Mientras la irritación social y la legítima exigencia por justicia sigue creciendo ante la violencia que todos los días padecen las mujeres en nuestro país, siendo los ejemplos más recientes el brutal asesinato de Ingrid Escamilla y ahora el de Fátima, una pequeña de tan sólo 7 años -quien además fue golpeada y abusada sexualmente- y que se suman a tantos otros, la respuesta del gobierno encabezado por el presidente López Obrador ha sido sumamente desconcertante.
Pareciera que no comprenden la dimensión del problema que si bien es cierto viene de tiempo atrás, en este momento es su responsabilidad atenderlo por lo que tratar de minimizar o evadir el tema, darle mayor importancia a la rifa del avión, culpar al neoliberalismo, pedir que no pinten puertas o paredes (probablemente refiriéndose a Palacio Nacional o monumentos históricos), o arremeter en redes sociales contra la periodista y activista Frida Guerrero por su “atrevimiento” de insistir en que el presidente fije postura, puede resultar ofensivo y hasta revictimizante para quienes han sufrido en carne propia la violencia de género así como para los familiares que han tenido que lamentar la pérdida de un ser querido.
Desde luego es indispensable esclarecer los hechos, dar con los responsables del asesinato de Fátima, revisar la actuación de los funcionarios de la Fiscalía de la Ciudad de México y la activación tardía de la alerta Amber, revisar los protocolos en las escuelas e investigar la filtración de imágenes de Ingrid, pero no es suficiente como tampoco lo es emitir un decálogo que dice muy poco -y que contrasta con el que emitieron colectivos basado en los compromisos con la CEDAW-, trasladar la responsabilidad a las autoridades locales y mucho menos urgir a que se emita la constitución moral, ya que se trata de una emergencia nacional que debe ser atendida como tal.
Es momento de asumir una dolorosa realidad, a las mujeres las están matando por el sólo hecho de serlo. Tienen miedo de caminar por la calle, viajar en metro o abordar un taxi, son acosadas en el trabajo y en muchísimas ocasiones son violentadas por sus parejas. Se equivocan quienes piensan que se trata de una exageración o que es parte de una estrategia para golpear políticamente al actual gobierno. Las cifras son muy elocuentes y hay que repetirlas tantas veces como sea necesario, cada día aproximadamente 10 mujeres son asesinadas y según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, se registró que en el último semestre 6 millones de mujeres fueron víctimas de violencia sexual, lo que puede ser una antesala al feminicidio.
Es importante resaltar que según un análisis realizado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), de enero a septiembre de 2019 2,833 mujeres fueron asesinadas pero únicamente 726 casos se investigaron como feminicidio, lo que representa el 25.6% mientras que el resto se consideraron como homicidios dolosos a pesar de que en muchos de estos casos se detectó que las víctimas sufrieron actos crueles y degradantes para quitarles la vida. Otro dato escalofriante proporcionado por México Evalúa es que en los últimos cinco años se cometieron 356 feminicidios infantiles observándose un incremento de 96% al pasar de 50 casos en 2015 a 98 en 2019.
La situación demanda que se dejen a un lado las estériles disputas políticas y las soluciones simplistas como el incremento en penas -que de nada sirven con los altos niveles de impunidad-, y que nos pongamos a trabajar de manera inmediata e inclusiva en el diseño e implementación de un plan integral que realmente nos permita atender de fondo este fenómeno que tanto lastima y pone en juego nuestra viabilidad como sociedad.