En el marco de la convocatoria a una próxima y absurda consulta popular, vuelve a abrirse el debate sobre la posibilidad, potencial resultado y consecuencias de una consulta revocatoria del mandato presidencial, que adelantaría la salida del actual gobernante por poco más de dos años.
Las reglas para la revocación
La revocación de mandato es un mecanismo por medio del cual los ciudadanos ejercen su soberanía para retirar por adelantado un cargo de elección popular a quien lo ocupa. Los cuestionamientos sobre el fundamento lógico y legal de este tipo de consulta ya han sido presentados previamente, por lo que basta mencionar que es una fórmula que contraviene la voluntad ciudadana expresada en las urnas y una figura anómala en nuestro sistema jurídico que no debió ser incluida.
Para convocarse, la revocación tiene que ser solicitada pasada la primera mitad del mandato por al menos tres por ciento de los electores, con una determinada distribución territorial. En tal caso, si el Instituto Nacional Electoral determina su procedencia, dicha consulta podría llevarse a cabo a finales del primer trimestre de 2022 para el cargo de Presidente de la República.
En caso de que emitieran su voto más de dos quintas partes del electorado y de que hubiera más votos a favor de la revocación de mandato que de la ratificación del encargo, tras un periodo de presidencia provisional de quien ocupase la presidencia del Congreso, se nombraría a quien concluya el periodo de gobierno por mayoría absoluta de los integrantes de un Colegio Electoral que deberá constituirse por al menos dos terceras partes de los miembros de cada Cámara. Entonces el poder de las oposiciones no sería un poder de voto, sino de veto, que pudiera ejercerse mediante la ausencia del Colegio Electoral, que obligaría a la mayoría a negociar para decidir al encargado del Ejecutivo, pero conservando la potestad de decidir a fin de cuentas quién sería el sucesor adelantado.
Las dificultades de la revocación
Si el propio ejecutivo federal no intenta promover que se convoque a una consulta para la revocación de su mandato, mal harían sus opositores convocando a un ejercicio que tendrían el riesgo de perder o simplemente que contara con una escasa participación que no le diera validez, con lo que otorgarían una legitimidad adicional al gobernante en turno.
Pero si el Ejecutivo federal intenta que se convoque a una consulta revocatoria, el riesgo de abstenerse de los opositores sería permitir que el gobernante aparente contar con un respaldo de mayor proporción a la que tiene en realidad. De hecho, pudiera alcanzarse la participación requerida para hacer vinculante la consulta, aunque finalmente ello no importe para festejar una victoria e incrementar la viabilidad de una eventual permanencia más allá de 2024. Luego, si desde el Ejecutivo se promueve esta consulta, las oposiciones estarían obligadas a enfrentar el reto y llamar a sus seguidores a votar, pudiendo elevar con ello la participación a niveles que doten de carácter vinculatorio al ejercicio.
Ergo, si se lanza un llamado por el gobernante a esta consulta tendrán que medirse realmente las fuerzas entre quienes estén por que concluya el mandato y quienes quieran que salga de manera anticipada. La mayor dificultad para los oponentes es que el voto en esta consulta revocatoria no expresará necesariamente la aprobación a la labor de gobernante, sino la voluntad de los ciudadanos de removerlo de manera anticipada. Habrá entonces un segmento de ciudadanos que estén a disgusto con la administración actual, pero en contra de aplicar un mecanismo de revocación anticipada, lo que tendería a inclinar la balanza por la continuidad. Grave problema que tendrían que enfrentar los opositores.