Miles de fosas clandestinas, morgues insuficientes, servicios periciales precarios y/o faltos de legitimidad y confianza. Fiscalías dividiendo los cuerpos encontrados en fosas, quedando unos en fiscalías locales y otras en PGR. Discusiones entre fiscalías locales y PGR para determinar a quién –no- le toca llevar a cabo el levantamiento y procesamiento de los cuerpos.
Historias de terror
Madres y padres mirando diapositivas con credenciales, ropas y trozos de cuerpos con tatuajes, para ver si reconocen ahí a los suyos. Pedazos de huesos identificados para luego ser mezclados con los de otro cuerpo, y después ser incinerados juntos. Contenedores con cuerpos moviéndose de un lado a otro del país por falta de lugar. Servicios forenses rebasados oliendo a putrefacción a decenas de metros de la entrada.
Nada de esto parecería cimbrar la tierra ni las conciencias. Inexplicable la falta de indignación social.
Muchas de las fosas clandestinas –si no es que la mayoría- han sido encontradas por las mujeres buscadoras –forenses autodidactas, formadas día a día–, no por las autoridades. Madres abriendo la tierra solas en Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Morelos, Estado de México… Con gritos sordos exigen justicia. Y la justicia, en estos casos, tiene que ir de la mano de la ciencia. Se necesitan personas especializadas: antropóloga(os) forenses, arqueólogo(as), criminalistas, entre otros. Son imprescindibles también instituciones forenses fuertes y con suficiente presupuesto.
Según la CNDH, desde 2007 se han encontrado más de 1306 fosas clandestinas y se han exhumado alrededor 3,760 cuerpos o restos, a los que habría que sumar los cuerpos hallados en las últimas semanas. No existe, sin embargo, información clara de cuántos de esos casi 4 mil cuerpos se tiene información genética.
La información pública indica que de los cuerpos que (sí) se ha obtenido información genética de dichas fosas, alrededor del 10% han obtenido una correspondencia con los familiares que están en la búsqueda. Las madres aseguran, sin embargo, que el porcentaje de correspondencia es menor. ¿Por qué es tan bajo ese porcentaje? ¿Por qué los familiares de los otros restos no se han acercado? Podríamos especular las respuestas: No se ha recogido su información genética, quizá, pero es más probable que no se hayan acercado a las instituciones, por miedo (a la delincuencia organizada y/o a las autoridades), por inseguridad, por resignación, por pobreza.
Instituciones sólidas y legitimadas
La ciencia es, sin duda, un componente fundamental en la verdad, la justicia y la reparación, en un país con decenas de miles de desaparecidos. La tierra se abre y la ciencia tiene que hablar. Pero para eso se necesitan instituciones sólidas y legitimadas.
He destacado principalmente la intervención de las fiscalías, pero la pregunta inminente es, también, ¿dónde está la Comisión Nacional de Búsqueda, su personal, su funcionamiento, su Protocolo? ¿Por qué no se ha implementado el Sistema Nacional de Búsqueda? Hace un par de semanas, el Consejo Nacional Ciudadano se hacía la misma pregunta, sin respuesta.
Tanto la Ley General de Víctimas y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de personas reconocen claramente el derecho de las víctimas a estar presentes, en todo momento, en todas las diligencias, investigaciones y procesos, incluyendo, sin duda, el momento de la exhumación; a ser debidamente informadas de los procedimientos y diligencias que se llevan a cabo; a estar asistidas por sus asesora/es jurídica/os; a presentar a sus peritos independientes. Ambas normas son Constitución y obligan a todas las autoridades. Hace unos días, la Suprema Corte (SCJN) nos recordaba que las leyes generales forman parte del parámetro constitucional.
La pregunta técnica que parecería surgir, sin embargo, entre las autoridades ministeriales es cómo saber si un familiar de una persona desaparecida debe ser informado para una diligencia a una fosa clandestina. No es una pregunta nueva. Ya se la hizo la PGR hace unos años y la SCJN le respondió.
¿Qué familiares deben ser informadas del hallazgo de una fosa clandestina? ¿Quiénes tienen derecho a estar presentes? ¿Qué pruebas se necesitan para saber que un familiar podría estar vinculado con una investigación de una fosa clandestina cuya intención es, entre otras, ocultar la identidad de quienes ahí están?
No es posible –dijo ya la SCJN- exigir al familiar de la persona desaparecida en cierto contexto acreditar, antes de que se realicen las exhumaciones y exámenes genéticos, que es su familiar. Resulta, incluso, absurdo pensar que esa fuera la exigencia ministerial en aquel caso (y en los nuevos). Es necesario, sí, tener una afectación en cierta esfera jurídica bajo un parámetro de razonabilidad, a través de un interés legítimo, en el cual es razonable pensar que los familiares de las personas desaparecidas en ciertos contextos tienen razón para creer que su familiar podría estar en alguna de las fosas. En un contexto como el mexicano, con más de 60 colectivos de familiares buscando a los suyos en diferentes regiones del país, con miles de fosas clandestinas, con estados “líderes” (sic) en desaparición, este contexto es, sin duda, no sólo evidente, sino claramente razonable.
Los derechos constitucionales de las víctimas son claros. En un país en que la tierra tiene dentro de sí –lamentablemente– muchas respuestas, el Estado mexicano tiene un deber reforzado para garantizar el acceso a la información, el derecho a las familiares de personas desaparecidas a estar presentes en todo momento de la investigación y el proceso, a ser tratadas con dignidad, a contar con la ciencia para llegar a la verdad y a la justicia, y a tener instituciones fuertes, sensibles y legitimadas para acompañarlas en el proceso. La tierra habla, las mujeres escuchan y el Estado debe tener la infraestructura, la sensibilidad y los recursos humanos y económicos para dar una respuesta a la altura de la crisis.
* Experta en derecho constitucional y en derechos humanos. Las opiniones expresadas son responsabilidad de la autora y no refleja necesariamente las opiniones de la institución en la que trabaja o en las que ha trabajado.