Con enorme frecuencia el presidente responsabiliza de todos los problemas del país a los gobiernos anteriores -a pesar de que la administración de López Obrador ya va en el segundo tercio del periodo para el que fue electo-, e insiste en que quienes forman parte del proyecto de la “cuarta transformación” son distintos, sobre todo en lo que se refiere a la honestidad que sigue siendo su principal bandera.
Sin embargo, en estos dos años y tres meses de gestión no se han distinguido precisamente por su apego a la legalidad o su compromiso con la transparencia. Hoy, ya en el poder, reproducen y justifican muchas de las prácticas que antes cuestionaban desde la oposición. Un claro ejemplo es el abuso en la adjudicación directa de contratos que ha sido aproximadamente del 80% por un monto de casi 200 mil millones de pesos cuando conforme a la legislación vigente debía tratarse de un mecanismo excepcional, así como el favoritismo a familiares y amigos siendo los casos de la prima del presidente o del hijo de Manuel Bartlett algunos de los más visibles, pero lamentablemente hay elementos suficientes para pensar que distan de ser únicos.
El pasado sábado, la Auditoria Superior de la Federación dio a conocer el Informe General Ejecutivo sobre la revisión de la cuenta pública 2019 -correspondiente al primer año de gobierno del presidente López Obrador-, y los resultados no fueron muy favorables ya que, en el mejor de los casos, revelan gran desaseo y discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos, ya que se determinó que se ejercieron de manera irregular más de 44 mil millones de pesos.
De acuerdo al informe, de las 995 auditorías practicadas únicamente en el 25% no se identificó alguna problemática, mientras que en el 63% de las 775 auditorías restantes se encontraron fallas o errores en la gestión administrativa, en 26% hubo incumplimiento de metas u objetivos de fondos, programas o políticas públicas, en 6% se detectó el desvío de recursos por medio de pagos realizados sin contar con los entregables y en 2% desvío de recursos financieros, humanos o materiales para fines no previstos en la normatividad. Es decir, en 79 casos (8%) se acreditó el uso indebido de recursos públicos.
En este sentido, y sin detenerme en la polémica surgida en torno al costo que representó la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México (NAICM) que ha dejado muy mal parada a la ASF ya sea su falta de rigor metodológico en el cálculo -por varios miles de millones de pesos y que amerita una explicación puntual- o por ceder a presiones políticas, vale la pena hacer mención de algunos hallazgos que me parecen muy ilustrativos.
En el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, destinado a quienes no estudian ni cuentan con empleo, se encontró que 760 beneficiarios también obtuvieron recursos del programa de apoyo a estudiantes de educación superior, es decir, cobraban dos becas con objetivos distintos, se realizaron pagos a 68 becarios después de haber fallecido y otros 47 trabajaban en la Secretaría de Bienestar como “servidores de la nación”.
Por otra parte, de los expedientes revisados de una muestra aleatoria, no se pudo localizar alrededor del 80% de los supuestos centros de trabajo ya que muchos eran casas-habitación o terrenos, y sólo se pudo comprobar la existencia del 20% de los becarios ya que al resto no los pudieron contactar. En el caso de los “servidores de la nación” además de que no están claras sus funciones, también se detectó que 355 obtuvieron ingresos adicionales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y 147 recibieron pagos duplicados que no corresponden a sus contratos.
En lo que respecta al proyecto del Tren Maya, señaló dentro de las observaciones que no contaba con un modelo financiero ni con un proyecto ejecutivo, y que se realizaron pagos por 20 millones de pesos sin justificación o respaldo, en tanto que la ASF considera que la refinería Dos Bocas podría no ser viable económicamente ya que sus proyecciones financieras son poco razonables, hay opacidad en la asignación de contratos y no se tomó en cuenta el impacto ambiental.
Adicionalmente, el informe de la Auditoría Superior de la Federación evidenció el deficiente trabajo que realiza la Secretaría de la Función Pública ya que de 575 mil funcionarios obligados, tan sólo reviso la evolución patrimonial de 92 (o.o2%) y no se implementaron los mecanismos de control necesarios para corroborar siquiera que cumplieran con la presentación de sus declaraciones patrimoniales aunado a que contrató a 6 funcionarios de alto nivel que no contaban con el perfil y experiencia requeridos, pero lo que más ha llamado la atención, es la resistencia de la dependencia encargada de la prevención y combate a la corrupción para ser revisada, lo que denota una gran incongruencia. Como se pude apreciar, las cuentas que entrega este gobierno en su primer año, no permiten presumir que efectivamente son distintos.