sólo a ellos se representan porque a muchos no los quieren en sus respectivos distritos- modificaron a su antojo la ley que ahora carece de legitimidad. No ha sido aprobada por la sociedad en su conjunto. No fue acogida la inquietud social y sólo se atendieron las recomendaciones de organismos que lucran con la educación.

 

Esta es, a todas luces, una contrarreforma que revierte los derechos de la población a la educación pública, gratuita, laica, científica y obligatoria, que se habían establecido desde la Constitución de 1917. En realidad, según la CNTE, esta es una reforma laboral, administrativa y empresarial que eleva a rango de ley todas las afectaciones de la Alianza por la Calidad de la Educación contra el magisterio; aplicando la Reforma Laboral contra los derechos de los trabajadores.

 

La reforma o contrarreforma carece de contenido pedagógico, no respeta los derechos de los maestros, obedece a directrices de organismos internacionales y abre la puerta para que a nombre de la autonomía se abra el camino a la privatización.

 

En el marco del Pacto por México, la reforma fue aprobada por la Cámara de Diputados el 20 de diciembre de 2012 y por el Senado de la República el 21 de diciembre del mismo año y en febrero de 2013 fue declarada constitucional por el Poder Legislativo Federal.  Según el gobierno este acuerdo por la educación de calidad busca aumentar la calidad de la educación básica, reflejándose en los resultados de las evaluaciones internacionales como PISA; aumentar la matrícula y la calidad de la educación media superior y superior y recuperar la rectoría del Estado Mexicano en el sistema educativo nacional.

 

Nada más distante que ese objetivo. Hay una inconformidad social en todas partes. A la luz de las protestas, oscuros intereses se mueven para deslegitimar, de un lado la protesta magisterial y, por el otro, sembrar el caos para hacer aparecer a estados como Chiapas o Oaxaca como inviables, carentes de gobernabilidad.

 

¿Tiene razón la garrotiza policial contra los maestros? ¡No! ¿A quién interesa que Chiapas o Oaxaca y otros estados se desborden, que sean ingobernables, que se incendien? El trasfondo está más allá de la protesta magisterial. Algunos –no los maestros- quieren echarse abajo al gobierno de Manuel Velasco Coello, a la luz de lo acontecido en el Palacio Municipal de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas y saqueos a comercios, destrozos, golpiza a maestros.

 

¿Cuál es la mano que financia y mueve la cuna para sembrar el caos y generar la incertidumbre? Se avecinan tiempos electorales y hay que ver quién financió a vándalos para prender fuego a edificios y vehículos en Tuxtla Gutiérrez y en San Cristóbal de Las Casas. Desde la Ciudad de México se ordenó y dispuso la movilización de policías de Guerrero y otros estados quienes con grandes tandas de gas lacrimógeno y garrotes la emprendieron contra los maestros. En ese grupo de manifestantes se infiltraron agentes e indígenas pagados por quien sabe quién, para generar caos y deslegitimar la protesta.

 

¿A quién conviene todo el desorden, el caos, la ingobernabilidad? A líderes de algunos partidos que quieren arrebatar cuotas de poder y acelerar la caída de Velasco Coello en una especie de “golpe técnico” para echar del poder al mandatario chiapaneco.

 

No culpen a los maestros del desorden. Hay gente de más alto nivel que ha comenzado a mover sus fichas de cara a la sucesión gubernamental estatal. No es el modo ni son los tiempos pero a esos desmadrozos, que quieren hacer aparentar como vándalos a los maestros, habrá que aplicarle la ley, pero no la ley del garrote.

 

DARDOS

 

En Chiapas se andan moviendo, rumbo a la gubernatura, Roberto Albores Gleasson (PRI), y por el PVEM ya andan “caminando”, cada uno por su lado: Luis Armando Melgar y Eduardo Ramírez. No son tiempos electorales pero ya se han adelantado a los tiempos estipulados por la ley. De todos quien sí ha dejado entrever que competirá por hacerse del gobierno de Chiapas es Melgar quien ya lanzó sus propuestas para ese estado. Se fomentarán los apoyos para el campo, que los chiapanecos tengan acceso al servicio de salud, que se generen más empleos bien pagados a través del turismo, fomento a la creación de negocios, freno a las altas tarifas de energía eléctrica y más fuentes de trabajo.

 

“Vamos a competir con los tiempos. Todo trabajo debe hacerse con rumbo y honestidad”, precisó en declaraciones a este columnista tras indicar que en el año 2018 se va requerir mucha unidad en torno a Manuel Velasco Coello y trabajo contra la corrupción y atender todo lo que está demandando la gente, precisó el senador Melgar… En todas partes hay denuncias por actos de corrupción, saqueos y desmanes de funcionarios de diversos niveles pero nadie o casi nadie hace algo.

 

La famosa transparencia de la que presume el gobierno no es más que una cortina de humo. Nunca caen los peces gordos del saqueo que se le hace a México… En Chiapas el gobernador Manuel Velasco Coello ha iniciado un programa de reforestación. ¿Tiene sentido ello cuando decenas de camiones salen diariamente cargados de madera de la Selva Lacandona y otras zonas del estado ante la vista y paciencia de las autoridades?... En la costera ciudad chiapaneca, Tapachula, hay un alcalde al que le apodan el “Torito” por avasallar todo. Su nombre: Neftalí del Toro no trabaja, pero sí viene lanzando una agresiva campaña a través de las redes sociales. Ahora la emprendió contra el diputado federal priista Samuel Chacón. Eso no tendría nada de malo. Lo que sí raya en lo delincuencial es que utilice la imagen de la reconocida periodista Carmen Aristegui para hacer creer que es ella quien golpea al legislador cuando en realidad es una campaña de troles pagados desde el Palacio Municipal de Tapachula.

 

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@JLCastillejos

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